Un mafioso en el SAT


Actualmente, Andrés Guillén despacha como director de área y nadie sabe cómo es posible que siga operando, sobre todo, por sus negros antecedentes. ¿Lo cobija…

por Ricardo Ravelo Galo

por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Por más que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exprese y reitere que en su Gobierno se acabó la corrupción, lo cierto es que ésta prevalece en su Gobierno. La escoba con la que ofreció barrer las escaleras del aparato público ha fallado porque al parecer falta voluntad política para extirpar esa práctica que tanto daño le ha hecho al país y que ha sido –y es– la bandera que el tabasqueño ha ondeado por todo el país.

El discurso oficial, como se ve, es exagerado por donde se le mire: en su segundo informe de Gobierno López Obrador se atrevió a decir una barbaridad: que en el país ya no había masacres ni delincuencia organizada.

Algo parecido declaró Alfonso Durazo, quien ahora busca ser Gobernador de Sonora, al afirmar que ya no hay delincuencia organizada en el país. Esto no sólo es exagerado sino que es falso. Es una declaración eminentemente política que no se sostiene por ningún lado.

Todo esto viene a cuento por el tema de la corrupción que ha imperado y que impera en el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Ahí siguen operando personajes de la corrupción del pasado, que se llenaron las bolsas de dinero mediante la práctica de la extorsión a contrabandistas que operan en la frontera con Estados Unidos.

Desde el SAT se preparaban los operativos para detectar robo y tráfico de combustibles. Luego, los altos jefes del Sistema de Administración Tributaria enviaban a sus operadores de confianza para negociar, liberar las pipas y sacar una jugosa tajada para sus jefes. Esta práctica prevalece y sigue impune. ¿Lo sabrá la jefa del SAT?

Resulta que un personaje llamado Alberto Peredo Jiménez, hijo del exprocurador de justicia de Morelos –aquel que, según algunas denuncias, fue relacionado como socio del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”– mantiene a uno de sus incondicionales enquistado en la Administración Pública Federal.

Según sus antecedentes, Alberto Peredo fue director general de asuntos internos del SAT, área conocida como Evaluación. Ahí tenía a su cargo la realización de operativos de “alto impacto” –así les llamaban a los atracos– para supuestamente enfrentar y abatir el flagelo de la corrupción.

Sin embargo, el verdadero objetivo de esos operativos era detectar contrabandistas de combustible en la frontera para luego extorsionarlos.

Según las indagaciones y fuentes consultadas al respecto, para ello Peredo utilizaba a su esbirro Andrés Guillén Castelán, un oscuro personaje que carga a cuestas un pasado plagado de claroscuros: ha sido acusado de acoso sexual porque, según se afirma al interior del propio SAT, tiene un gusto casi enfermizo por las mujeres.

No es todo: Guillén Castelán tuvo con su sirvienta, una chica de 20 años, una hija a la cual abandonó al igual que hizo con la madre y que mandó a refugiarla en la sierra de Veracruz.

Este personaje de infausta historia tiene varias denuncias en su contra ante el Órgano Interno de Control por acoso sexual. Sus propias compañeras de trabajo lo denunciaron. Algunas refieren que el acoso era además de enfermizo insistente, reiterativo y no menos pertinaz cuando bebía alcohol, una de sus adicciones frecuentes.

Cuentan al interior del SAT, que Alberto Peredo utilizaba a Andrés Guillén como ariete en sus operativos fronterizos para incautar pipas repletas de combustible robado. Tenían un sistema sofisticado para detectar a los contrabandistas de la gasolina.

Luego el funcionario enviaba a su operador Gustavo Bello para extorsionarlos. Les quitaban todas las trabas para que la pipa pasara libremente. Mientras esto ocurría, en Palacio Nacional se hablaba de combate a la corrupción y al llamado “huachicoleo”.

Lo grave de toda esta práctica corrupta es que Andrés Guillén continúa en el área de Asuntos Internos del SAT. Lleva dos décadas en esa posición y ha resultado inamovible, incluso, en el sexenio donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador ondea a los cuatro vientos la bandera del combate a la corrupción. ¿Doble discurso? ¿La misma corrupción del pasado? ¿Complicidad?

Actualmente, Andrés Guillén despacha como director de área y nadie sabe cómo es posible que siga operando, sobre todo, por sus negros antecedentes. ¿Lo cobija la actual titular del SAT? ¿Tiene algún padrino en el Gobierno? Todo es posible.

Es por ello que se cuestiona que el Presidente López Obrador hable de combate a la corrupción y los corruptos del pasado sigan operando en el Gobierno. El SAT es un refugio de corruptos, pues ahí siguen, por ejemplo, los aliados de José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial del PRI. ¿Esa fue la negociación con López Obrador? Es posible.

Todo indica que la escoba con la que López Obrador ofreció barrer las escaleras no está funcionando, pues Juan Díaz Masadiego, otro personaje ligado a la corrupción –poderoso hombre de la Secretaría de Economía–, operaba en el mismo cargo desde el sexenio de Felipe Calderón; otro de los sexenios marcados por la corrupción y las ligas con la delincuencia organizada.

NOTICIAS PORTUARIAS

Después de 30 años de oscurantismo, una luz aparece para los más de 400 socios del Sindicato de maniobristas del puerto de Veracruz. También para los checadores y estibadores. El Gobierno de la República les hará justicia porque están a un paso de recuperar los bienes –46 cuentas bancarias y varios edificios– que les arrebató en 1991 el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando ordenó la requisa al puerto de Veracruz.

Todos esos bienes en realidad estaban perdidos. Fue el abogado Alejandro Pulido Cueto y el líder del sindicato Primero de Mayo, Leonel Noya, quienes hace un año emprendieron la odisea de recuperar los bienes asegurados a los obreros portuarios.

Agudo experto en temas laborales, Pulido Cueto se echó a cuesta el paquete y empezó a litigar en los tribunales. Interpuso demandas y se metió en el Gobierno federal para hablar con altos funcionarios y así trazó el camino legal para lograr lo que entonces era un sueño. Hoy casi es una realidad.

Con la recuperación de los bienes, explica Pulido Cueto, se le hará justicia a los trabajadores portuarios, pues recibirán su liquidación conforme a la ley. Como parte de la reparación del daño causado por la requisa de Carlos Salinas, se gestionarán jubilaciones de modo justo, dice el litigante y socio del sindicato de maniobristas, porque la mayoría de los agremiados se quedaron en la miseria después de haber vivido en la opulencia cuando eran obreros y socios, al mismo tiempo, de la empresa Servicios Portuarios de Veracruz.

Recientemente, el incansable litigante Pulido Cueto recibió información de una de las 46 cuentas bancarias que están a nombre del sindicato de maniobristas y que fueron aseguradas por la Secretaría de Hacienda en 1991 y hoy están en poder del SAT.

Lo más grave de todo, dice Pulido Cueto, es que de esos dineros que formaban parte de “nuestro patrimonio sindical”, se hicieron transferencias en 1992 a nombre de Carlos Romero Deschamps y en 1997 a la empresa APIVER. El abogado asegura que esta maniobra fraudulenta habría sido manejada por Ángel González Rull, uno de los operadores de la requisa y liquidador de la empresa Servicios Portuarios de Veracruz.

La cuenta bancaria de referencia estuvo en poder de un alto funcionario del Gobierno de Carlos Salinas que hasta la fecha maneja una empresa financiera. Con el poder y la impunidad con la que se manejó todo en ese tiempo, altos funcionarios del Gobierno de Salinas de Gortari dispusieron del patrimonio sindical.

Eso nada más se refiere a una cuenta bancaria. El abogado Pulido Cueto sostiene que en el momento de la requisa el sindicato manejaba 46 cuentas, las cuales están concentradas actualmente en una especie de fideicomiso en Citibanamex y está en poder del SAT. Esos fondos, dice Pulido, serán liberados muy pronto. “Espero que en diciembre terminemos con este asunto”, dice confiado.

Estos pormenores –producto de un año de gestión como abogado– serán dados a conocer en una conferencia de prensa que se celebrará el sábado 31 de octubre en el sindicato de maniobristas, donde el abogado Pulido Cueto se reunirá con los socios sindicales para informar sobre los avances de las negociaciones.

Este logro alcanzado, sin duda, es producto del trabajo y entrega que a esta causa han dedicado Leonel Noya Revueltas, líder del sindicato Primero de Mayo; Ramón Gutiérrez Iglesias y Alejandro Pulido Cueto. Éste último, apoderado legal de los tres sindicatos portuarios, quien ha dedicado meses enteros en la gestión legal para resarcir los daños causados en 1991 a su gremio.

Asegura el abogado que es posible que sea revocada la concesión portuaria a la empresa ICAVE, la misma donde están relacionados Ángel González Rull, Jorge Lecona Ruiz –sobrino de González Rull y quien está prófugo–, Dante Delgado Rannauro, exgobernador de Veracruz y actual Senador de la República; así como Carlos Salinas. Todos ellos, dice Pulido, se confabularon para despojarnos de nuestros bienes y hasta de nuestra maquinaria.

De esa forma, ICAVE y la empresa Huschington Port operan el 80 por ciento de toda la actividad portuaria del país. “Es un monopolio”, dice Alejandro Pulido, que debe desaparecer. Es por ello que estamos gestionando, ante la presidencia de la República, que ICAVE nos pague con toda la maquinaria que dispone para operar las maniobras en el puerto de Veracruz, donde destacan grúas portacontenedores, entre otras, valuadas en varios miles de millones de dólares.

–Con respecto a las cuentas del sindicato, ¿se infiere que dichos fondos se pusieron a sudar? –Se le pregunta al litigante.

–Por su puesto, alguien dispuso de esos dineros, que son varios millones de pesos, los invirtieron en una empresa financiera y hubo varios beneficiados con los intereses que se generaron mensualmente durante 30 años.

–¿Quién fue el ganón? –Se le inquiere.

–Eso lo estamos investigando. Hay un alto funcionario del gobierno de Carlos Salinas, que es dueño de una financiera, donde terminaron concentradas las cuentas de nuestros sindicatos. Él es uno de los beneficiados porque se dio el lujo hasta de transferir dinero para él y para Carlos Romero Deschamps, exdirigente del sindicato petrolero.

–¿Fue un vil robo?

–Totalmente, pero pagarán por ello. El Presidente López Obrador hará justicia y ya no tarda.

Alfonso Durazo, la sombra del narco


por RICARDO RAVELO

por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Aún con sus nulos resultados como secretario de Seguridad Pública Ciudadana , Alfonso Durazo Montaño deja la dependencia federal para enfilarse como el abanderado de MORENA a la gubernatura de Sonora, su tierra natal

La carrera por el mando en ese estado se centró en él y en Ana Guevara, la titular de la CONADE, envuelta en escándalos de corrupción, a quien dentro del partido en el poder no vieron con posibilidades de ganar. A Durazo tampoco lo acompañan sus resultados frente a la seguridad del país, pues además de la ineficacia mostrada a lo largo de casi dos años también arrastra el escándalo, causado en octubre de 2019, por la liberación de Ovidio Guzmán, tema del que ya no se ha vuelto a hablar en el gobierno.

Como se sabe, Ovidio Guzmán tiene una orden de captura internacional por parte del gobierno de Estados Unidos, donde se le acusa de delitos contra la salud, narcotráfico, entre otros.

En el combate al crimen organizado, Alfonso Durazo deja muy malas cuentas. Ahí siguen los cárteles –19 en total –haciendo de las suyas por todo el país. El único logro que se le atribuye es la captura de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, aunque dicha detención corrió a cargo del Ejército.

Sin embargo, la violencia continúa en Guanajuato, donde se han presentado diversas masacres desde la captura del jefe del cártel Santa Rosa de Lima. En el Bajío la guerra está centrada entre el cártel Santa Rosa de Lima

y el Cártel de Jalisco, cuyos miembros irrumpieron a sangre y fuego en esa región del país sembrando violencia y terror.

El mismo escenario impera en Tamaulipas, y en buena parte del sureste del país; más hacia el norte, la actividad criminal sigue imparable. El Cártel de Jalisco selló una alianza con el cártel de Tijuana Nueva Generación y ahora controla esa región del país a base de violencia. Tijuana es una ciudad con demasiada inestabilidad debido a la violencia criminal y el gobierno de Jaime Bonilla no ha podido frenar este flagelo.

Así, con sus nulos resultados, Alfonso Durazo irá como candidato al gobierno de Sonora, un proyecto que siempre abrigó y que en realidad fue el único objetivo que se trazó al arribar al equipo de López Obrador, pues es claro que la seguridad del país parece que nunca le importó.

Durazo ha desfilado por varios partidos y ha estado al lado de políticos importantes: Fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, estuvo relacionado con Manlio Fabio Beltrones –exdirigente nacional del PRI y exsenador de la República –; también fue secretario privado de Vicente Fox cuando fue presidente de la República y luego brincó a la Cuarta Transformación, donde ocupó la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, posición desde donde ahora se apresta a buscar la gubernatura de Sonora.

Sinaloa pactó con Calderón: Lemus en El Licenciado


por Ricardo Ravelo

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Por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Para el periodista J. Jesús Lemus –autor de El Licenciado, libro sobre la historia criminal de Genaro García Luna que puso en circulación la editorial estadounidense Harper Collins– no hay dudas: en 2006, el cártel de Sinaloa le llegó al precio al entonces Presidente Felipe Calderón y logró su objetivo: que nombrara a García Luna Secretario de Seguridad Pública Federal.

Salpicado de historias y detalles, amena y ágil su lectura, el libro abre con esta historia en su prólogo; en el texto Jesús Lemus afirma que el plan –contado por Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, cuando el capo y el periodista coincidieron en el penal de Puente Grande– fue orquestado por Ismael “El Mayo” Zambada y Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, socios inseparables durante largos años.

Beltrán Leyva, según el libro, voló a Culiacán en una avioneta que despegó de la ciudad de Cuernavaca –su refugio – hasta el fraccionamiento Las Quintas de Culiacán, Sinaloa, para entrevistarse con Zambada. En el encuentro, “El Barbas” saludó a “El Mayo” y le dio una botella de güisqui Buchanans que de inmediato fue abierta para bañar los hielos que, en pequeños vasos, fueron servidos por los gatilleros presentes en la reunión.

Luego de darle varios sorbos a su vaso, Beltrán Leyva centró su atención en “El Mayo”, el capo de temple sobrio. El tema no necesitaba antecedentes: ya había sido hablado previamente por teléfono, cuenta Lemus. Se trataba de analizar la estrategia para influir en el entonces Presidente electo, Felipe Calderón, para que nombrara como Secretario de Seguridad Pública a García Luna, el aliado desde entonces del cártel de Sinaloa.PUBLICIDAD

–Eso se logra con dinero– soltó Zambada después de un sorbo de güisqui, al tiempo que esbozó una sonrisa, la convicción por delante. El soborno era el camino que ya tenía muy bien estudiado “El Mayo”, considerado siempre dentro y fuera de México como el verdadero jefe del cártel de Sinaloa, el estratega, el capo que opera en las sombras y detrás de figuras decorativas y liderazgos falsos, el narcotraficante activo más longevo, el que le dijo a Julio Scherer García que entró al narcotráfico “así nomás” y que en varias ocasiones –dijo en aquel encuentro memorioso– había estado a punto de ser capturado por el Ejército.

Arturo Beltrán coincidió con Zambada y expresó lo que sabía: que García Luna era proclive al soborno. Y es que desde los tiempos de Vicente Fox, el cártel de Sinaloa ya había tenido tratos con él. “Rey Zambada”, hermano de “El Mayo”, declaró, por ejemplo, que compró la complicidad de García Luna a cambio de varios millones de dólares. Por eso resultaba un hombre clave en los nuevos planes que el cártel proyectaba a partir del arribo del nuevo Presidente, Felipe Calderón, el hombre que simuló una guerra porque, según queda claro en el libro, llegó al poder sirviendo al cártel de la droga que, entonces, era el más poderoso de América Latina.

“El Barbas” hablaba con conocimiento de causa, explica Lemus, pues ya había hecho llegar algunos pagos a García Luna. Tan cercano era que dentro del grupo criminal le llamaban “El licenciado”; los sobornos millonarios que García Luna recibía se le enviaban, según la investigación de Lemus, a través del abogado Óscar Paredes. El objetivo: obtener información sobre las averiguaciones previas que se integraban en contra de la organización criminal.

En la reunión estuvo presente Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, quien fue nombrado encargado de la misión de buscar por todos los medios el acercamiento con Felipe Calderón, hacer llegar el mensaje del cártel de la mano de una propuesta supuestamente millonaria.

Cuenta Lemus: “Con la atención del Barbas y del Grande puesta en él, “El Mayo” expuso su plan. Fue directo. Les explicó que el círculo del Presidente Calderón era reducido, pero que quienes estaban dentro de él ejercían un alto grado de influencia sobre sus decisiones políticas. Después mencionó a uno de los hombres más cercanos a Felipe Calderón: Guillermo Anaya Llamas, exalcalde de Torreón, exsenador de la República y excandidato fallido a la gubernatura de Coahuila.

Lemus recuerda lo que le dijo “El Grande” cuando hablaron en la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande:

“Cuando ‘El Mayo’ mencionó el nombre de mi pariente –así le decía a Anaya– todo tuvo sentido”.

Y es que Guillermo Anaya había sido cuñado de Adolfo (Hernán), hermano de “El Grande”, quien agregó en aquel diálogo: “Desde que era presidente municipal de Torreón trabamos buena amistad, por eso nos decíamos parientes”.

Narra Lemus: “Fue entonces cuando ‘El Grand’e se dio cuenta de que la encomienda de llegar al presidente de México sería algo menos que fácil, con toda la posibilidad de éxito… Ni Arturo Beltrán ni mucho menos Sergio Villarreal pusieron objeción a la propuesta de ‘El Mayo’. Menos aún cuando Ismael Zambada dijo que no escatimarían en dinero y que ‘El Grande’ contaba con todo el apoyo de recursos y logística para abocarse a esa tarea. Sugirió que el contacto con el presidente se diera a la mayor brevedad”.

“El Grande” se puso en marcha con el plan, cuenta Lemus. De inmediato le telefoneó a Guillermo Anaya Llamas, entonces Senador de la República por el PAN. Le dijo que necesitaba reunirse con el Presidente Felipe Calderón. “La llamada no pudo ser más oportuna –relata el periodista–: Anaya y su esposa, María Teresa Aguirre Gaytán, estaban organizando la fiesta de bautizo de su hija, cuyos padrinos serían Felipe Calderón y Margarita Zavala, la pareja que unos meses después arribaría al poder presidencial.

“El evento tendría lugar en menos de diez días, el 25 de septiembre, en la parroquia de La Encarnación, en la ciudad de Torreón. En esa llamada, Anaya invitó a ‘El Grande’ a la recepción que se ofrecería después del acto sacramental. Ahí tendría la posibilidad de hablar con el entonces presidente electo Felipe Calderón y con ello cambiar la relación del narco con el gobierno federal”.

“El Grande” –cuenta Lemus– relataría más adelante que, tras la llamada con su pariente, no pudo menos que sentir una gran satisfacción. Apenas cortó la comunicación, con la certeza de que nunca había fallado en ninguna de sus encomiendas, buscó la mirada de Arturo Beltrán para hacerlo partícipe de su logro.

El diálogo entre ambos con el que Lemus recrea el acto, es elocuente:

–Ya estuvo, jefe– le dijo para su propia tranquilidad–. Voy a ver al Presidente, en unos días. Ya pude dar como un hecho que el Licenciado (Genaro García Luna) sería nuestro Secretario de Seguridad Pública.

“El Barbas” –dice el autor de El Licenciado– se limitó a sonreír. La rueda de la historia había comenzado a rodar.

El episodio del que da cuenta Jesús Lemus en su libro fue tema central de la revista Proceso durante el sexenio de Felipe Calderón; en 2009, el encuentro entre Felipe Calderón y el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, fue dado a conocer por primera vez en un reportaje firmado por Arturo Rodríguez, entonces corresponsal del semanario en el estado de Coahuila.

Aquel texto, que generó un escándalo, derivó en un tema judicial: el Senador Anaya Llamas demandó a Rodríguez por difamación; dijo entonces que todo aquello constituía una calumnia y negó rotundamente los hechos. Al final el juicio ganó el periodista.

El caso fue retomado por el autor de este artículo en 2010, luego de la captura de “El Grande”, en Puebla. Obtuve las primeras declaraciones ministeriales que el capo había rendido ante la Procuraduría General de la República en la que, entre otras historias, contaba aquel encuentro con Felipe Calderón en la fiesta celebrada a propósito del bautizo de la hija de Guillermo Anaya.

El tema cobró relevancia por las declaraciones de “El Grande” y el entonces director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, decidió llevar el asunto a portada. “El Grande, hasta con Calderón convivió”, decía la cabeza central ilustrada con la foto del capo maniatado con unas esposas.

Las reacciones no se hicieron esperar: la Presidencia de la República envió una carta a la revista intentando, con argumentos endebles, desmentir el texto. Era la versión presidencial contra el documento ministerial que tenía en mi poder. El reportaje de Proceso les había calado hasta la médula. Pero las cosas no se quedaron así. Vino el golpe bajo fraguado entre la Presidencia de la República, la PGR y Televisa, que sirvió de ariete.

En diciembre de 2010, cuando “El Grande” estaba declarando en la Siedo, de súbito armaron un video en el que el capo declaró que me había pagado 50 mil dólares para que Proceso dejara de publicar reportajes en su contra. Nada más falso. Los textos publicados por el semanario, donde se dio cuenta de sus andanzas, sus nexos políticos, sus crímenes y su vida de capo impune –gran parte de ellos firmados por este reportero– desmentían su dicho.

Aquel golpe bajo era la respuesta de Felipe Calderón al verse exhibido como un aliado del cártel de Sinaloa y al mismo tiempo ser el Presidente de la guerra contra el narco. La doble moral en su plenitud.

Aún recuerdo la nota con la que abrió “El Noticiero” de Joaquín López-Dóriga, aliado del poder, servil hasta la médula, en la que dio a conocer la falsedad contada por “El Grande”. Aquello no era más que un golpe bajo y sucio que, en palabras de Julio Scherer –cuyo apoyo en aquel momento fue invaluable, lo mismo afirmo del entonces director, Rodríguez Castañeda, cuya solidaridad no olvido– al expresar: “Este golpe nos pega pero no nos tumba”.

Nunca había tenido un solo problema en la cobertura de los temas del narcotráfico como reportero de Proceso. En el semanario me formé, ahí me hice reportero, ahí aprendí equivocándome y ahí publiqué la mayor parte de mis libros. Siempre tuve claro que de la independencia informativa dependía no sólo mi libertad sino mi vida. Esto me lo dijo muchas veces Don Julio Scherer y el propio Rodríguez Castañeda y así lo entendí. También fue una recomendación reiterada de mi amigo periodista de Coatzacoalcos, Veracruz, Vicente Martínez Blanco, durante largas noches de charlas sobre el periodismo que ejercía en aquel Proceso de Scherer y de Rodríguez Castañeda. Tuve el apoyo de todos mis compañeros reporteros. Sabíamos que cada semana nos la jugábamos con la revista, aunque muchas veces el reconocimiento venía más de afuera que de adentro.

Aún recuerdo a Don Julio sentado en la oficina de Salvador Corro, entonces subdirector de la revista, cuando expresó con humor: “Oiga, don Ricardo, por qué pidió tan poquito, no nos alcanza con eso”, y todos soltamos una larga carcajada. A Don Julio lo acompañaba su hija María, cuya solidaridad en aquel momento difícil tampoco olvido.

Pero ahora viene el juicio. Es preocupante y aberrante, por decir lo menos, que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no esté integrando ninguna carpeta de investigación en contra de Felipe Calderón, pese a las evidencias que existen por doquier. El expresidente ha dicho que ignoraba los nexos de García Luna con el narcotráfico. Jesús Lemus, en su libro, lo dice con una contundencia irrefutable. Proceso exhibió evidencias claras cuando Calderón tenía el poder. Son las palabras de “El Grande” las que Lemus utiliza, el capo que convivió con él entonces Presidente electo para sellar un pacto que, como el autor de El Licenciado afirma, cambió la historia del narcotráfico con el poder.

Con la suma de muertos que dejó su guerra fallida, los nexos evidentes con Sinaloa y la corrupción desatada durante su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa ya debería estar preso desde hace varios años. Fox fue su cómplice, lo mismo que Enrique Peña Nieto.

Todavía estamos en tiempo de verlo tras las rejas.

Esperemos que al Presidente Andrés Manuel López Obrador no le tiemblen las piernas para tomar esa decisión. De otro modo, la historia pasará la factura.

Publicado en: https://www.sinembargo.mx/16-10-2020/3878096

Veracruz: zona portuaria, botín de políticos


Por Ricardo Ravelo

por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Treinta años después, cuando están a un paso de la sepultura, el Gobierno reconoce violaciones causadas por la requisa que ordenó Carlos Salinas en 1991, con la que despojaron a los obreros de sus bienes sindicales y empresariales.

Después de tres décadas de que el Gobierno de Carlos Salinas asestó duro golpe a los trabajadores del puerto de Veracruz con la requisa decretada en 1991, todo parece irse aclarando, aunque todavía falta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordene la reparación por los daños causados por el atropello.

El abogado Alejandro Pulido, socio del sindicato de maniobristas, rescató este caso del fango, por no decir que debajo de las piedras. Era algo perdido en el tiempo, en el limbo, por decir lo menos. Todo estaba perdido cuando él y otros abogados –Víctor Carlebache, Carlos Vázquez y María Eugenia Santos– tomaron el asunto y decidieron pelear en los tribunales para exhibir las tropelías causadas por Carlos Salinas en aquellos aciagos tiempos en que se ordenó la requisa, donde los dirigentes del sindicato de maniobristas fueron, incluso, amenazados de muerte por Fernando Gutiérrez Barrios, el capo y político que encabezaba la Secretaría de Gobernación.

Todavía se recuerda con dolor y angustia entre los obreros cuando, en una reunión en la Secretaría de Gobernación, Gutiérrez Barrios habría ordenado lanzar al mar desde un avión a los dirigentes sindicales si no cedían el poder. Aquella práctica era común en los tiempos del oscurantismo político. Aquella amenaza fue verdaderamente brutal y no menos atroz. El sólo recuerdo, dicen ellos, estremece hasta la médula. Y no era para menos. Así operaba el sistema político mexicano.PUBLICIDAD

La requisa fue un golpe de muerte. Muchos socios del sindicato de maniobristas decidieron suicidarse al verse despojados de su patrimonio. Algunos se aventaron de las alturas de algunos edificios, otros decidieron emborracharse para dizque olvidar la tragedia y luego, con el aguijón del alcohol, se adentraron al mar hasta desaparecer para siempre en sus profundidades insondables.

Sin embargo, a 30 años de aquel evento trágico, el Presidente López Obrador parece iluminar todos los rincones oscuros de esas vidas abandonadas y que actualmente, pese a que ha transcurrido el tiempo, ven la posibilidad de ser liquidados mediante la devolución de las cuentas bancarias de su sindicato, sus edificios y, quizá, con alguna ganancia adicional de las acciones –tenían el  70 por ciento– de la empresa Servicios Portuarios de Veracruz (Serpover), fundada en 1973 por decisión del entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez.

Las negociaciones entre Alejandro Pulido –el apoderado legal de los trabajadores– y el Gobierno van caminando por buena ruta: ya disponen de las tomas de nota de los tres sindicatos –checadores, estibadores y maniobristas– para que se concrete a devolución de patrimonio sindical del que fueron despojados en 1991.

Con base en sus propias indagaciones ahora se sabe que Jorge González Rull –un hombre multimillonaria que fue funcionario de Puertos Mexicanos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dueño de dos aviones, un Falcon y un Lear Jet– fue el encargado de liquidar a la empresa Serpover en 1997, seis años después de la requisa, sin que mediara asamblea alguna de accionistas y en la forma más ilegal que se haya conocido. Un funcionario público entró a las finanzas de una empresa privada para disolverla. Grave violación que hasta hoy está impune.

El mismo González Rull fue el estratega gubernamental que creó las llamadas APIS (Administradoras Portuarias Integrales) que, en el caso del puerto de Veracruz, terminó arrancándole a los trabajadores maniobristas, checadores y estibadores la primera y segunda maniobra del puerto que actualmente explotan empresas privadas como CICE, ICAVE y otras, con la maquinaria que, en 1991, tenían los trabajadores portuarios sindicalizados. En aquellos años la primera maniobra correspondía a la empresa Servicios Portuarios de Veracruz y la segunda al sindicato de maniobristas, quienes a su vez, eran socios de la compañía.

Lo que asegura el abogado Alejandro Pulido no se puede refutar porque es verdad: las nuevas empresas que operan en el puerto “nos despojaron tanto de la maquinaria como de los edificios que formaban parte del patrimonio sindical y estamos peleando” –dice– que el Gobierno nos devuelva lo que nos pertenece: cuentas bancarias incautadas, maquinaria y edificios”.

Y es que, a la vuelta de los años, queda muy claro que el objetivo de la requisa portuaria que ordenó Carlos Salinas en 1991 –avalada por el entonces Gobernador de Veracruz, Dante Delgado, un corrupto que ahora dice ser demócrata y honesto desde su partido político, Movimiento Ciudadano– fue despojar a los trabajadores de su maquinaria, de su trabajo y de sus derechos sindicales que, hasta ahora, parecen ser reinvindicados para quienes sobreviven porque la mayoría de los más de 800 socios del sindicato de maniobristas, checadores y estibadores han muerto por suicidio y/o enfermedad. Otros ahora cargan con 80 años o más.

De  acuerdo con el abogado Alejandro Pulido –un hombre que ha enfrentado una dura batalla legal para rescatar el patrimonio de los trabajadores portuarios– las APIS fueron creadas para que sirvieran como intermediarias para transmitir, vía una concesión, a otras personas morales (empresas) las actividades que realizaban en el puerto de Veracruz los sindicatos de estibadores, maniobristas y checadores. 

Pero con la diferencia –precisa Pulido– de que las concesiones que ellos tenían no podían entregarse a otras empresas, pues las tenían que desarrollar ellos mismos y, con ello, se aseguraron que los ingresos obtenidos por prestar sus servicios se quedaban en el puerto de Veracruz.

Con el nuevo esquema, implementado a partir de la creación de las APIS, la diferencia estriba en que los servicios portuarios se concesionaron a las empresas ICAVE, CICE, OPG y CTV y, con ello, los ingresos multimillonarios generados de la actividad portuaria, terminan en los bolsillos de políticos que operaron durante la requisa –uno de los más beneficiados fue Dante Delgado– y en los de empresarios extranjeros, con lo cual se afectan las finanzas del país.

Una conexión política interesante es la que traza el abogado Alejandro Pulido con algunos personajes de la historia que están vigentes. Se refiere a Eugenio Garza Sada, el empresario regiomontano cuyo asesinato –dice– fue atribuido a Luis Echeverría Álvarez.

Garza Sada es padre de Eugenio Garza Lagüera –fallecido en 2008– un próspero empresario regiomontano que en su historia ha tenido tres yernos: Roberto Hernández, exdueño de Banamex; José Antonio Fernández Carvajal, mejor conocido como “El Diablo” y Alfonso Romo, actual jefe de la oficina de la Presidencia de la República y principal impulsor de los proyectos económicos del Gobierno.

Alejandro Pulido afirma que Gilberto Lozano, dirigente de FRENA, fue director de FEMSA –la empresa que opera la Coca-Cola en México y la cadena de tiendas OXXO y ha sido siempre subordinado de Fernández Carvajal, “El Diablo”. El hermano de “El Diablo” –Juan Ignacio Fernández Carvajal– fue durante siete años director de la API de Veracruz, donde operó millonarios contratos en favor de las empresas que se beneficiaron durante y después de la requisa que ordenó Carlos Salinas en 1991. He aquí la ligazón.

López Obrador ha ofrecido justicia para los obreros portuarios que fueron despojados. Todo indica que, hasta ahora, las negociaciones van por buen camino.

Lo que queda claro es que los trabajadores portuarios –maniobristas, estibadores y checadores –recibirán lo que les corresponde, pero no volverán a tener el monopolio laboral y sindical que tuvieron en el pasado. Las multimillonarias ganancias que genera la actividad portuaria– y cuyos beneficiarios son los políticos y socios empresariales– seguirá en manos privadas.

Como siempre ha ocurrido, Veracruz y otros puertos seguirán siendo un botín privado.

Publicado en: https://www.sinembargo.mx/09-10-2020/3874079

La guerra de los videos. ¿Y la justicia?


“¿Quién filtró la denuncia de hechos íntegra de Emilio Lozoya? Nadie lo sabe. Pudo haber salido de la FGR –donde el exfuncionario federal la presentó–…

Por Ricardo Ravelo Galo

por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Ha comenzado en las redes sociales y en los medios de comunicación la guerra política entre el Gobierno de la Cuarta Transformación y la derecha. Desde la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador afinó la estrategia de lanzar los primeros misiles a través del testigo convenido Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) para destapar los drenajes de la corrupción que se orquestó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto con el fin de entregar los recursos naturales a los intereses extranjeros a través de la Reforma Energética, la cual se aprobó mediante sobornos a diversos legisladores.

Para eso trajeron a México a Emilio Lozoya, con quien la Fiscalía General de la República (FGR) negoció su allanamiento para que renunciara a la batalla legal que libraba en España y así poder integrar un expediente que permitiera sacar a la luz pública buena parte del entramado de corrupción tejido durante el sexenio anterior.

Para lograr sus objetivos mediáticos y políticos, López Obrador ha puesto en evidencia que la FGR no es autónoma sino una aliada de su proyecto, pues sin recato alguno –sin considerar las violaciones al debido proceso ni a la secrecía de la investigación– se han filtrado las piezas medulares de la carpeta que se integró tras las primeras declaraciones de Lozoya en las que acusa al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de la planeación estratégica para concretar el saqueo a Pemex con la compra de la planta Agronitrogenados, la recepción de los sobornos de Odebrecht y la compra de votos en el Congreso, a través de pagos millonarios a los legisladores Así se logró la aprobación de la Reforma Energética, el instrumento del entreguismo.

Videgaray, además, formaría parte de otra investigación federal: la que implica por delito electoral al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de entregar dinero público para apoyar las campañas de varios candidatos del PRI en 2016.

Según la investigación a cargo de la FGR, el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones, entonces dirigente del PRI, tramaron el plan. El entonces Secretario de Hacienda fondeó dinero en varios estados –Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, por citar sólo tres– y desde esas administraciones estatales se hizo el despliegue de recursos que, supuestamente, se entregaron al PRI para el financiamiento de las campañas de sus candidatos, donde fueron habilitados hasta personajes del crimen organizado como abanderados de ese instituto político.

Sigamos con Lozoya. Al analizar el video con los paquetes de dinero, los cuales se cuentan en una oficina del Senado de la República, se observan bolsas con billetes de 500 y de 200 pesos. Aquí se infiere que esa suma millonaria se entregó a varios legisladores a cambio de su voto, pero lo cierto es que esos legisladores beneficiados nunca aparecen en la videograbación. Aunque Lozoya asegure en su declaración que el dinero fue precisamente para comprar el voto de los senadores, pues en todo caso tendrá que probar su dicho, con otro video, con documentos firmados u otras evidencias que acrediten que los recursos se entregaron directamente a los interesados. Esto será difícil de probar.

Por ello, cobra sentido que una un elemento –el video– que no es contundente para probar un delito se filtre con tanta facilidad a los medios de comunicación, pues cumple un cometido mediático y político. Dicha filtración se atribuye al hermano de Lozoya. La FGR, por su parte, se deslindó de la filtración e informó que inició investigaciones por ello. Sin embargo, la FGR y Lozoya eran los que contaban con dicha evidencia, a menos que desde Palacio Nacional el Presidente haya solicitado la difusión del video, como lo sugirió al decir que todo México debía ver y escuchar las declaraciones de Lozoya. A López Obrador se le quemaban las habas para que el video acusador fuera difundido y se exhibiera cómo se entregan las bolsas de dinero en el Senado de la República.

Es decir, el Presidente López Obrador –amante del escándalo mediático– era el principal interesado en que se generara este incendio político y exhibir a senadores panitas –hoy flamantes gobernadores– como parte de la corrupción sistémica del poder político, como es el caso del panista Ricardo Domínguez, mandatario de Querétaro, quien además arrastra señalamientos, desde meses atrás, por el escándalo de la caja popular La Libertad, donde presuntamente se lavaba dinero del narcotráfico, de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas y cuyo defensor era Juan Collado, el abogado de la mafia, actualmente preso por ese caso.

Se trataba de exhibirlos con el video, tal y como el propio López Obrador fue exhibido y cuestionado, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando René Bejarano –entonces su secretario particular– fue videograbado recibiendo fajos de dinero, los que se metía en las bolsas de su saco con todo y ligas cuando el empresario Carlos Ahumada, el principal contratista del Gobierno perredista de entonces y novio de Rosario Robles, pagaba sobornos o diezmo a gente de confianza de López Obrador a cambio de millonarios contratos de obra pública. Era evidente que Bejarano cobraba por su jefe, pero esto sólo se infiere del hecho, pues no fue probado fehacientemente. En ese caso, López Obrador fue raspado, aunque pudo librarse de ese escándalo.

No todo termina en el video. Por si fuera poco, algunos días después de rendir sus primeras declaraciones ante la FGR, Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos en la que acusa al expresidente Peña Nieto, Luis Videgaray, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, excandidatos presidenciales, entre otras figuras políticas del pasado, de formar parte de una estructura poderosa para entregar los recursos naturales a intereses extranjeros.

En este grupo también resultó implicado Daniel Cabeza de Vaca, Gobernador panista de Tamaulipas, quien es investigado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Tales vínculos no son nuevos: datan de 2010, cuando quiso ser Gobernador. En ese tiempo ya se conocían sus andanzas en Estados Unidos, sus negocios sucios y sus relaciones con el crimen organizado. Sin embargo, el entonces Presidente Felipe Calderón lo cobijó.

Lozoya señala a Salinas de Gortari de haber sido asesor del PAN en todo el proceso de la Reforma Energética; de Anaya dice que recibió 6 millones de pesos de parte de Videgaray por su silencio y también para operar con los diputados y senadores panistas la aprobación de dicha reforma. Todo esto resultó un verdadero salpicadero de estiércol. Cada uno de los acusados respondieron negando los hechos. Los más elocuentes fueron Ricardo Dominguez, Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca y Luis Videgaray. Este último respondió a través de su cuenta de Twitter negando los hechos; dio estar dispuesto a comparecer ante las autoridades si es llamado a declarar. Carlos Salinas, quien presuntamente ahora vive en Reino Unido, se ha mantenido hasta ahora replegado del escándalo, agazapado ante la tormenta.

¿Quién filtró la denuncia de hechos íntegra de Emilio Lozoya? Nadie lo sabe. Pudo haber salido de la FGR –donde el exfuncionario federal la presentó– o bien fue una orden del Presidente López Obrador que se filtrara a los medios para robustecer el escándalo mediático y político.

Ante todo este escenario confuso y revuelto cabe plantear si las evidencias conocidas hasta ahora le alcanzarán a la FGR para llevar ante los tribunales a todos los implicados en esta madeja de corrupción. Más allá que se puedan probar fehacientemente las acusaciones de Lozoya sería muy lamentable que este asunto quedara sólo en la denuncia pública, pues el Gobierno de la Cuarta Transformación sería blanco de críticas por mantener en la impunidad a esta cauda de criminales de cuello blanco.

Pero todo indica que en este caso no se aplicarán los “abrazos y no balazos”, aquí parece que habrá escándalo mediático, linchamiento político y consignación de la carpeta de investigación para que todos sean llamados a cuentas. Todo dependerá del trabajo que realice el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien no la tiene fácil.

Lo ideal es que el caso llegue a los tribunales, como ya se dijo, y se resuelva en las autoridades judiciales. Los implicados en el escándalo tienen derecho a defenderse y lo harán. Disponen de todos los recursos para ello. Esta será, sin duda, la prueba de fuego para el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien se juega su puesto como Fiscal

Pero la derecha no se ha quedado paralizada por el golpe de Lozoya. Este jueves comenzó a circular otro video, presuntamente filtrado a las redes sociales, donde aparece Pío León López Obrador recibiendo dinero de parte de David León, anterior Coordinador de Protección Civil, recientemente nombrado por el Presidente López Obrador como responsable de la distribución de medicamentos en el país.

La entrega de dinero al hermano del Pesidente –se calcula que esto fue como en el año 2018– fue para reforzar las operaciones de Morena en Chiapas previo a la elección presidencial de julio de ese año.

El video muestra que ambos están en un restaurante, donde Pío recibe un paquete de dinero, otro paquete le es entregado en una casa, presuntamente propiedad de David León, en la que además se escucha que le dice: “Aquí te traigo 400”, le dice David León a Pío. Y añade: “Hazle saber al licenciado que lo estamos apoyando”. En ese año (2018) Pío León era operador de Morens en Chiapas.

Tras la difusión del video, la respuesta de David León no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter dijo: “Respecto al video, debe tener aprox 5 años de antigüedad . De nov de 2013 a nov de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

Así la guerra de los videos.

Veracruz: Políticos salinistas, dueños del negocio portuario


“Tras la desintegración de Serpover, el Gobierno federal dio pie para la creación de tres empresas que se hicieron cargo de todas las maniobras portuarias,…

Tras la desintegración de Serpover, el Gobierno federal dio pie para la creación de tres empresas que se hicieron cargo de todas las maniobras portuarias, en las que se colaron agentes aduanales y políticos que actualmente están vigentes en el escenario nacional que, a través de este negocio, obtienen millonarias ganancias. Foto: ICAVE.
por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

A treinta años de haber sido despojados de su patrimonio mediante una requisa ordenada en 1991 por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, la zona portuaria de Veracruz –una de las más importantes del mundo– se convirtió en un jugoso negocio de políticos y empresarios que se confabularon para desplazar al Sindicato de Maniobristas, cuyos socios e hijos ahora piden al Presidente Andrés Manuel López Obrador que les restituyan sus edificios, cuentas bancarias y la fuente de trabajo que les arrebataron y que desde entonces –aseguran– explotan tres empresas cuyos manejos no son transparentes.

Esta lucha legal y política emprendida por los socios sobrevivientes –la mayoría han fallecido– ha derivado en una batalla no sólo frente al Gobierno, que los desoye, sino en pugnas intersindicales ahora que surgió otro sindicato de maniobristas, éste encabezado por René Bustos Vilorio, quien fundó la organización incluyendo 40 muertos –sólo cuenta con 27 socios vivos– y sin representar a obreros portuarios, pues el único contrato colectivo con el que cuenta lo firmaron con una empresa veterinaria localizada en el municipio de Tlalixcoyan, cuya sede es una casa en ruinas. Aun así, las autoridades le otorgaron la llamada toma de nota como sindicato y su dirigente ha sido recibido, incluso, por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien acudieron para impulsar la devolución bienes que no les corresponden.

Además, con contubernio con el Diputado de Morena, Julio Carranza –quien ha repartido dinero para impulsar a Bustos Vilorio– ha ejercido presión ante la Secretaría de Hacienda para conocer el monto de recursos que contienen las cuentas del verdadero sindicato de maniobristas, pues pretenden disponer del dinero sin ser los verdaderos dirigentes sindicales de los trabajadores portuarios. El que representa René Bustos es un sindicato apócrifo que se “colgó” del movimiento original para sacar provecho de las circunstancias, pues el líder auténtico del gremio es Gilberto Tejada Delgado, quien fue elegido por los legítimos socios del sindicato de maniobristas que, hasta 1991, operaban la empresa Servicios Portuarios de Veracruz S.A de C.V.(Serpover).

El despojo

La empresa Servicios Portuarios de Veracruz fue fundada en los años setenta. En su etapa de esplendor llegó a tener más de 850 agremiados que formaron el Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos de la Zona Marítima y del Comercio de la Ciudad de Veracruz. Sus agremiados eran socios de Serpover, una de las compañías más rentables de entonces.

Aquel gremio cobró fama por su bonanza. Los socios maniobristas eran personajes que ganaban mucho dinero. Lejos de lo humano, la ostentación era su rostro. Cobraron fama porque no trabajaban: subcontrataban a obreros –los llamados “Cuijes”–que realizaban el trabajo pesado en la zona portuaria, mientras sus jefes –los socios– cobraban millones y pagaban sueldos miserables a sus peones, generándose así una suerte de explotación deshumanizada.

Válido o no, con este argumento –que en parte era real– el Gobierno de Carlos Salinas ordenó una requisa en 1991 mediante la cual desplazó a los socios de Serpover y del sindicato de maniobristas de todas las tareas de carga, descarga y maniobras en general del puerto de Veracruz. Les quitó el jugoso negocio, dando paso así a la creación de tres empresas en las que algunos políticos se aprovecharon de las circunstancias para convertirse en socios de lo que en ese tiempo denominaron “la modernización portuaria”.

Aquella medida no estuvo exenta de abusos e ilegalidades: los entonces dirigentes sindicales fueron citados en la ciudad de México y terminaron secuestrados. Alejandro Pulido Cueto, representante legal de los agremiados maniobristas, asegura que el entonces Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, los amenazó con subirlos a un avión y aventarlos al mar si no cedían sus propiedades, entre otras, la fuente laboral, los bienes sindicales –cuentas y edificios– y no les quedó otra alternativa más que celebrar una asamblea para ceder todo su patrimonio y asumir aquel despojo como una acción legal.

Paralelamente, la Secretaría de Hacienda realizó auditorías tanto a Serpover como al sindicato de maniobristas; les inventaron un fraude fiscal al no pagar impuestos –lo que Pulido Cueto asegura que era falso porque siempre cumplieron con esas obligaciones– con lo que el Gobierno se apropió de varios inmuebles y de las cuentas bancarias que el sindicato disponía en diversos bancos. En aquel tiempo, tan sólo una de las cuentas del sindicato, había un saldo de mil 100 millones de viejos pesos, unos cien millones de ahora.

A través de Roberto Ríos Ferrer –yerno de Andrés Caso Lombardo y en 1991 representante del Gobierno federal en la implementación de la requisa –y Hugo Cruz Valdez, otro representante gubernamental responsable de la parte jurídica–crearon una comisión liquidadora del sindicato de maniobristas, pero violaron la ley: no celebraron la asamblea extraordinaria de rigor para que por mayoría se aprobara la llamada comisión liquidadora, la cual se conformó mediante un poder general que, se dijo, otorgaron la mayoría de los socios sin que estuvieran presentes, según la ley, el 50 por ciento más uno. Además, se detectaron firmas apócrifas, señal de que en medio de las prisas oficiales hubo alteración de documentos.

Negocio de políticos

Tras la desintegración de Serpover, el Gobierno federal dio pie para la creación de tres empresas que se hicieron cargo de todas las maniobras portuarias, en las que se colaron agentes aduanales y políticos que actualmente están vigentes en el escenario nacional que, a través de este negocio, obtienen millonarias ganancias. Estas son CTV, Internacional de Contenedores de Veracruz, S.A de C.V. (ICAVE) Corporación Integral de Comercio Exterior S.A de C.V. (CICE).

De acuerdo con el abogado Alejandro Pulido Cueto, al constituirse tales empresas “nos robaron toda la maquinaria que pertenecía a nuestra empresa y con la cual diariamente realizábamos el arduo trabajo que nos permitió convertir a Veracruz como el principal puerto de América Latina”.

–¿Quiénes son los empresarios y políticos que se asociaron y que desde 1991 usufructúan el negocio portuario en Veracruz? –se le pregunta al representante legal de los trabajadores maniobristas.

–Muchos de esos políticos están incrustados en la empresa ICAVE (Internacional de Contenedores de Veracruz) y son Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim, Dante Delgado (en ese tiempo era gobernador de Veracruz) Ángel González Rul (quien fue director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver), Roberto Ríos Ferrer, Andrés Caso Lombardo y Arsenio Farell Cubillas, éste último era el Secretario del Trabajo durante el Gobierno de Salinas de Gortari. Además, se sumaron agentes aduanales, una cauda de corruptos metidos en negocios sucios.

Pulido Cueto asegura que este grupo tiene secuestrado todo el negocio portuario en Veracruz desde 1991, son los responsable de poner y quitar a los directores de Apiver, a quienes manejan a su antojo.

Es el caso, dice, del director actual, Miguel Ángel Yáñez Monroy, quien obedece órdenes de la empresa ICAVE y de su director, Jorge Lecona, éste último, recuerda, un personaje que hace algunos años estaba en bancarrota y ahora es multimillonario gracias a este negocio fraguado desde el poder político. Monroy es un empleado de este grupo. Antes estuvo en el puerto de Tuxpan como gerente de operaciones, siempre a las órdenes de Lecona. Ambos son piezas clave de los políticos asociados. 

De acuerdo con la información de que se dispone, la empresa ICAVE se asoció en 2012 con el consorcio chino Hutchinson Port. Este grupo extranjero adquirió el 48 por ciento de las acciones de ICAVE. El negocio que realizan sus socios es tan boyante que tan sólo en 2012 obtuvieron ganancias por 569 millones de dólares

–¿Cómo llegó Yáñez Monroy a la dirección de la API en Veracruz?— se le inquiere al representante legal de los maniobristas.

–Fue un acuerdo entre Jorge Lecona y Héctor López, coordinador de Puertos y Marina Mercante. Monroy es el que maneja todos los contratos de obra y él decide a qué empresas otorgárselos, los beneficiados siempre son incondicionales suyos. En el área de Puertos y Marina sigue enquistado Hugo Cruz Valdez. Es Director General Adjunto de Análisis Jurídico y Enlace Institucional. Este personaje fue el que validó legalmente la requisa en el sexenio de Carlos Salinas y el expresidente es el jefe de todos ellos, es la cabeza que maneja gran parte del negocio portuario en Veracruz.

–Desde el punto de vista laboral, ¿cómo opera ICAVE?

–Explota mucho a sus trabajadores. Una política que han puesto en operación es que incorpora a profesionistas a realizar prácticas, las explota un tiempo y luego las desecha. El sindicato permite de todo, es un gremio charro, se trata del sindicato de Coca Cola, cuyos dirigentes están alineados con la empresa.

Sobre la otra empresa CICE, que dirige Manuel González Cueto –quien se ha vuelto millonario y compra propiedades al por mayor en Veracruz– se asegura que dicha compañía no paga cuotas obrero-patronales y, lo peor, es que el aguinaldo que paga a sus empleados se los descuenta del salario que le paga. Si Hacienda los investigara hallaría muchos fraudes en esta compañía.

La influencia de los políticos asociados en ICAVE ha hecho posible que ésta empresa sea la única que en la zona portuaria de Veracruz cuenta con un privilegio que no goza ninguna otra: tiene “frente de mar”, una salida al litoral, un muelle exclusivo, lo que ha ocasionado malestar entre las otras empresas, CICE y CTV.

Pulido Cueto asegura que las negociaciones con el Gobierno federal están encaminadas, pero todavía no les resuelven respecto de la devolución de inmuebles y cuentas bancarias. La pandemia –dice– nos frenó un tiempo, pero hemos retomado la lucha.

Ante la falta de atención en Gobernación y en Hacienda, los agremiados maniobristas han parado las actividades portuarias en un par de ocasiones. Sólo así, mediante la fuerza y el escándalo, el gobierno los ha atendido en sus demandas.

Pulido Cueto confía en la honestidad del presidente y en su palabra empeñada. Él ha dicho que este problema se va a resolver y confiamos en ello. Necesitamos que nos devuelvan nuestros bienes y la fuente de trabajo que actualmente explotan políticos y empresarios que, en 1991, estuvieron ligados al régimen salinista, quienes hoy son los verdaderos dueños de la actividad portuaria en Veracruz.

El puerto de Veracruz, de acuerdo con informes de la DEA, es una de las terminales portuarias más boyantes en el tráfico de drogas, armas y precursores químicos. En este negocio están implicados algunos agentes aduanales, cuyos nombres ya dispone la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto.

Publicado el 17 de julio de 2020

Lozoya, el instrumento del escándalo


por Ricardo Ravelo

Por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

* FGR viola la ley al filtrar las declaraciones del exfuncionario, que deberían ser secretas dado que forman parte de una investigación ministerial

En aras de cumplir el objetivo de crear escándalo con las declaraciones de Emilio Lozoya –puros dichos hasta ahora sin ninguna prueba fehaciente –el gobierno de la Cuarta Transformación incurre en graves violaciones legales al dar a conocer pedazos de las declaraciones que ha rendido el exdirector de Pemex ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Si en realidad van en serio las investigaciones en contra de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell y legisladores que aprobaron la llamada Reforma Energética mediante sobornos, presuntamente operados desde Pemex por Lozoya, pues se debería de guardar celosamente la información para analizarla, procesarla e integrar las carpetas correspondientes y así llevar a juicio a los exfuncionarios implicados en actos de corrupción.

Sin embargo, la FGR está permitiendo que algunas piezas de las declaraciones de Emilio Lozoya lleguen a manos a algunos medios de comunicación para que se den a conocer algunos pormenores de dichos testimonios, que por ser parte de una investigación, debería ser secreta y estar protegida de cualquier filtración.

Esta parte medular no se está cuidando en el gobierno de López Obrador ni en la FGR a cargo de Alejandro Gertz Manero, quien se encargó de operar la extradición de Emilio Lozoya mediante una negociación con el exfuncionario para que se allanara y así acelerar su regreso a México.

Es un misterio el paradero de Emilio Lozoya: nadie sabe dónde se encuentra. Se dijo tras su llegada a México que estaría en el hospital Ángeles del Pedregal, pero es evidente que ahí no está internado; probablemente está en un hotel registrado con otro nombre o en alguna residencia de lujo de la FGR.

Es cierto que lo tienen que proteger, dada la magnitud de lo que sabe sobre la corrupción gestada en el sexenio de Enrique Peña Nieto a la luz de la Reforma Energética y otros negocios escandalosos, como fue la compra de la planta Agronitrogenados, propiedad de Alonso Ancira, quien está detenido en España precisamente por vender esta empresa con sobreprecios y en cuyo negocio estarían implicados, además de Lozoya, otros altos funcionarios de la pasada administración.

¿Hasta donde llegarán las investigaciones que se desprendan de las declaraciones de Emilio Lozoya? Es claro que si el presidente López Obrador encarcela a Enrique Peña se iría a las nubes, gobernaría el país por tres sexenios más, al más puro estilo de Putin en Rusia. Pero existen muchas dudas respecto de que las investigaciones en contra de Peña Nieto lleguen hasta sus últimas consecuencias, como debería ser el objetivo.

Sin embargo, todo indica que el objetivo de la Cuarta Transformación es mediático: les interesa generar escándalo y convertir el caso Lozoya en otro instrumento de campaña, como ha ocurrido con el avión presidencial, que ni se usa ni se vende: ha sido pura campaña cuyo objetivo es sacar raja política.

De esta forma, el gobierno de López Obrador pretende crear una cortina de humo ante el evidente fracaso económico, frente a la seguridad pública, el narcotráfico y la crisis generada por la pandemia del Covid-19, la cual está y seguirá imparable, con un saldo en muertes que ya rebasó los 40 mil casos, algo que exhibe el mal manejo de este problema.

Emilio Lozoya se sumó a la Cuarta Transformación como un instrumento político, muy conveniente en estos tiempos, sobre todo cuando el gobierno de López Obrador sigue sin dar resultados convincentes. El escándalo mediático es un recurso viable para levantar ciertas expectativas, aunque sea por medio del escándalo, porque no existen señales muy creíbles de que se vaya a enjuiciar a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En el caso de Calderón, el gobierno federal solicitó, vía una nota diplomática, información al gobierno de Estados Unidos respecto de la operación “Rápido y Furioso” y el paradero de las armas que ingresaron a nuestro país, en aquella operación operada por agencias norteamericanas, y que terminaron en manos de algunos cárteles de la droga, entre otros, el de Sinaloa.

El gobierno de Donald Trump ya respondió al de México, aunque todavía no se conocen los pormenores de la respuesta. También se ha cuestionado a Calderón por el destino, hasta ahora bajo serias dudas, de los cerca de 300 millones de dólares que le fueron decomisados al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon.

Según el expresidente Calderón, el dinero se utilizó en la construcción del proyecto Nueva Vida, desarrollado para la atención de jóvenes adictos a las drogas, pero ahora ha surgido información en el sentido de que no existe evidencia de que el dinero se haya invertido en ese programa.

Y es que con respecto al dinero de Ye Gon hubo al menos cinco versiones diferentes: que se invirtió en la procuración de justicia, que se usó para apoyar a Poder Judicial, al combate al narcotráfico, que se mandó a la reserva federal y una más fue que se envió al Bank of América a través del Banjército y, la última, que se destinó al programa Nueva Vida. Hoy, sin embargo, todo está en duda.

Gertz Manero, el freno de Santiago Nieto


¿Qué intereses protege Gertz Manero? Cabe recordar que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno de Vicente Fox, formaba parte…

por Ricardo Ravelo

por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

En amplias entrevistas, concedidas primero al diario El País y luego a El Universal, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, habló con variados detalles respecto del combate a la corrupción, al crimen organizado y al lavado de dinero, tres flagelos que han trastocado la vida del país.

El funcionario dio pormenores de cómo han congelado miles de millones de pesos de empresas que, por ejemplo, operan para los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación y que, directa o indirectamente, están relacionadas con las operaciones financieras de Genaro García Luna y sus empresas.

De ahí que haya surgido la necesidad –explicó– de que la UIF a su cargo proceda al congelamiento de los bienes de quien fuera Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón.

También le congelaron cuentas a Ovidio Guzmán, el personaje de la trama de octubre de 2019, quien tiene una orden de captura pendiente con fines de extradición que el Gobierno de México debe cumplimentar.

La actividad de lavado de dinero, como lo explicó Santiago Nieto, no se había combatido de manera tan frontal como ahora se hace. El funcionario expuso que algunos grupos criminales, entre ellos el cártel Santa Rosa de Lima, que encabeza José Antonio Yépez Ortiz –mejor conocido en el mundo del hampa como “El Marro”– ha diversificado sus actividades criminales y el esquema de lavar sus ganancias.

Comenzó como amo y señor del “huachicol” –el robo de combustibles a Pemex en el Bajío– y ahora, según Santiago Nieto, opera con una amplia red los secuestros y las extorsiones, lo que le genera cuantiosas ganancias, cuyas pistas se siguen puntualmente.

Alrededor de “El Marro” hay muchas empresas relacionadas, de diversos giros, que lavan esas ganancias ilegales.

Se trata de la compañía “Nunvav, Inc”, propiedad de García Luna, la cual está ubicada en Panamá –uno de los paraísos del lavado de dinero– y que recibió un pago de poco más de 2 mil millones de pesos que, posteriormente, terminaron sosteniendo la vida de lujo que García Luna se daba en Miami, a donde se fue a radicar al concluir el Gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con las hipótesis de la UIF, esta empresa y otras que se investigan operó como instrumento del desvío de recursos públicos y, también, como posible receptora de los pagos que hacían los cárteles de la droga al propio García Luna por los favores que recibían de parte del entonces poderoso funcionario federal.

García Luna fue capturado en el estado de Texas en diciembre de 2019. Desde entonces está preso en Estados Unidos y se le acusa de haber dado protección al cártel de Sinaloa a cambio de pagos multimillonarios. Según su exjefe, el expresidente Felipe Calderón, él no sabía nada de los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa. La postura de  Calderón raya en el cinismo porque los órganos de inteligencia del Gobierno –militares y fiscales –debieron conocer las triangulaciones de dinero que, desde entonces, implicaban a García Luna y que, por ser relevantes, resultaban inusuales.

En este caso cabe cuestionar si todos los funcionarios estaban coludidos en un propósito o en verdad no se daban cuenta. Es más lógico lo primero que lo segundo. Como se afirma comúnmente, se les puede calificar de “corruptos”, pero no de pendejos. O quizá también.

En una mesa de discusión que sostuve con los periodistas Oswaldo Zavala, Víctor Ronquillo y Julio Hernández, Zavala planteaba la tesis respecto de por qué ver a García Luna como el funcionario que fue cooptado por el cártel de Sinaloa. Por qué no verlo –añadió –desde otra perspectiva: que García Luna ya formaba parte del cártel de Sinaloa desde tiempo atrás y simplemente es el mismo Gobierno la entidad que forma parte del crimen organizado o es el crimen organizado.

Me pareció buena la observación porque, desde esa perspectiva, el cártel de Sinaloa directamente operó seis años la Secretaría de Seguridad Pública. De esta forma –dijo Zavala– acabamos con el viejo cuento de que es el narcotráfico el que se infiltra, coopta y corrompe a los funcionarios. Según él, esta es una vieja película que contiene la narrativa que la DEA ha impuesto por años en materia de crimen organizado y que no ha servido más que para justificar la militarización contra el problema de la corrupción criminal y el narcotráfico.

Sin embargo, el titular de la UIF, Santiago Nieto, sigue hablando de cárteles al referirse, en el caso de las investigaciones sobre las que habló, a Sinaloa y al de Jalisco, dos de los grupos criminales más fuertes que operan en México. Y no sólo eso: el funcionario habló de la existencia de ocho cárteles que son investigados por la UIF junto con toda la red de empresas que, dice, han operado con miles de millones de pesos.

Recientemente, Nieto también se refirió a la corrupción criminal en las 49 aduanas. Por ello, fueron procesados los titulares de las aduanas de Tuxpan, Veracruz, y Progreso, Yucatán. Estaban moviendo cientos de productos con droga, precursores químicos, entre otros productos, para organizaciones delictivas que operan desde Costa Rica.

En este caso, se trata de una gran red criminal cuyos tentáculos llegan hasta Japón, de acuerdo con las pesquisas.

Si la UIF ya tiene estos expedientes integrados ahora le toca a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar, pero todo indica que Santiago Nieto tiene un verdadero obstáculo en Alejandro Gertz Manero, quien no actúa con la misma velocidad como lo está haciendo el propio Santiago Nieto.

¿Qué intereses protege Gertz Manero? Cabe recordar que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno de Vicente Fox, formaba parte del equipo de seguridad del que también era una pieza central Genaro García Luna. ¿Este es el vínculo que ahora se traduce en obstáculo?

Lo cierto es que si Gertz Manero no actúa, el tiempo transcurre, el sexenio sigue su marcha y los casos relevantes podrían quedar como simples amagos oficiales sin resultados, investigaciones que tuvieron la buena intención de llegar a ser verdaderos casos, pero que al final del día pueden terminar en el archivo.

Parece que a Gertz Manero no le gusta mucho la estrategia de golpear el nervio financiero del crimen ni a los protagonistas de estos posibles delitos. Hasta donde se puede observar, Santiago Nieto cumple las instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir con todo la corrupción y la impunidad, pero a la hora del siguiente paso, el que debe dar la Fiscalía, simplemente las cosas se detienen o avanzan a paso de tortuga.

Esta es vieja estrategia de tomarse todo su tiempo, con calma y paciencia hasta el tiempo pase y no haya oportunidad de concluir las indagatorias. En otro sentido, es otra forma de desgastar a Santiago Nieto, quien parece que no reposa si se trata de investigar, golpear la corrupción y congelar cuentas de criminales.

Veracruz: La Fiscal del narco

Verónica Hernández Giadans fue electa por el Congreso de Veracruz para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado por nueve años. El caso ha generado polémica por el apoyo que le otorgó el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien metió las manos en el Congreso para que fuera electa su candidata favorita.

Pero el caso más polémico es que Hernández Giadans es prima de Guadalupe Hernández Hervis, alias “la Jefa”, quien encabeza una célula criminal en Veracruz ligada al cártel de Los Zetas y que, con apoyo oficial, lo mismo trafican con drogas que realizan secuestros, extorsiones, entre otras actividades delictivas.

Cuando Verónica Hernández llegó a la Fiscalía como encargada del despacho se le cuestionó su parentesco con Hernández Hervis. Lo aceptó, aunque adujo que no por el hecho que ella estuviera en un grupo criminal implicaba que la familia completa se dedicara a esas actividades. De alguna forma se deslindó.

Sin embargo, al poco tiempo de que asumió el cargo, en calidad de interina, la prima narca salió de prisión. Todo indica que movió sus influencias en el Poder Judicial, ahí donde está el señor Edel Álvarez Peña, donde por cierto llevan muy tatuado el escudo Zeta –el de la organización criminal–, pues mantiene muy firma a su ahijado, Manuel Fernández Olivares, “El Pámpano”, señalado en diversas investigaciones criminales como pieza de ese cártel. Pese a los señalamientos, ahí sigue protegido por el político priista que desde hace algunos años imparte justicia en Veracruz.

Hernández Giandans llegó a la Fiscalía en septiembre de 2019, luego de que Jorge Wilckler –el llamado Fiscal carnal, empleado de Miguel Ángel Yunes– fue destituido del cargo por servir a los intereses de la corrupción y del crimen organizado. Eso lo convirtió en un funcionario nada confiable. Fue acusado de varios delitos y desde entonces es prófugo de la justicia.

Después de este escándalo, pues la Fiscalía ahora enfrenta el señalamiento de servir a intereses sucios. En fin, todo indica que lo que ocurre en la Fiscalía no es más que un reflejo claro de lo que está pasando en la oficina del Gobernador Cuitláhuac García, cuyos días parecen estar contados.

El Presidente fragmentado


por Ricardo Ravelo

por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Como luchador social, candidato presidencial y ahora como Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador fue un severo crítico respecto del uso de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado y, en particular, el narcotráfico.

En los archivos electrónicos existen múltiples versiones en las que López Obrador fijó su posición sobre este delicado tema; fue un crítico asiduo de Felipe Calderón cuando éste se enfundó el uniforme militar –que, por cierto, le quedó grande –para declararle la guerra al narcotráfico, guerra fallida, pues hasta hoy no sabemos qué diablos combatió Calderón porque, con todas sus ramificaciones perniciosas, el crimen organizado, lejos de ser exterminado, se extendió a todo el continente latinoamericano.

Calderón no sólo simuló una guerra sino que permitió la más atroz corrupción de su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien encabezada la secretaría de Estado que manejaba a su antojo el cártel de Sinaloa, la organización criminal con la que el Gobierno de Calderón pactó, según sostienen las investigaciones de Estados Unidos.

En resumen, con todo y el uso de las Fuerzas Armadas, el narcotráfico no pudo ser abatido en el sexenio calderonista; los funcionarios acusados de servir al crimen, procesados y encarcelados, salieron libres porque la Procuraduría General de la República (PGR) nunca pudo acreditar los delitos que les imputó. En todos los casos, la entonces procuradora, Marisela Morales –experta en fabricar expedientes con falsedades –la institución utilizó testigos protegidos que mintieron, por ello, nunca pudieron probar sus acusaciones.

En tanto la justicia brilló por su ausencia en el Gobierno de Calderón, las Fuerzas Armadas hicieron de las suyas en todo el país: asesinaron a personas inocentes, desaparecieron a otras; muchas víctimas de la violencia atroz terminaron en fosas clandestinas y se les hizo pasar como criminales para justificar la acción brutal del Ejército. Hacia la segunda mitad de ese Gobierno, las Fuerzas Armadas ya no detenían a los delincuentes: los asesinaban, en muchos casos, argumentando que fueron atacados y tuvieron que repeler el fuego, pero en otros múltiples eventos sangrientos los militares accionaban sus fusiles con toda crueldad. Aquello parecía una guerra entre criminales. Esto fue una verdadera carnicería que, por desgracia, sigue impune a pesar de que cientos de delitos de lesa humanidad, donde Felipe Calderón es señalado como responsable, duermen en los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Todo esto viene a cuento a propósito del decreto que esta semana firmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para regresar a las Fuerzas Armadas al combate contra el crimen organizado. Ni siquiera fue anunciado con antelación: el lunes 11 amanecimos con la información en el Diario Oficial de la Federación, donde se anunciaba que el Ejército y la Marina retornaban al campo de batalla para realizar tareas policiacas.

Con independencia de que existe una urgencia nacional por el desbordamiento de la violencia, lo cierto es que esa decisión coloca al Presidente ante el reflector y lo exhibe como un hombre fragmentado que dice una cosa y termina haciendo todo lo contrario, insostenible en sus decisiones, el mandatario muestra prístinamente su incongruencia. En términos bíblicos se diría que López Obrador es un hombre de doble ánimo, la fuente que emana agua dulce y salada al mismo tiempo, la contradicción, el conflicto insalvable que, tal parece, él no ve y le parece normal su proceder.

A principios de su mandato, claro el diagnóstico de la inseguridad en el país, sometió a la aprobación del Congreso el proyecto para crear la Guardia Nacional. Había razones para construir este cuerpo de élite: catorce cárteles se disputaban –y se disputan todavía –el control del mercado de drogas y las rutas de trasiego. Las policías no eran confiables para ser tomadas en cuenta en el combate al crimen. Hasta ahí todo el mundo estaba de acuerdo.

Vino el debate de la militarización: que si la Guardia Nacional será una estructura militar, que si el mando será civil o no, que si se el Ejército iba a tener el control total del país…Finalmente se determinó que el mando fuera militar y el cuerpo de élite estuviera constituido, en su mayoría, por civiles.

Se dijo entonces que con la Guardia Nacional se cubriría todo el territorio y año tras año el número de sus efectivos se incrementarían, conforme fueran aprobados los exámenes de sus nuevos integrantes; que se calculaba que en tres años o, a más tardar hacia el final del sexenio, la Guardia estaría totalmente integrada para operar como una verdadera policía profesional que garantice seguridad en el país. Aunado a esto, el país se dividió en varias regiones, con un mando en cada una, a fin de que se fuera pacificando el país, primer objetivo del Gobierno de la Cuarta Transformación.

Por ello, la Policía Federal fue disuelta. No había nada que hacer con una estructura corrompida que terminó al servicio del narcotráfico.

La Guardia Nacional entró en operación a principios del año pasado en el sur de Veracruz, principalmente en el corredor petrolero Minatitlán-Coatzacoalcos, después de una oleada de matanzas que sacudió a esa región. Esa fue la prueba de fuego del nuevo cuerpo policiaco, pero la zona no entró en calma, por el contrario, hasta la fecha sigue tomada por el crimen.

Lejos de frenar la violencia y a los cárteles del narcotráfico, la Guardia Nacional ha resultado ineficaz ante el flagelo del crimen organizado. El país sigue atenazado por la violencia de alto impacto y lejos, muy lejos se ve la posibilidad de que el Gobierno de López Obrador pueda resolver este problema. Más bien, lo está administrando, lo justifica, lo acepta, pero no lo resuelve. Simplemente no hay resultados.

Ahí siguen operando abiertamente los catorce cárteles en el país. Sinaloa, Cártel de Jalisco, Cártel del Noreste, Los Rojos, Guerreros Unidos, ente otros, son los más poderosos. Nadie puede con ellos.

A este fracaso se suma el hecho de que el Gobierno de López Obrador, como hemos consignado en este espacio, sigue sin construir una política criminal eficaz e integral que no solamente considere la atención de lo que el mandatario llama “las causas” sino que implemente, por ejemplo, un proyecto para desmantelar el patrimonio que dispone el crimen organizado y que está en manos de políticos y empresarios.

No existe, hasta ahora, un mapa de ese patrimonio ni un diagnóstico respecto de dónde están invertidos los capitales de los grupos mafiosos. El combate eficaz al crimen forzosamente debe contemplar decomisarles el dinero, quitarles sus empresas, destruir las redes mafiosas en estados y municipios. Este proyecto se antoja como para que sea tan grande como el que puso en marcha Colombia e Italia en los años más críticos que estos países vivieron frente a la guerra contra el crimen.

El combate al crimen no es sólo perseguir a pequeños narcos en las calles. Eso es perseguir lo que comúnmente se llama “la morralla” . El proyecto anticrimen va contra la clase política vinculada, la que brinda protección, la que ha amasado capitales: ahí están los Yunes Linares, Los Herrera Ale en la Comarca Lagunera, Los Zaragoza Fuentes en Chihuahua, gaseros y señalados como lavadores del cártel de Juárez; en Jalisco operan decenas de familias en el lavado y el narcotráfico que, al mismo tiempo, hacen política. Y así está todo el país.

La lista es enorme, pero el Presidente no habla de estos vínculos empresariales y políticos con el crimen; tampoco habla de la narcopolítica ni se ha referido nunca al problema que priva en los municipios: más del 80 por ciento de las demarcaciones del país están gobernadas por políticos que, al mismo tiempo, forman parte de un grupo criminal. Estos son los responsables de que las policías municipales estén contaminadas.

Evidentemente, estas acciones de desmantelamiento criminal no se hacen con las Fuerzas Armadas: se efectúan con la ley en la mano, con la Unidad de Inteligencia Financiera trabajando a tope, con la Fiscalía General de la República integrando carpetas de investigación y procesando casos y consignando expedientes bien estructurados.

Si realmente el Presidente quiere resolver el problema de la violencia debe golpear estas estructuras, quitarles el dinero y desarticular las redes criminales que están bajo la protección de la política. También debe haber una vigilancia estricta, a través de la UIF, para revisar los recursos que reciben los candidatos a puestos de elección popular, porque muchos legisladores y gobernadores llegaron a sus puestos financiados con dinero de la mafia y, por ende, sirven a esos intereses. No les importa el país sino sus negocios ilegales.

El uso de las Fuerzas Armadas no es una decisión atinada. Dice Ricardo Monreal, el Presidente de la bancada de Morena en el Senado, que debemos confiar en los militares. Pero ¿cómo confiar cuando existen expedientes impunes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por delitos de lesa humanidad y no se ha castigado a nadie?

El riesgo que existe con las operaciones de las Fuerzas Armadas en tareas policiacas es que se incrementen las violaciones a los derechos humanos, se repita el holocausto que se vivió en el sexenio de Felipe Calderón, donde hubo más muertos que combate real al crimen organizado.

Al Presidente no se le entiende, cambia de dirección y no se sostiene en una postura clara y congruente. Esto es consecuencia de su fragmentación interior: tal parece que su voluntad lucha con otra parte suya que lo atenaza en un eterno conflicto.

LA TENTACIÓN DE REGULAR LAS REDES SOCIALES


por Ricardo Ravelo

por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

La semana pasada, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su preocupación por la campaña de desinformación y golpeteo que “los conservadores” están llevando a cabo a través de las redes sociales en contra de su gobierno.

Ahí mismo, el titular del Sistema de Radio y Televisión del gobierno federal, Jenaro Villamil, dijo, tajante, que existe infodemia en las redes (información manipulada) que se difunde a través de granjas de bots que se echan a andar mediante pagos estratosféricos y cuyo objetivo es denostar al gobierno de la República.

Después de exponer todo el fenómeno nocivo que, dicen, se ha desatado en las redes mediante la difusión de fake news –lo que se ha convertido en una verdadera campaña de desinformación –el presidente López Obrador dijo que solicitaría a las plataformas de Facebook Twitter información respecto de quiénes compran y realizan campañas pagadas para golpear a su administración.

La tentación de saber el nombre de los usuarios y cuánto se está pagando taladró al presidente y también abrió el debate respecto a la posibilidad de regular el uso de las redes sociales, como se ha intentado en otros países, sin éxito hasta ahora.

Y es que la regulación de las redes –algo que muchos gobiernos autoritarios han pretendido realizar –conlleva la violación de la libertad de expresión, la libre divulgación de las ideas. En primer lugar habría que preguntarse cómo se regularía, qué contenidos pasarían por un filtro y cuáles no. En este ejercicio selectivo se corre el riesgo de suprimir todo contenido que, por diversas razones, afecten políticamente a los gobiernos. En suma, se trataría de atentar contra la libre expresión de las ideas.

El presidente se queja de que es golpeado a través de fuertes campañas de lo que él llama “desinformación”, pero lo cierto es que el gobierno también ha comprado sus granjas de bots  y las utiliza muy bien para hacer sus propias campañas de información o de golpeteo contra los comunicadores o ciudadanos en general que critican la falta de resultados del gobierno en materia económica y de seguridad pública.

Es muy notorio, por ejemplo, que cuando se hace una crítica en Twitter o en Facebook que no es agradable al poder de inmediato sobreviene el fustigamiento por parte de sus seguidores y fanáticos del presidente que, sin ideas, pero sí dotados de saña y ánimo malsano, descalifican toda crítica y hacen pedazos a los autores de la misma.

Este fenómeno –del que ahora se queja el presidente –lo echó a funcionar el gobierno federal tan pronto López Obrador se acomodó en el poder presidencial. Y fue denunciado por diversos comunicadores, principalmente los que son considerados proclives a la derecha o al conservadurismo y que en el pasado fueron ampliamente beneficiados con la publicidad oficial.

Ellos se quejaron de que toda crítica contra el presidente desataba verdaderas campañas de odio, presuntamente orquestadas a través de las redes de bots del gobierno, con el ánimo de descalificar tanto las críticas como a los responsables de las mismas.

Ahora el tema es si, debido a este enojo o incomodidad presidencial, el tema de la regulación se llevará a Congreso con el fin de parar a las redes. Ganas no faltan, pero esto traería serias consecuencias, sería un acto contradictorio. El presidente ha dicho que es el principal defensor de la libertad de expresión, pero por otra parte le incomoda la crítica periodística, le molesta que lo cuestionen y señalen sus errores, sus fallas que, por cierto, son muchas y reiteradas, como se ha visto en este año y medio de gobierno.

El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, fue sensato –hasta ahora, pues puede cambiar de opinión si el presidente se lo ordena –al afirmar que no van a legislar para regular a las redes sociales.

Sostuvo que es un ejercicio de libertades que en mucho favorece a la sociedad, es una forma de mantener ciertos equilibrios entre ciudadanos y en el poder político, de tal suerte que limitarlo sería contraproducente para la democracia en México.

Y es que la aparición de las diversas plataformas que conforman las llamadas redes sociales vinieron para abrir un espacio a la crítica social, darle voz al oprimido, al que sufre una injusticia, al que está enfrentando un abuso de autoridad o simplemente se ve afectado en sus derechos humanos. También es un espacio de opinión para el poder político, la clase empresarial y todos los sectores que tienen algo que comunicar de forma abierta y efectiva.

Antes, cualquier autoridad cometía agravios, mataba, insultaba y golpeaba a un ciudadano y nadie se daba cuenta. El silencio era el peor enemigo de la legalidad, acallada la denuncia, el hecho delictivo se mantenía impune. Hoy eso ha cambiado. La comunicación es un ejercicio abierto y depende un acto volitivo, no requiere permiso de nadie, aunque si es verdad que debe hacerse en forma responsable para no convertir el espacio de las redes sociales en un campo de batalla,  linchamiento y vandalismo.

Actualmente, la sociedad cuenta con un instrumento que le permite, en tiempo real, denunciar un hecho delictivo, alertar a la autoridad sobre un exceso de poder en el que incurre una autoridad o bien hacer público los actos de corrupción en cualquier instancia. Cuántos casos no se han denunciado y atendido a tiempo debido a esa tribuna maravillosa llamada redes sociales.

Sería un verdadero crimen a la libertad de expresión que el presidente López Obrador, por el puro afán de no ser criticado, regule y limite ese espacio de expresión que, en mucho, contribuye a la construcción de eso que llaman democracia.

También contribuye  en favor de la justicia y en contra de la impunidad, mal éste último que está tan arraigado en México como la enfermedad más perniciosa que taladra la salud oficial y trastoca el ejercicio de gobernar.

Tijuana: Gastélum Buenrostro, a un paso de la cárcel


por Ricardo Ravelo

Por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

El Gobierno municipal que encabeza Arturo González Cruz en Tijuana, Baja California, va con todo contra la corrupción de su antecesor, el panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien le dejó un verdadero estercolero en el Ayuntamiento, según consta en las denuncias interpuestas ante la Procuraduría estatal.

En los primeros cuatro meses de Gobierno, la administración de González Cruz ha documentado el modus operandi utilizado por Gastélum Buenrostro para saquear las arcas, otorgar permisos de transporte, robarse los equipos de cómputo y hasta entregar millonarios contratos de obra y servicios sin una licitación de por medio.

En esta maraña de corrupción -que ya está documentada- están implicados los principales colaboradores de Gastélum Buenrostro y varios de ellos, incluido el ex Alcalde, podrían ir a la cárcel en las próximas semanas.

De las investigaciones realizadas se desprende, por ejemplo, que el año pasado Juan Manuel Gastélum otorgó varias autorizaciones de transporte público en Tijuana sin estar en funciones como Presidente municipal, ya que del 6 de abril al 3 de junio de 2019 solicitó licencia para separarse del cargo y buscar la reelección como edil.

Francisco Javier Palacio Bórquez, ex Director de Transporte del Ayuntamiento de Tijuana. Foto: Especial.

En ese lapso de tiempo, Gastélum otorgó varias concesiones de transporte con el número TIJ-TS-8340 y culminaron en la TIJ-TS 8999. Por esa razón, la administración de González Cruz lo acusa de usurpar funciones públicas. La acusación implica también a Daniel Eduardo Rivera Basulto y Édgar Francisco Castillo. El primero fungía como Secretario de Movilidad Urbana y el segundo era director municipal de Transporte Público, respectivamente.

Daniel Eduardo Rivera Basulto, ex Secretario de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Tijuana acusado de actos de corrupción. Foto: Especial.

De acuerdo con la acusación, en este caso “hubo dolo”, ya que sabían que Gastélum Buenrostro no podía firmar por haber solicitado licencia como Alcalde.

Eso no es todo: otra denuncia que forma parte de las investigaciones que realiza la Procuraduría estatal se presentó en contra de Héctor Hugo Gutiérrez Villa, ex Director de Tecnologías de la Información en la pasada administración, por los delitos de corrupción, ejercicio ilícito, abandono del servicio público, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

La razón, según las denuncias, es porque al momento de entregar su cargo ocultó información sensible respecto de un contrato de poco más de 28 millones de pesos que firmó la administración de Gastélum Buenrostro con la empresa SIGOB S.A de C.V. para la “implementación de una aplicación de procesos gubernamentales e implementación de firma electrónica con la modernización de la infraestructura de procesamiento y almacenamiento”.

Leopoldo Gutiérrez Díaz., ex Secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana. Foto: Especial.

En esta madeja de corrupción también resultó implicado el ex tesorero de Gastélum Buenrostro –Ricardo Chavarría Morales– por los delitos de corrupción, uso ilícito de atribuciones y facultades y los que resulten, ya que, según las querellas, otorgó contratos de obra y servicios sin licitación.

Ricardo Chavarría Morales, ex Tesorero municipal de Tijuana acusado de malversar recursos del Ayuntamiento. Foto: Especial.

Resulta que el 4 de septiembre de 2018 el Ayuntamiento contrató servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigación con una empresa –Consultores Asociados Tristar, S de R.L. DE C.V.– que no cumplía con el perfil profesional adecuado; además, el domicilio que acreditó estaba fuera de la ciudad de Tijuana.

Las investigaciones revelan, además, que la empresa informó tener su domicilio en Cuajimalpa de Morelos. Dicha empresa se contrató para realizar análisis de la información de nóminas de los ejercicios 2015 al 2018, cruces de información con base de datos, detección y corrección de inconsistencias, generación y presentación de la información de manera correcta, entre otros, los cuales no se cumplieron. Sin embargo, se le pagaban 50 mil pesos por no hacer nada.

Este contrato le generó un quebrando al Ayuntamiento que alcanza la suma de 4 millones 377 mil pesos, según las denuncias legales.

Otro contrato celebrado con la misma empresa causó un desfalco a la hacienda pública por más de 20 millones de pesos. En estas maniobras de corrupción también aparecen vinculados otros ex funcionarios: María de los Ángeles Olague Contreras (ex Oficial Mayor), María Guadalupe Ochoa Saucedo (Suplia a la Oficial Mayor y encabezaba el Comité de Adquisiciones).

María de los Ángeles Olague, ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tijuana. Foto: Especial.

En contra del ex tesorero Ricardo Chavarría Morales pesa otra denuncia por uso indebido del servicio público, ya que le otorgó dos contratos de servicios a la empresa EBL S. de R.L de C.V por 8 millones 500 mil pesos y 4 millones 200 mil pesos, respectivamente, sin licitación alguna. Los servicios consistieron en la revisión de la cuenta pública municipal.

Lo más grave de todo –según la denuncia– es que la empresa no cumplió con los servicios que se le contrataron “ya que no existe evidencia documental que muestre que los realizó.

Juan Manuel Gastélum Buenrostro también otorgó permisos de manera ilegal para el establecimiento de estaciones de carburación de gas LP en la ciudad de Tijuana.

La empresa beneficiada fue Blue Propane S.A de C.V, a la que también le otorgaron dictámenes de uso de suelo, licencias de construcción y constancias de no ser zona de alto riesgo. Los permisos se otorgaron a pesar de que existía una moratoria desde el 2016.

Contra Gestélum Buenrostro pesa otra denuncia: se le acusa de haber entregado ilegalmente poco más de 4 millones de pesos a la asociación de colonos del fraccionamiento Puerta de Hierro. El objetivo: reparar la infraestructura pluvial que atraviesa el fraccionamiento, la cual, según adujeron, presentaba hundimientos y socavaciones críticas, lo cual afectaba las vialidades.

La actual administración, sin embargo, hizo una investigación y descubrió que la citada asociación de colonos no cumple con una labor social, tampoco se encuentra en zona vulnerable ni marginada. Además, la aportación económica es a todas luces ilegal.

Hace dos semanas, el ex Alcalde panista Juan Manuel Gastélum se presentó a declarar ante la Sindicatura Procuradora. Ya lo habían citado en dos ocasiones, pero no había acudido. Lo hizo hasta el tercer citatorio.

En los pasillos del Ayuntamiento fue abordado por los reporteros y dijo que no tiene nada que temer, que no se ha ido de Tijuana –“aquí sigo”, dijo, entre risas– y expuso, además, que no tiene conocimiento de ninguna denuncia formal en su contra, que compareció ante una autoridad administrativa para hacer algunas precisiones que le solicitaron.

Sobre las acusaciones en su contra, dijo:

“Esperaré a que la autoridad me lo precise, que revise y que después me lo haga saber. No hay nada de qué preocuparse, por ahora me reservo el derecho a declarar hasta que la autoridad me precise”.

Tijuana: El clan Gastélum Buenrostro, en capilla


por Ricardo Ravelo

por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Las primeras investigaciones sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, dan cuenta que el ex Alcalde panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro, “El Patas”, heredó un verdadero desastre a la administración que en octubre de 2018 asumió Arturo González Cruz. Se afirma que el saqueo financiero no tuvo límites y las evidencias así lo van confirmando.

A la vuelta de tres meses se han descubierto desvíos de recursos públicos, aviadores, usurpadores de funciones, nepotismo, saqueo de equipo electrónico y contratos millonarios, sin licitación, que causaron un quebranto financiero de 23 millones de pesos en la Dirección de Comunicación Social, a cargo de Moisés Márquez.

El área de Comunicación Social es la que, hasta ahora, presenta mayores escándalos tras los malos manejos detectados. Y es que se descubrió que Gastélum Buenrostro tenía un operador externo que fungía como su informante, transaba con algunos medios de comunicación, asignaba contratos millonarios para el manejo de la imagen pública del Alcalde y enderezaba campañas de desprestigio en contra de los enemigos de Gastélum sin ser funcionario del Ayuntamiento.

Su nombre es Víctor Laguna Peñaloza, un pseudoperiodista que ha sido denunciado por golpear a su esposa, por ser adicto a las drogas y por sus acciones deshonestas como operador externo del Ayuntamiento. Su mayor mérito es ser hijo de la diputada panista Alfa Peñaloza Valdés y amigo de Juan Manuel Gastélum Rivera, hijo del ex Alcalde, con quien hizo negocios creando empresas ex profeso y adjudicarse contratos para el manejo de su imagen pública a través de plataformas que funcionan en las redes sociales.

Gastelum y Víctor Laguna Peñaloza. Foto: Especial

En realidad, Laguna Peñaloza no ostentaba ningún nombramiento como funcionario del gobierno de Gastélum Buenrostro, pero era ampliamente conocido que él tomaba varias decisiones en materia de Comunicación Social y que tenía –y tiene –una estrecha relación con el ex Alcalde, según se acredita por diversas fotografías públicas. Era uno de sus más cercanos hombres de confianza, además de su informante directo.

Laguna Peñaloza, de acuerdo con sus antecedentes, empezó sus tareas como servidor público el 18 de abril de 2008 como director de Inspección y Verificación. Entonces devengaba un sueldo de 7 mil 459.20 pesos. Luego, en el XlX Ayuntamiento de Tijuana, fue empleado de confianza ll. Entonces tenía 21 años. El 30 de noviembre de 2010 presentó su renuncia al puesto de inspector ante la Oficialía Mayor. Le fue aceptada.

Cuando Juan Manuel Gastélum Buenrostro asumió la presidencia municipal lo colocó como operador externo cuyas funciones, como ya se dijo, eran el espionaje (era su informante directo) y la operación de golpeteo, a través de portales y sitios abiertos ex profeso en Internet para enderezar campañas y así denostar a los enemigos de su jefe.

Debido a esas tareas, el director de Comunicación Social, Moisés Márquez, le asignó un nutrido equipo electrónico: lentes para su cámara, memorias, un escritorio con silla, una computadora Apple, un Ifone y memoria externa, los cuales no regresó al término de la gestión de Gastélum Buenrostro, por lo que ahora está acusado de sustraer bienes propiedad del Ayuntamiento de Tijuana, además de los presuntos fraudes con los contratos para el manejo de la publicidad.

Conocido como “El Tigrito”, las investigaciones realizadas por la Sindicatura Procuradora indican que el despojo se instrumentó a través de la Dirección de Comunicación Social, en donde también se investigan varios contratos, presuntamente irregulares, que fueron asignados a empresas sin antigüedad, experiencia ni infraestructura –posiblemente fantasmas –en las que se habrían desviado unos 23 millones de pesos por trabajos cuyas evidencias no existen, según las denuncias.PUBLICIDAD

En concreto son cuatro los contratos presuntamente amañados en los que está implicado el llamado “Tigrito”, pues se ha descubierto que la empresas beneficiadas en realidad no estaban capacitadas para prestar los servicios de consultoría y/o campañas publicitarias.

Una de las empresas investigadas es “Mexikna”, S de RL de C.V, operada nada menos y nada más que por Juan Manuel Gastélum Rivera, “El Patitas” — hijo del ex Alcalde panista –y Víctor Laguna Peñaloza.

Los Gastélum Buenrostro, acusados de corrupción en Tijuana. Foto: Especial

Los representantes legales de la empresa son Dian Mercedes Gutiérrez Ponce de León y Grecia Rodríguez Valencia, exempleadas del XXll Ayuntamiento de Tijuana. Esta empresa y sus operadores están acusados de daño patrimonial por 3 millones 068 mil pesos. Al momento de adjudicarle el contrato la compañía tenía cuatro meses de haber sido constituida.

La empresa Mexikna se encargó de videograbar todas las actividades del entonces presidente Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

Otra empresa bajo investigación, por presuntas operaciones fraudulentas, es “Five Star Promotions S.A de C.V.” Como accionistas fungían Noemí Mejía y Alexa Isabel Acevedo Fonseca. Se le adjudicó un contrato, sin licitación, por dos millones 050 mil pesos para la promoción de imagen en redes sociales –principalmente en Facebook –de las actividades del Alcalde Gastélum Buenrostro.

Unos meses antes de que concluyera la administración panista, la empresa fue disuelta en Zapopan, Jalisco. Las indagaciones ahora señalan que esta empresa era utilizada por Víctor Laguna para realizar trabajos, presuntamente sucios, de la administración panista.

Otra de las compañías bajo investigación por presunto fraude es Grupo Consultores de Mercado, SC. Sin tener una antigüedad superior a los cinco años ni infraestructura instalada –su capital era de 3 mil pesos –esta empresa recibió del gobierno de Gastélum cinco contratos por adjudicación directa por 12 millones 404 mil pesos para la prestación de servicios profesionales que consistían en videograbaciones, conteos vehiculares y peatonales, entre otros, cuyos registros de trabajo no existen, según establecen las investigaciones realizadas.

La otra empresa bajo investigación, presuntamente ligada a Víctor Hugo Laguna Peñaloza es “Dandys Creativo Sociedad para Acciones Simplificadas” (SAS). Según las investigaciones, no existen registros ni constancias del trabajo realizado por esta empresa –difusión, asesoría, grabaciones, estudios de mercado y evaluación –pero ganó 5 millones 619 mil pesos mediante contratos adjudicados sin licitación.

En realidad, existe la sospecha de que tanto Gastélum Rivera como Laguna Peñaloza se asociaron para saquear recursos públicos a través de dichas empresas fantasmas, pues es bastante extraño que no haya registro de los trabajos realizados, pero sí de los pagos millonarios que recibieron.

En realidad, Laguna Peñaloza fue duramente cuestionado durante el gobierno de Gastélum Buenrostro porque operada todo lo relacionado con la comunicación social sin tener un cargo en el Ayuntamiento.

Tan absurda era su función que la entonces regidora del PES, Mónica Vega, lo denunció por usurpación de funciones. Según la denuncia, Laguna Peñaloza no tiene contrato para prestar servicios ni es funcionario, pero sí utilizaba recursos públicos “y mangoneaba a placer” a los empleados de Comunicación Social.

Ahora que el Alcalde de Morena, Arturo González Cruz, inició las investigaciones por corrupción en contra del ex Alcalde Juan Manuel Gastélum y funcionarios de la pasada administración, Víctor Laguna Peñaloza dice ser perseguido y estar amenazado.

Por ello, ha dicho que se acogerá al mecanismo de protección de periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación. Tras conocerse la medida que tomará, un grupo de periodistas, agrupados en la organización “Yo sí soy periodista”, hicieron pública una carta, dirigida al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en la que lo alertan de la posible acción de Laguna Peñaloza, a quien desconocen como periodista, lo señalan como usurpador de funciones que actualmente investigado por presuntos actos de corrupción.

“Por este medio, quienes integramos el colectivo “Yo sí soy periodista” de Baja California, que entre sus intereses prioritarios busca apoyar el mejoramiento del funcionamiento del “Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, queremos alertar sobre la intención de un personaje que se presenta como comunicador, sin tener a trayectoria ni los merecimientos correspondientes y, que ahora, bajo ese perfil, pretende alcanzar los beneficios de este programa, argumentando ser un “periodista” perseguido por el Estado de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana.

…”El señor Víctor Laguna Peñaloza, alias “El Tigrito”, que es el caso que hoy nos ocupa, hijo de políticos de las pasadas administraciones, se incrustó en la pasada administración municipal en la que en un caso abierto de “usurpación de funciones”, porque nunca se le dio un cargo oficial, operó de hecho como director de facto de comunicación social del gobierno de Tijuana; utilizó los recursos públicos que para eso habían; se canalizó recursos para su propia empresa y la del hijo del ex presidente municipal y realizó “campañas negras” con dineros oficiales, beneficiando a algunos comunicadores…

“Al término de esa administración y para evitar averiguaciones que ya anunciaron en su contra, hoy se presenta como director de lo que se llama un medio de comunicación y que es una cuenta en redes sociales (Facebook), que inició hace cuatro meses y que se llama “TJ Comunica”, desde donde emite opiniones supuestamente críticas y, por eso, se dice “amenazado”, por lo que ha anunciado que recurrirá a los Mecanismos de Protección a Periodistas”, tanto estatales como a nivel nacional, ya que en breve debe responder a citatorios que le han girado autoridades derivado de las investigaciones que se siguen por el posible desvío de recursos públicos registrados en la pasada administración municipal, donde él fungió como un prestador de servicios”.

La carta enviada a Alejandro Encinas está firmada por 51 periodistas del colectivo “yo sí soy periodista”.

Según datos consultados, el Alcalde Arturo González Cruz está dispuesto a ir a fondo con las investigaciones por presuntos actos de corrupción y no se descarta que pronto haya algunos encarcelados como consecuencia de los abusos cometidos durante el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien en Tijuana encabezó un verdadero clan que se enriqueció a costa del erario público.

EL PATRIMONIO CRIMINAL DE POLÍTICOS Y CAPOS, EN LITIGIO EN USA; MÉXICO BUSCA QUE SE LE DEVUELVA AL PUEBLO DE MÉXICO TODO LO ROBADO


por Ricardo Ravelo

por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

*César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, entre los políticos con residencias en Estados Unidos que se busca sean devueltas al pueblo mexicano.

Las fortunas, empresas y residencias adquiridas por criminales y políticos mexicanos, es un tema abierto que se está negociando con el gobierno de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que existe amplio interés del gobierno mexicano por recuperar el patrimonio que ha sido asegurado en Estados Unidos y cuyos propietarios son de nacionalidad mexicana.

A lo largo de varias décadas, se convirtió en una moda, por no decir que en una afiebrada alternativa de negocio, que políticos y narcotraficantes invirtieran millones de dólares en adquirir automóviles, casas, ranchos en Estados Unidos. Existen casos, por ejemplo el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que constituyó una empresa en territorio estadunidense que, según las acusaciones, forma parte del esquema de lavado de dinero, pues sus capitales hoy se relacionan con los sobornos que habría entregado al llamado “policía del sexenio” Joaquín Guzmán Loera, exjefe del cártel de Sinaloa.

Desde el sexenio pasado, el gobierno de México tiene varios casos de políticos por ser extraditados o bien que están presos en México y que cuentan con propiedades aseguradas en Estados Unidos.

Es el caso de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, prófugo de la justicia desde hace tres años, quien se fugó cargando en su haber acusaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, desvío de recursos públicos para financiar campañas de candidatos priistas a puestos de elección popular, entre otros cargos graves.

Duarte Jáquez está acusado, además de utilizar recursos públicos para constituir una sociedad financiera –un banco, pues –cuyos principales accionistas son tanto su esposa como él mismo.

El exmandatario de Chihuahua adquirió propiedades en Texas cuando era gobernador y muchas de éstas casas han servido de refugio al exgobernador, quien se ha mantenido impune y al amparo de las leyes estadunidenses, pues él alega ser un perseguido político y con ese argumento ha sido complicada su extradición a México para que enfrente a la justicia.

César Duarte es la cabeza de un tema político-criminal que implicó a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto, así como a Manlio Fabio Beltrones –exdiputado federal exsenador de la República, exgobernador de Sonora y expresidente nacional del PRI –en un proyecto de corrupción, que bien puede ser considerado delito electoral, al desviar dinero de varios estados para el financiamiento de las campañas del PRI en 2016, en las cuales ese partido fue derrotado en la mayoría de las entidades federativas.

En este presunto esquema de corrupción estarían implicados Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge, exgoberndores de Veracruz y Quintana Roo, respectivamente; también Roberto Sandoval, exgobernador de Nayartit. En este enjuague también fue implicado Alejandro Gutiérrez, secretario General del PRI con Manlio Fabio Beltrones, quien incluso fue encarcelado y se encuentra sujeto a proceso.

Gutiérrez –según las investigaciones –habría recibido varios millones de pesos de parte de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, con el fin de apoyar financieramente las campañas de los candidatos priistas.

Sin embargo, este esquema –aprobado por el presidente Enrique Peña Nieto –habría permitido que varios gobernadores terminaran despachándose con la cuchara grande: Javier Duarte, por ejemplo, habría desviado miles de millones del erario público, con los cuales adquirió cientos de propiedades tanto en México como en el extranjero.

Se afirma que compró casas en Texas y en España, pero éstas, hasta donde se sabe, no han sido aseguradas por las autoridades mexicanas a pesar de que el exmandatario veracruzano enfrenta líos con la justicia desde el año 2016, cuando se fugó y se refugió en Guatemala.

El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es otro de los llamados rostros jóvenes del PRI, como lo llamó Peña Nieto junto con Javier Duarte y Roberto Borge, que está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos: se le acusa de lavado de dinero y de recibir sobornos millonarios por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación con el fin de que les entregaran la plaza para mover droga.

Sandoval, de acuerdo con las indagaciones, era pobre, pero después de dejar la gubernatura se convirtió en uno de los políticos más ricos de México: adquirió propiedades –casas, ranchos y ganado de alto registro –que puso a su nombre. Muchas propiedades fueron aseguradas por la Fiscalía Anticorrupción del estado, pero otras están en litigio.

La mañana del lunes 13, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está en diálogo con las autoridades de Estados Unidos para que les devuelvan al pueblo de México las propiedades aseguradas a políticos y delincuentes mexicanos.

Uno de los casos emblemáticos es la fortuna de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, que Estados Unidos mantiene asegurada. Se trata de una parte, por su puesto, porque otros porcentajes están invertidos en negocios como bienes raíces.

Se calcula que la fortuna del exjefe del cártel de Sinaloa asciende a unos 20 mil millones de dólares, pero todavía el cálculo, dicen, está por debajo de lo que se estima, pues se debe tomar en cuenta que el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Guzmán, abrió varias líneas de negocios, al menos unas veinte tipologías delictivas, que generó ganancias todavía incuantificables.

Guzmán Loera ha dicho que ahora que el gobierno de Estados Unidos devuelva su dinero, él prefiere que se reparta entre los pobres de México.