SINALOA; PRIMER TERRITORIO QUE CEDE EL GOBIERNO A UN CÁRTEL


por Ricardo Ravelo 
Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

El fiasco oficial exhibido la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, con motivo de la captura y liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del exjefe del cártel de Sinaloa, muestra no sólo la inexperiencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sino el desconocimiento que existe en la Secretaría de Seguridad Pública sobre la historia, expansión y, sobre todo, la narcodinámica de los cárteles de la droga.

Es claro que el Ejército no acudió preparado a Sinaloa y es todavía más evidente que no se esperaban una reacción de esa naturaleza: en menos de una hora y media la Fiscalía donde estaba retenido Ovidio quedó rodeada por vehículos cuyos con sicarios que portaban armas de alto poder y que estaban dispuestos a enfrentarse a balazos con las fuerzas armadas, insuficientes en número.
Los pocos elementos del Ejército y de la policía estatal no pudieron contener a la avasalladora oleada de violencia que desataron los miembros del cártel de Sinaloa para rescatar al hijo de “El Chapo”, a quien le permitieron todo tipo de facilidades: hacer llamadas telefónicas además del buen trato que le propinaron, algo inusual porque, en otros casos, habrían empezado los golpes, los interrogatorios a gritos, el “tehuacanazo”, por decir lo menos, y otras formas de tortura.
Ovidio le dieron un trato terso, excesivamente terso y no propio de un delincuente.
Preocupa y llama mucho la atención el desconocimiento que el gobierno tiene del mapa del crimen organizado, de la evolución que han tenido los cárteles en los últimos años, sobre todo, después de la guerra fallida de Calderón, pues esa experiencia frustrante permitió a los grupos criminales armarse, asociarse, expandirse y volverse más violentos de lo que ya eran.
Sinaloa, a decir verdad, no es históricamente un cártel beligerante. Sus orígenes establecen que es una organización criminal que ha privilegiado el negocio por encima de la violencia. Son más proclives a la negociación y, como otros grupos, saben utilizar el recurso de la corrupción para ablandar a las autoridades y ponerlas de su lado.
Sin embargo, eso no quiere decir que no dispongan de armamento de alto poder. Sinaloa es, quizá, uno de los cárteles mejor armados: tiene una capacidad de fuego impresionante capaz de competir con cualquier otro cártel o incluso con el propio Ejército Mexicano.
Existen muchos momentos en los que Sinaloa ha demostrado esta capacidad bélica: en 2014, por ejemplo, se enfrentaron al Ejército y en pleno centro de la ciudad de Culiacán hicieron pedazos a un “piquete” de soldados: les aventaron granadas y con lanzacohetes los hicieron carbón. Esto conmocionó a la sociedad.
Ante sus rivales, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, son letales. Nadie puede entrar a su territorio sin su consentimiento y si detienen a alguno de sus miembros de inmediato todos se organizan, como ocurrió en el caso de Ovidio. Estaban dispuestos a matar o a que los mataran.
En realidad, lo que ocurrió el jueves fue que Ovidio convivía con unos amigos en un restaurante. Ahí lo localizaron y los soldados y policías fueron por él al lugar. El hijo de “El Chapo” pidió que en el restaurante no se efectuara el operativo porque había familias y niños. Lo invitaron a salir. El accedió y se lo llevaron.
Y ahí empezó todo. El aparato de guerra del cártel se empezó a organizar y empezaron las balaceras por lapso de seis o siete horas, más o menos, con la psicosis y el caos que esto provocó entre la gente. Hubo gritos de pavura, de horror, de angustia ante aquella lluvia de balazos que comenzaron a zumbar por todas partes.
La decisión del Gabinete de Seguridad de liberar a Ovidio se dio en medio de tensiones: la Fiscalía iba a ser casi dinamitada por el grupo armado del cártel que ya estaba preparado con lanzagranadas cuyo blanco era la Fiscalía de Culiacán, el búnker donde había soldados y policías.
Acto seguido, un alto mando del cártel telefoneó a otro alto mando del Ejército.
–Necesitamos que liberen a muchacho o se los carga la chingada a todos. Los tenemos rodeados.
–Fueron los minutos más largos para Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública de la Cuarta Transformación, quien de inmediato buscó al presidente de la República, pero no lo encontró.
Y sin mayores rodeos, tuvieron que soltar al vástago de Guzmán Loera. Así, el Estado mexicano se rendía, se humillaba ante el cártel más poderoso del mundo.
Esta decisión, aunque explicable, según el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que habrían muerto cientos de personas de haberse enfrentado el Ejército al cártel, dejó muy mal parado al gobierno. Pero lo peor es que existe una lectura más profunda: se trata de la primera decisión oficial en la que se le concesiona el territorio a un cártel de la droga.
Esto es inédito en la historia contra el crimen organizado mexicano. Nunca antes la policía ni el Ejército habían depuesto el poder ante un grupo del crimen organizado, aunque de sobra se sabe que los criminales tienen ocupados los territorios, pero de manera oficial no había pasado.
Esto sienta un peligroso antecedente con lo que el crimen organizado puede empoderarse más en el país. La situación de crisis sube un peldaño más: es posible que ahora el crimen utilice de rehén a la población con el fin de que el gobierno ceda a sus exigencias, como lo demostró el caso de Ovidio Guzmán en Sinaloa.
La sociedad ya empezó a ser atacada por el crimen organizado. Ahí están los casos de agresiones en bares y otros lugares públicos. Esto puede escalar más alto si el gobierno federal no cambia su estrategia para enfrentar a los cárteles, cuyos dominios están más que claros en la mayoría de los municipios del país, donde controlan la vida política municipal, disponen de la protección de las policías, de la obra pública, concesiones para la recolección de la basura, entre otros beneficios. Y todo, por haber financiado a los alcaldes para que llegaran al poder.
Esta realidad –el narco en la política –es algo que no quiere ver el presidente. Ni siquiera se refiere al problema tal como está. Por el contrario, dice que la doctrina de su gobierno es la paz y el amor al prójimo. Eso está bien. Pero no estamos en una campaña evangelizadora sino frente a un problema de seguridad nacional de enorme proporciones.
El bienestar se lo puede generar cada persona sin necesidad de contar con el gobierno. Para eso no se necesita un patriarca. Se necesita que el Estado cumpla su obligación de combatir a la criminalidad porque la con vivencia social está trastocada en todo el país.
Las percepciones de inseguridad están altísimas: tan sólo en el corredor petrolero Coatzacoalcos-Minatitlán, alcanza el 95 por ciento. Y en Ecatepec, el municipio más violento, raya el 94 por ciento. Esto explica que la gente tiene muchísimo miedo.
Las policías ya no son garantía para dar seguridad. Más del 80 por ciento están “cartelizadas”, es decir, al servicio de los cárteles. Y este problema es otra asignatura pendiente que tiene el gobierno, pues por ahora la Guardia Nacional es insuficiente para detener la oleada de violencia. Por ello, es urgente depurar a los cuerpos policiacos.
Es claro que el gobierno federal no cuenta con un plan antimafia, el cual ya debería estar operando para procesar a funcionarios y políticos implicados en el crimen organizado, lavado de dinero y otros delitos que atrofian las funciones de las instituciones del Estado.
Con narcoalcaldes y narcopolicías, México no va hacia ningún lado seguro. Y lo más probable es que hechos como el de Culiacán vuelvan a repetirse por la inexperiencia del equipo de seguridad, su desconocimiento de la realidad criminal del país y su permanente improvisación a la hora de enfrentar al crimen organizado

VERACRUZ: JORGE WINCKLER, DE PODEROSO FISCAL A PRÓFUGO DE LA JUSTICIA; SU PATRÓN, YUNES LINARES, EN LA MIRA DE LA FGR


por Ricardo Ravelo

Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

De ser el amo y señor en Veracruz, donde las podía de todas, el exfiscal Jorge Winckler Ortiz –corrido por “ineficiente” –pasó a ser un prófugo de la justicia que ahora anda a salto de mata para evitar ser detenido.

En Veracruz, donde había sido nombrado fiscal General del estado por nueve años, se le acusa de privación ilegal de la libertad; se afirma que sobre él podrían pesar otros delitos: tráfico de influencias, contra la procuración de la justicia y hasta delincuencia organizada si se acredita lo que todo el mundo sabe: que protegió los intereses de personajes ligados al cártel de Jalisco Nueva Generación, la organización criminal que se afincó en Veracruz en 2016, cuando Miguel Ángel Yunes Linares asumió la gubernatura del estado por dos años.

Tras ser destituido, Winckler interpuso un recurso de amparo, el cual dio lugar al expediente 822/2019 en el Juzgado Segundo de Distrito de Xalapa, Veracruz. El amparo le fue negado, pero el quejoso recurrió a la queja –registro 184/2019 –; no obstante, un juez giró orden de aprehensión en su contra y se afirma que el llamado “fiscal carnal” se dio a la fuga.

La misma suerte podría correr, en breve, su jefe –Miguel Ángel Yunes Linares –quien en Veracruz está acusado de malversación de fondos, fraude y desvío de recursos públicos; a nivel federal, se le investiga en la Fiscalía General de la República (PGR) por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

Se dice, también, que la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, trabaja a marchas forzadas para integrar las carpetas que podrían ser consignadas próximamente, lo que daría pie a órdenes de aprehensión en contra del exgobernador Yunes Linares, de quien se afirma que ya prepara maletas para irse del país.

El caso de Jorge Winckler Ortiz también implica a otros exfuncionarios, excolaboradores suyos: uno de ellos es Marco Even Torres, fiscal anticorrupción, quien lleva poco más de quince días sin presentarse a trabajar; en la red Winckler también está implicado Eduardo Coronel Gamboa, exfiscal regional de la zona Centro-Xalapa. También fueron alcanzados los agentes ministeriales Roberto Mora Gil, Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González Hernández.

En el caso de Jorge Winckler, la orden de aprehensión deriva de la denuncia que interpuso Francisco Zárate Aviña, exescolta de Luis Ángel Bravo Contreras –antecesor de Winckler en la Fiscalía de Veracruz –quien está actualmente en prisión domiciliaria bajo los cargos de desaparición forzada en su modalidad de ocultamiento.

El caso de Zárate Aviña tiene historia. El 16 de mayo fue citado en la Fiscalía de Veracruz. Wincker estaba al frente. Quien lo citó fue Luis Eduardo Coronel Gamboa –entonces era Fiscal Especializado en Atención a Personas Desaparecidas –y en ese momento –según el expediente del caso –Zárate fue privado de su libertad.

Acto seguido, fue trasladado a la ciudad de Córdoba, donde se afirma que estuvo incomunicado por más de doce horas; también fue sometido a tortura con un objetivo: que declarara sobre el paradero de su jefe, Luis Ángel Bravo, a quien ya le tenían preparada una orden de aprehensión.

De acuerdo con un mensaje que retuiteó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ésta es –se refiere a la orden de aprehensión contra Winckler –la punta de icerberg de los actos delincuenciales que se cometieron en la pasada administración. Se hará justicia en Veracruz, escribió.

De acuerdo con este mensaje, se espera que haya más órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de la administración de Yunes Linares, quien, como ya se dijo, está acusado de varios delitos y podría ser aprehendido en las próximas semanas.

El crimen organizado

Durante el gobierno de dos años que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador de Veracruz fueron encarcelados varios funcionarios de la administración de Javier Duarte de Ochoa.

Entre otros, fueron detenidos el fiscal Luis Bravo, el Secretario de Salud, José Antonio Nemi Dib; el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermudez; la directora de la Comunicación Social,  Gina Domínguez –quien años atrás había ocupado el mismo cargo en Quintana Roo, durante el gobierno de Mario Villanueva Madrid –, entre otros altos funcionarios de ese sexenio.

Yunes Linares los acusó de malversación de fondos, desaparición forzada. En suma, les cargó haberse robado más de 80 mil millones de pesos del erario público y de haber dejado al estado en bancarrota.

A la mayoría de ellos, les fueron aseguradas sus propiedades –casas, ranchos, terrenos, yates –que extrañamente nunca fueron entregados a la hacienda del estado para su venta y así reponer “lo robado”, como lo ofreció Yunes Linares.

Existe incluso la sospecha de que el exgobernador Yunes Linares se apropió de dichos bienes y que a varios presuntos prestanombres de Javier Duarte los obligó a devolver muchos bienes y hasta dinero en efectivo que tenían guardado en cajas de seguridad.

Yunes Linares ganó las elecciones en 2016 con dos propuestas que no cumplió: que bajaría los índices de inseguridad y que recuperaría para Veracruz todos los bienes que fueron saqueados durante la gestión de Javier Duarte.

A la vuelta de nueve meses, sin embargo, otra es la historia. Ahora el exgobernador Yunes Linares podría ser detenido ya por una orden local o bien por una orden de aprehensión del fuero federal, pues en ambos fueros tiene cuentas pendientes con la justicia.

Existe un expediente en la Seido, por ejemplo, que lo relaciona con actividades de lavado de dinero: fue la época en la ocupó la dirección del Issste, en el sexenio de Felipe Calderón. Se asegura que en esa etapa Yunes amasó una fortuna descomunal que habría derivado en una investigación posterior ante el saqueo a esa institución.

También fueron mencionados sus hijos –Fernando y Miguel Ángel Yunes Márquez –de estar relacionados con la investigación internacional conocida como Panamá Papers, que apuntó hacia varios hombres de la política vinculados al lavado de dinero.

Al mes de haber dejado la gubernatura, un juez ordenó la libertad de todos los exfuncionarios del sexenio de Javier Duarte. Salieron por falta de pruebas. Esto generó una fuerte polémica: se dijo que el nuevo gobernador, Cuitláhuac García, los había liberado; pero luego circuló otra versión: que las investigaciones del gobierno de Yunes eran endebles y que los exfuncionarios fueron mantenidos en prisión por cuestiones políticas y no jurídicas. Todo apuntaba entonces a que la de Yunes había sido una venganza, pues en ningún momento buscó que se hiciera justicia.

Ahora la historia es otra: El llamado “fiscal carnal”, Jorge Winckler es buscado por la justicia veracruzana y  se afirma que es muy probable que el exgobernador también tenga que enfrentar a la justicia por los delitos que cometió.

Recientemente, Yunes Linares quedó sin poder político, pues perdió el control del Partido Acción Nacional en el estado, una plataforma que pretendía mantener para lanzar a su hijo, Fernando Yunes, como candidato a gobernador de Veracruz en el 2024.

Se dice que ahora busca cobijo en el Comité Nacional del PAN, en el PRI y le anda tocando las puertas a otros partidos con el fin de que abanderen la candidatura de su hijo.

ORFIS-Veracruz: Las cartas marcadas de Cuitláhuac


 

por Ricardo Ravelo

por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

En el estado de Veracruz siguen las tempestades: Después del estruendo generado por la tragedia en “El Caballo Blanco”, el prostíbulo de Coatzacoalcos donde murieron quemadas 30 personas, sobrevino, intempestivamente, la caída del “Fiscal carnal” –Jorge Winkler–, el empleado de Miguel Ángel Yunes Linares a quien presuntamente se le vincula con la delincuencia organizada y ésa, se afirma, habría sido la causa de su destitución. En resumen, era un estorbo para la sana procuración de justicia que exigía el Gobernador Cuitláhuac García.

El ex Fiscal alega que el madruguete orquestado en la Comisión Permanente para destituirlo fue ilegal, pero a juicio de algunos legisladores veracruzanos el ex funcionario sale ganando si no lo meten a la cárcel porque tanto la Marina como la Sedena cuentan con un amplio expediente donde aparece la lista de los presuntos delincuentes que él protegía desde la Fiscalía del estado.

Pero esto ya es historia.

Ahora, el Congreso local se apresta a nombrar al nuevo titular del órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el organismo responsable de vigilar el correcto uso del presupuesto en el estado, que actualmente preside Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, un personaje que está generando polémica porque se asegura que lo envuelve el ansia imperiosa de reelegirse en el cargo por otros 7 años a pesar de estar impedido por la ley.

Portilla Vázquez tiene una historia sucia en Veracruz: en 2014 se afilió al PRI y en alguna etapa de su carrera manejó las finanzas de ese partido, lo que le impedía desempeñarse como titular del ORFIS porque la ley exige neutralidad y él ha violado ese principio.

Además, desde el 2012, cuando arribó al cargo, se encargó de proteger el despilfarro de dinero durante el Gobierno de Javier Duarte e hizo lo propio en el bienio 2016-2018 que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares. En pocas palabras, Portilla Vázquez ha sido la tapadera de dos gobernadores que se enriquecieron a manos llenas. (Yunes ahora busca apropiarse del control del PAN en Veracruz –este sábado 7 son las elecciones estatales –con el propósito de alcanzar el ansiado objetivo de imponer a su hijo como candidato a Gobernador en el 2024 si es que no se lo impide la Fiscalía General de la República, donde existen sendos expedientes por lavado de dinero, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito)

Portilla Vázquez ahora busca afanosamente quedarse otro periodo de siete años, pero existe una fuerte oposición en su contra: la prensa veracruzana ha documentado las razones legales por las que no puede reelegirse. Se afirma que la noche del miércoles 4 habría recapacitado respecto del impulso de poder que lo atenaza cuando un amigo cercano le pidió prudencia. Y el funcionario reflexionó y decidió que la mejor decisión es no competir. Y es que de ser esta la decisión de Portilla Vázquez, se estaría ahorrando muchos problemas, el principal, sobre todo, no terminar sus días en el penal de Pacho Viejo por la cauda de anomalías que ha cometido al servir de tapadera de ex gobernadores y alcaldes que se embolsaron millones entre 2012 y lo que va de este año. La otra versión que circula es que Portilla continuaría sólo si el Gobernador así lo decide, así aprovecharía su experiencia de tapadera mostrada en los últimos siete años.

La fiebre por ocupar la titularidad del ORFIS en Veracruz es altísima: en la lista había 62 aspirantes, pero ahora sólo quedan 54, de donde el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez elegirá una terna que será enviada al Congreso del estado este fin de semana para que en unos días más se designe al nuevo titular del órgano fiscalizador.

Entre los 54 aspirantes –no todos tienen amplia currícula– existen perfiles que no reúnen los requisitos para ocupar el encargo. Sin embargo, existen profesionales en la materia que pueden ser una opción extraordinaria. Es el caso de Sergio Vázquez Jiménez, un personaje con larga trayectoria. Pertenece al Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, tiene amplia experiencia en garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y así lo ha expresado públicamente. Es un hombre con excelentes credenciales, pues, que debe ser tomado muy en cuenta ahora que la sociedad exige rigor y honestidad en el manejo de los dineros púbicos.

Entre sus propuestas destaca la transformación del ORFIS en un organismo que dé certeza y confianza en momentos en que esta dependencia ha perdido toda credibilidad con Portilla Vázquez.

En sus promocionales difundidos a través de las redes sociales, Vázquez Jiménez busca la titularidad del ORFIS porque tiene capacidad de servicio y desea –dice– trabajar para garantizar que la aplicación de los recursos públicos se realicen con transparencia.

En otras palabras, este aspirante no será tapadera del Gobernador ni de ningún otro funcionario, que es justamente lo que se necesita en estos momentos en que la sociedad veracruzana ha dejado de creer en los funcionarios públicos debido a las frustraciones derivadas de malos ejercicios en la tarea de gobernar, como fue el caso de los últimos dos gobernadores: Duarte y Yunes.

Pero con base en la lista que dispone el Gobernador de Veracruz habría que revisar si lo que realmente quiere es transparencia en el manejo de los recursos o un incondicional en ese encargo porque aparecen nombres que no propiamente garantizarían esa sana distancia con el ejecutivo debido a su cercanía:

Uno de ellos es el ingeniero Alejandro Castellano, quien además de compartir la misma profesión con Cuitláhuac García tiene una relación de amistad muy estrecha: esta condición, sin duda, no garantizaría la rigurosa transparencia que requiere el ORFIS a fin de generar confianza y certeza entre la gente.

No es todo: en la lista de aspirantes a encabezar el ORFIS se asegura que hay una mujer a quien consideran “la buena” porque también está en el ánimo del Gobernador. Se trata de Delia González Cobos. Tiene un amplio curriculum: es licenciada en derecho y maestra en derecho por la UNAM.

En el sector público trabajó como asesora en la Comisión de Gobierno de la I Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y como Secretaria Técnica de la Comisión de Equidad y Género de dicho órgano.

Además, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Procuraduría Fiscal de la Federación se desempeñó como directora de legislación y en el SAT –Administración Local Jurídica de Oriente– defendió los intereses del fisco federal en la Subadministración de Asuntos Especiales.

En el Congreso del estado de Veracruz es considerada como otra de las cartas especiales del Gobernador Cuitláhuac García, pero también se afirma que es incondicional del mandatario, lo que daría al traste con la llamada transparencia porque desde el ORFIS estaría maniatada.

En este caso la responsabilidad será del Congreso. Si los diputados eligen a uno de los consentidos de Cuitláhuac muy probablemente estarían obedeciendo a la línea del mandatario y no defenderían los intereses del pueblo, como ellos suelen presumir. Tienen dos caminos: U optan por la incondicionalidad al elegir a un fiscalizador a modo, proclive a los intereses de Cuitláhuac García Jiménez, o bien eligen a un personaje neutral que garantice el cumplimiento de la ley y no se convierta en otro instrumento del poder como lo fue Lorenzo Antonio Portilla, quien en siete años se erigió en un verdadero protector de la corrupción institucional.

Nada fácil será la tarea del nuevo fiscalizador, pues deberá optar entre la transparencia –que es una exigencia social– o la incondicionalidad con el Gobernador, quien a fin de cuentas será el que decida. La discusión en el Congreso se antoja como un mero trámite, como ocurrió la semana pasada con la decisión de correr a Jorge Winkler por ineficaz. Nadie duda que el mandatario marcará la línea a seguir a los legisladores veracruzanos. Así, el nuevo titular del ORFIS, que seguramente será nombrado la próxima semana, enfrentará todo un desafío.

 

 

 

 

 

 

El vacío de Estado, asidero del crimen


“Pero en estricto sentido el Gobierno de López Obrador no ha mostrado capacidad para garantizar no sólo la paz en el país: no tiene con…

 

por Ricardo Ravelo

 

Por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

El ataque al bar “El Caballo Blanco”, en Coatzacoalcos, Veracruz, evidencia por donde se le vea que el Gobierno de la Cuarta Transformación carece de una estrategia para enfrentar los embates terroristas del crimen organizado. El Estado simplemente está ausente, por ello, donde hay vacío de poder el crimen encuentra su mejor asidero.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue pensando que la pobreza causa delincuencia y pierde de vista que la delincuencia aumenta en los territorios donde hay vacíos de Estado.

A nueve meses de Gobierno, no ha implementado acciones contundentes para despojar al crimen de sus capitales; tampoco parece estar dispuesto a procesar a la clase política y empresarial que está aliada con los mafiosos ni mucho menos se ve para cuando empiece el desmantelamiento de los cuerpos de policía municipales, el brazo armado de la delincuencia organizada.

Simplemente, no hay estrategia.

Y esto es grave en un país que ve trastocada su gobernabilidad por los embates de los cárteles que operan en el país y que en la mayoría de los casos están ligados a los intereses políticos.

El lamentable suceso de Coatzacoalcos, que dejó 28 muertos, empañó los festejos de primer informe de Gobierno que con días de anticipación al 1 de septiembre comenzó el Presidente Andrés Manuel López Obrador con un amplio despliegue publicitario –al más puro estilo del viejo régimen –con el que el mandatario festina sus logros: las becas para los estudiantes, los apoyos a los adultos mayores, el respaldo para los aprendices, la creación de empleos y la atención directa a los más pobres, su más poderosa estructura electoral.

A través de los spots y en sus conferencias mañaneras, a penas y reconoce que su Gobierno no ha podido frenar a la delincuencia organizada, la cual crece por todas partes y, desafiante ante un Gobierno tibio, asesina multitudes, descuartiza cuerpos y con toda saña emprende actos que rayan en el terrorismo, como ocurría en los peores tiempos de la violencia que se vivió en Colombia como consecuencia de la guerra entre cárteles.

Llama la atención la desatención del Presidente cuando un grupo de personas de Veracruz le piden que intervenga el Ejército porque ya no saben qué hacer con tanta violencia.

Y el Presidente responde un sinsentido: que los criminales también son parte del pueblo y que no utilizará al ejército para reprimir al pueblo. ¿Qué hay detrás de esta respuesta? ¿Es la inconsciencia presidencial? ¿Hay pactos con el crimen organizado o realmente el Presidente ya cayó en la ceguera que causa el poder absoluto?

El mes de agosto –por citar sólo uno de los nueve meses de Gobierno fallido en materia de seguridad –fue uno de los más críticos: el día 19, en Uruapan, Michoacán, irrumpió un grupo armado cuyos hombres se identificaron como miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Anunciaban el inicio de una guerra sin tregua en ese territorio. Un día antes, el CJNG había asesinado a 19 personas: algunas de ellas fueron descuartizadas y otras colgadas en un puente. Fue toda una carnicería humana. El Presidente López Obrador sólo lamentó los hechos y añadió un lacónico mensaje a los autores materiales: “Pórtense bien”.

A estos hechos violentos siguieron otros en Tamaulipas, tierra de nadie; luego tronó la polémica por el supuesto acercamiento del Gobierno federal con grupos armados y de autodefensas que se habían sentado a dialogar, en La Huacana, Michoacán, con Ricardo Peralta, Subsecretario de Gobernación.

Todo parecía ser una línea de trabajo –la negociación –del Gobierno Federal para pacificar el territorio y hasta la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo muy optimista que había avances en las negociaciones con los grupos armados, que ellos querían deponer sus armas porque deseaban la paz.

Sin embargo, al trascender que el Gobierno Federal estaba negociando con criminales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió Sánchez Cordero y dijo que su Gobierno no negocia con criminales y que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz en el país.

Pero en estricto sentido el Gobierno de López Obrador no ha mostrado capacidad para garantizar no sólo la paz en el país: no tiene con qué garantizar la vida ni el patrimonio de nadie.

El caso más ejemplificativo por ser reciente es el incendio que provocó un grupo de criminales del CJNG en Coatzacoalcos, Veracruz, donde murieron 28 personas quemadas. Esa región petrolera lleva veinte años sumida en la violencia y ningún Gobierno ha podido rescatar ese territorio que hoy sigue en manos del crimen.

En abril último, otro episodio violento sacudió al sur de Veracruz: un grupo armado irrumpió en una fiesta, en el municipio de Minatitlán, a menos de diez kilómetros de Coatzacoalcos, para ejecutar a catorce personas. El caso, dijeron las autoridades, tuvo relación con disputas por temas de drogas, pero lo extraño es que los verdaderos autores de esa masacre siguen libres.

Este hecho estruendoso hizo que el Presidente López Obrador pusiera en marcha a la Guardia Nacional precisamente en el municipio de Minatitlán. Se desplazaron unos 600 elementos de esa corporación –insuficientes para el tamaño del problema –pero de nada sirvió: los homicidios continuaron ocurriendo lo mismo que los secuestros y los robos.

El problema de Coatzacoalcos y de buena parte de la región sur de Veracruz es el mismo que en todo el país: hay ausencia del Estado y, por ende, mucha presencia del crimen organizado. Las policías del corredor Minatitlán-Coatzacoalcos-Molocaán, Nanchital-Las Choapas están coludidas con el crimen, por ello, no pueden responder a la seguridad que reclaman los ciudadanos.

El incendio ocurrido en el bar “El Caballo Blanco” –un centro nocturno donde había espectáculo de Table Dance, venta de droga y prostitución –fue provocado porque el dueño se negó a pagar el derecho de piso correspondiente, al cual estaba obligado por los miembros del CJNG para que pudiera seguir operando el negocio.

El trágico hecho causó, otra vez, corto circuito entre el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y el fiscal Jorge Winkler –éste aliado del ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares –porque un tal Ricardo N., alias “La Loca” –señalado como presunto autor del incendio –supuestamente había sido detenido por la Fiscalía del estado y luego puesto en libertad.

Con este dato, Cuitláhuac García embarcó al Presidente López Obrador, quien acusó a la Fiscalía encabezada por Winkler de haber dejado ir al principal sospechoso del incendio en Coatzacoalcos y, por ende, responsable de la muerte de 28 personas.
Winkler atajó la acusación presidencial con un documento en el que demostró que, en efecto, el sujeto apodado “La Loca” había sido detenido y puesto en libertad pero por la Fiscalía General de la República y no por la que él representa. El hecho es que el trágico caso de Coatzacoalcos sigue bajo investigación y hasta la fecha ni la Fiscalía del Estado ni la General de la República saben a ciencia cierta si “La Loca” participó o no en los hechos. El presunto delincuente se deslindó de los hechos a través de un video que subió a las redes sociales.

Lo que resulta verdaderamente escandaloso es que, a nueve meses de Gobierno, y cuando el Presidente festina su primer informe resaltando las bondades de su administración, no existe una estrategia de seguridad para atajar la violencia del crimen organizado.

López Obrador aduce que su Gobierno no va a reprimir a nadie porque “estamos atacando las causas”, pero lo que el Presidente debe tener claro es que la pobreza no causa la delincuencia, de ahí las fallas en este rubro.

La violencia se genera porque el Estado está ausente en la mayor parte del territorio y ese vacío lo aprovecha el crimen organizado. El Gobierno no ha implementado el desmantelamiento financiero del crimen, tampoco está en la cabeza del Presidente procesar a la clase política y empresarial ligada a los intereses de la criminalidad y al lavado de dinero, por esa razón, los cárteles tienen capacidad de maniobra: disponen de toda la fuerza de sus aliados y, además, tienen el capital para generar desestabilización y seguir corrompiendo a las instituciones.

El Gobierno de López Obrador –como lo estuvo el de Fox, Calderón y Peña –está maniatado por el crimen: existen zonas del país donde la sociedad está feudalizada por la delincuencia organizada. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay vacío de Estado. El Estado está ausente y los territorios donde hay vacío de poder se convierten en el mejor asidero para el crimen organizado. Y un caso ejemplificativo es Veracruz, donde tres cárteles se disputan el control de la entidad.

Para ganar esta batalla no se necesita repartirle dinero a los pobres para que no los enganche el crimen: lo que el Presidente debe atender es el vacío de poder.

Mientras el Estado esté ausente, el crimen organizado estará presente.

Lo que AMLO no dijo


Muchos temas de estos primeros meses de gobierno de Andrés Manuel fueron omitidos en el discurso presidencial

por Peniley Ramírez

por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Andrés Manuel López Obrador informó ayer lo que considera como principales resultados de sus primeros meses de gobierno. Admitió que en seguridad no son buenos los resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva en el país. No dijo que de enero a junio hubo 17 mil homicidios, 5.3% más que en el primer semestre de 2018, según México Evalúa. Su informe, entregado al Congreso, estima que 35 mil personas serán asesinadas este año.

Sobre los programas sociales, dijo que ocho millones de adultos mayores, 790 mil personas con discapacidad y 10 millones de estudiantes reciben becas del gobierno. Sin embargo, el documento que entregó al Congreso muestra cifras contradictorias: dice que fueron 7.5 millones de adultos mayores, 691 mil con discapacidad, y 8 millones de becas para estudiantes. Ninguna de estas cifraspuede confirmarse, porque no son públicos aún los padrones de beneficiarios.

AMLO presumió que vamos a cumplir con la meta de superávit primario del 1% del PIB. No dijo que en 2019 estiman un 3% de costo financiero de la deuda y que esta proporción de deuda respecto del superávit fue calificada desde 2017 por la Auditoría Superior de la Federación como no sostenible.

Afirmó que los empresarios aceptan utilidades razonables y pagan sus contribuciones. Pero no mencionó que, según Hacienda, 70 mil personas morales tienen adeudos fiscales firmes y sólo este año se han agregado 7 mil compañías a esa lista.

Sobre la renegociación de contratos de gasoductos, destacó la postura firme y al mismo tiempo propositiva de Manuel Bartlett y no mencionó que su gobierno declaró como un ataque político la publicación de que la familia del funcionario tiene una fortuna que no corresponde a sus ingresos, antes de investigar el caso, revelado en W Radio.

Sobre TexcocoSe liquidaron los bonos y todos los contratos pendientes con las empresas. No dijo que, según su secretario de Comunicaciones, la cancelación de 692 contratos significó pagos por 71 mil millones de pesos, esto es, tres veces el presupuesto de Conacyt de este año.

De Santa Lucía, anunció: Vamos a resolver la saturación del actual aeropuerto en tres años, pero omitió que el inicio de operaciones en enero de 2022 fue declarado por la Sedena, en contradicción a lo que había anunciado López Obrador, para junio de 2021.

Ya se licitó y se otorgaron los contratos a las empresas que han comenzado a construir la nueva refinería de Dos Bocas, añadió.

No dijo que en realidad fueron invitaciones restringidas, un proceso distinto a la licitación, después de que los primeros invitados dijeron que no era factible cumplir con el presupuesto y el plazo impuesto por la administración federal.

Muchos otros temas de estos primeros meses fueron omitidos en el discurso presidencial. Tocará a la prensa y la sociedad que se siga hablando también sobre ellos.

POR PENILEY RAMÍREZ

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En Veracruz, el que la hace la paga


Por Felipe Mendiola Parra

 

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Por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Después de que un equipo de elementos de la Fiscalía General de la República llegó a la ciudad de Coatzacoalcos para realizar las investigaciones correspondientes, acerca del asesinato de 29 personas que el martes por la noche sufrieron un ataque violento, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema, para dejar en claro que se procederá en contra de cualquier funcionario que resulte involucrado con el crimen organizado.

No habrá contemplaciones con nadie, no habrá tolerancia para nadie y por el contrario, advirtió que ese asesinato masivo traerá consecuencias porque debe existir una línea divisoria entre la autoridad y la delincuencia.

Esas palabras seguramente retumbaron en los oídos de aquellos que desde hace muchos años se ha sabido, guardan una relación estrecha con grupos de delincuentes y les brindan protección, este escándalo el gobierno federal y estatal lo tendrán que limpiar con acciones enérgicas, para seguir combatiendo la corrupción.

Todo se traduce como corrupción, ese contubernio que se ha conocido y que nadie se atreve a denunciar va a salir a flote en las próximas horas, porque los elementos de la FGR trabajan a marchas forzadas.

Por lo pronto el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, se comprometió a investigar a los elementos de esa corporación que pudieran haber levando a las personas que se insiste en mencionar en la ciudad de Coatzacoalcos y eso va a ayudar mucho en la realización de las investigaciones.

En una de las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo de Coatzacoalcos fue un crimen horroroso, inhumano, algo que entristece y que nos degrada como sociedad, como gobierno y como país.

Los que estén involucrados van a aparecer en los siguientes días, si no es que ya se están fugando, porque saben que las cosas vienen en serio, que solo de esa forma se podrá combatir ese influyentísimo que tanto ha perjudicado al país.

Solo nos queda estar pendientes de quienes serán esos personajes, porque no habrá alternativa, solo el castigo que merecen por esos terribles crímenes servirá de ejemplo de lo contrario nos seguiremos exhibiendo ante el mundo como un país envuelto en la delincuencia y la corrupción y eso no se debe permitir. Que se repita aquella frase: En Veracruz, el que la hace la paga. Más claro ni el agua.

Los 20 millones del Censo


En las próximas semanas comenzará a discutirse el presupuesto federal para 2020, mientras la economía crece a 0%

por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

José Nabor llegó agitado a su lugar en la mesa para hablar sobre desigualdad en la Facultad de Economía de la UNAM. Comenzó su ponencia, una de sus primeras apariciones públicas desde que fue nombrado secretario ejecutivo de Coneval, recordándole a su auditorio que en México hay 52.4 millones de pobres y 71.1 millones con carencia de seguridad social.

En pocos minutos, se adentró a contar los detalles de las reuniones con funcionarios federales que estamos coordinando. Los funcionarios, dijo, aceptan una problemática, llamémosle de esa manera, y tienen voluntad de hacer cambios.

La problemática no es menor. Existe un subejercicio en programas sociales del gobierno federal de más de 21 mil millones de pesos, de acuerdo con un análisis publicado por Expansión. Según datos de Hacienda analizados en esta columna en julio, las secretarías más afectadas son las que tienen mayor carga en los programas estrella del obradorismo: Bienestar y Educación.

Luis Monroy-Gómez-Franco, especialista en análisis de desigualdad, dijo para esta columna que han encontrado serios problemas en el diseño metodológico del llamado censo del Bienestar, porque no permite recabar información indispensable para el diseño e implementación correcta de la nueva política social. El cuestionario no se ha levantado realmente como un censo, porque no hay evidencia de que se haya hecho de casa en casa, la secuencia de preguntas no es clara y le faltan otras que los especialistas consideran indispensables para saber si una persona realmente necesita ayuda del gobierno.

Han pasado nueve meses desde que comenzó la administración obradorista, pero aún el gobierno no cuenta con datos públicos sobre quiénes son los beneficiarios del Censo. En enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya había contado a 20 millones de familias. En junio, dijo que eran 14 millones de personas. En las declaraciones de Nabor, este número cambió de nuevo. Ya tuve reunión con Gabriel García, que es el coordinador del famoso censo de Bienestar. Me enseñó la plataforma del censo. Hay más de 20 millones de registros en ese censo, que próximamente se va a hacer público, dijo en la UNAM.

Y añadió: Los secretarios de Estado, al menos con los que yo me he entrevistado, tienen la noción y la claridad de que hay algunas coyunturas que no están permitiendo el ejercicio eficaz. Esos mismos secretarios, según él, están abiertos a hacer una reestructuración o dirigir en un camino alternativo nuestros programas.

En las próximas semanas comenzará a discutirse en México el presupuesto federal para 2020, mientras la economía crece a 0% y miles de personas siguen esperando las ayudas prometidas. Veremos en los próximos meses cuántos reciben, a cuántos les falta y cuánto están dispuestos los secretarios de Estado a modificar de los planes federales para que los discursos y las promesas se cumplan en los hechos.

POR PENILEY RAMÍREZ

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EL LADO OSCURO DE LA NUEVA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO


por Ricardo Ravelo 

Por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

La endeble economía mexicana –debilitada debido a la crisis financiera del país y a los efectos de una recesión que, pese a su impacto, es negada por el presidente Andrés Manuel López Obrador –no tendría como flotar si no fuera por la gran actividad de lavado de dinero que existe en el país y que opera impunemente.

Por todas partes fluye y refluye el dinero sucio que proviene de actividades ilegales –secuestros, narcotráfico, contrabando, cobro de piso, piratería, regenteo de giros negros y de prostitutas, venta de protección, transacciones en efectivo sin soporte, entre otras –que pasan “desapercibidas” para las autoridades.

Eso sí, si alguna persona común y corriente se para en la ventanilla de un banco para depositar cien mil pesos, de inmediato el cajero, como si fuera una autoridad fiscal, pregunta de dónde provienen los fondos. Existen casos en que si el poseedor del dinero no lo acredita, no le permiten realizar el depósito.

Sin embargo, en la economía informal que mantiene de pie a este país se presentan todos los días actividades de lavado de dinero que ninguna autoridad fiscaliza. Menos aun si quienes las realizan tienen algún amigo o familiar en el poder político.

Sin embargo, el Estado mexicano ahora dispone de una nueva arma. Y es bastante peligrosa si la aplican funcionarios mafiosos: Es la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, la que se aplicará cuando sólo exista una sospecha, por parte de algún funcionario del Ministerio Público, de que alguna empresa está presuntamente relacionada con actividades ilícitas para que pueda solicitarle a un juez el aseguramiento de bienes e incluso el Estado puede ponerlos en venta anticipadamente –es decir –antes de que un juez emita una sentencia condenatoria.

Este nuevo instrumento es el que fue aprobado por los legisladores y que entró en vigor el pasado 9 de agosto.

Esta nueva arma legal, que sustituye a la Ley de Extinción de Dominio, ahora pretende convertir este instrumento en una verdadera máquina de hacer dinero para el Estado.

En realidad es ambas cosas: una arma y una máquina de obtener dinero. Y puede ser usada para bien o para mal.

Y es que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, puesta en vigor a principios de este mes, es un instrumento que puede ser utilizado para combatir con más fuerza los bienes generados por el crimen o los que utiliza la mafia para delinquir. Sin embargo, como toda ley ventajosa, también puede ser empleada para afectar a ciudadanos honestos.

A juicio de algunos analistas, en realidad la citada ley es una máquina que permite transformar propiedades privadas en dinero para el Estado ipso facto.

Este tentador mecanismo permite financiar fácilmente al gobierno con cualquier bien que un Ministerio Público apunte con el dedo, el cual podrá ser vendido antes de que termine un juicio para que el gobierno gaste los recursos de manera discrecional en sus programas sociales o en lo que decida el presidente de la República o incluso los propios gobernadores de los estados.

En el pasado reciente, el gobierno federal ya contaba con la denominada acción de extinción de dominio: fue copiada de Colombia y éste país importó el instrumento de Italia, donde tuvo éxito sobre todo en la lucha feroz que tanto el país europeo como el sudamericano libraron contra la mafia entre los años ochenta y noventa. Ellos entendieron que no podían luchar contra el crimen sin debilitar sus finanzas. Y les dio resultado.

Con base en el espíritu de esa ley, la extinción de dominio era la pérdida de los derechos de una persona sobre uno o varios bienes, sin compensación alguna y en favor del Estado, cuando se acreditaba que dichas posesiones –ranchos, casas, dinero, vehículos, entre otros –provenían de una actividad ilícita probada mediante una sentencia.

En México este instrumento se encontraba regulado en la Ley Federal de Extinción de Dominio y en 32 leyes locales. Ahora todo cambió. Sólo existe una Ley Nacional de Extinción de Dominio, que puede ser aplicada por Ministerios Públicos federales y locales, así como por el presidente de la República, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

De las comparaciones que se han realizado entre la antigua ley y la nueva, resulta que la nueva ley –según analistas –restringe y viola más derechos humanos, es decir, es una ley regresiva; amplía la discrecionalidad en el poder que puede ejercer el gobierno.

La antigua ley otorgaba el derecho a las personas demandadas a que, si el juez penal determinaba que no había suficientes elementos para probar la existencia del cuerpo del delito, no había una persona muerta ni rastros de alguna droga, el afectado por el aseguramiento de sus bienes tenía derecho a que se le reparara el daño que se le había causado.

Este derecho, sin embargo, desapareció en la nueva ley. Así, en el peor de los casos, la nueva ley abre la posibilidad de que el Estado no tenga que reparar el daño que haya causado a quienes les haya asegurado sus bienes, aun cuando no se hubiere probado ni siquiera la existencia de un delito.

Y de esta forma, el Estado puede poner en venta los bienes asegurados aun cuando no exista de por medio una sentencia condenatoria.

De acuerdo con los pormenores de la nueva Ley de Extinción de Dominio, éste ordenamiento es de carácter civil al que no le aplica la presunción de inocencia sino la presunción de buena fe: es la presunción de que una persona es propietaria o poseedora legítima de sus bienes, hasta que se demuestre lo contrario.

A pesar de que tanto en la antigua y la nueva ley reconocen este derecho, ninguna de las dos lo hace realmente: bajo ambas se tiene que acreditar la legítima procedencia de los bienes o su titularidad, entre otras cosas, para gozar de esta presunción. En otros términos: se presume la mala fe y la buena fe tiene que acreditarse.

Empero, ahora las cosas son completamente diferentes y estas nuevas disposiciones han causado cuestionamientos severos al poder Legislativo porque antes la ley  permitía el máximo beneficio a quien acreditaba que había adquirido sus bienes de forma legal y eso le permitía excluir sus bienes de la extinción de dominio.

Por el contrario, ahora la nueva ley restringe los beneficios de la buena fe: quien la acredite no podrá excluir del juicio los bienes sobre los que probó que era el legítimo propietario, sino que sólo podrá evitar que estos se aseguren provisionalmente. Además, ahora el juez tiene la libertad para decidir si la buena fe es suficiente para cancelar el aseguramiento precautorio de bienes, cuando antes era un derecho del demandado.

Existen otros puntos tan polémicos como absurdos en la nueva Ley de Extinción de Dominio. Por ejemplo, antes de que los legisladores aprobaran dicha ley un Ministerio Público sólo podía demandar la extinción de dominio si, a partir de una carpeta de investigación, advertía la existencia de bienes cuyo origen pudiera ser ilícito.

Ahora, la demanda puede iniciarse incluso por cualquier información que pueda servir para preparar la acción de extinción de dominio. Esto quiere decir que el juicio podría iniciarse por chismes, rumores o dichos que el Ministerio Público considere suficientes para ejercer la acción de extinción de dominio. De esta forma, ni siquiera es necesario que haya una denuncia previa para que se inicie el juicio correspondiente y, en su caso, se proceda al aseguramiento de los bienes de cualquier persona.

Esta nueva Ley de Extinción de Dominio ya ha generado mucha polémica porque a todas luces se trata de un instrumento que puede usarse para delinquir desde las propias instituciones que procuran justicia. Con este nuevo instrumento, se fortalece el brazo armado del poder.

Sin ningún tipo de saneamiento, ahora los agentes del Ministerio Público y los jueces –en muchos casos considerados verdaderas cofradías de pillos y corruptos –pueden ordenar la extinción de dominio a su conveniencia, o como se acostumbra, presionando a los dueños de esos bienes para que aflojen dinero y así no les quiten sus propiedades.

El manejo discrecional de este ley va a resultar todo un negocio porque se sabe que no sólo se aplicará a los mafiosos –narcotraficantes, lavadores de dinero o secuestradores –sino a gente inocente que puede caer en las garras de esta otra mafia del poder, Ministerios Públicos, jueces, magistrados y hasta ministros. No nos estamos refiriendo a todos, porque sin duda que existen funcionarios honestos, hay honrosas excepciones, pues; pero se sabe que la mayoría se mueve en los pantanosos terrenos de la corrupción.

Seguramente la polémica que ha desatado esta ley llegará algún día a los más altos tribunales para que se eche abajo por algún detalle de inconstitucionalidad. Viola los más elementales derechos que una persona tiene para defenderse y le otorga al Estado facultades discrecionales hasta para vender las propiedades aseguradas sin que haya de por medio una sentencia.

Y mientras la ley puede aplicarse a personas inocentes, ahí siguen los capos del narcotráfico gozando de plena libertad, desapareciendo y asesinando personas. Por un lado, el gobierno presume una ley para combatir al crimen desde sus finanzas, pero por el otro el gobierno permite que capos como Ismael El Mayo Zambada –con fama de narcotraficante desde hace cinco décadas –siga en libertad y ni siquiera sea buscado. Lo mismo ocurre con Nemesio Oseguera, jefe del Cártel de Jalisco, la actual pesadilla de México, cuyo feudo está en Jalisco, entre otros mafiosos de la droga.

Todo indica que la nueva Ley de Extinción de Dominio respetará a los narcotraficantes y mafiosos y se aplicará según el parecer de los agentes del MP, Jueces, del presidente de la República y los gobernadores del país, una cauda de políticos tan mafiosos como los propios capos del crimen organizado.

Mafia contra mafia.

¿Hasta cuándo se va a acabar la delincuencia en Veracruz?


por Felipe Mendiola

por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó a Burundanga, les hinchan los pies…

Esta es la letra de una canción de la cubana Celia Cruz, ya muy vieja, que se escuchó en los años 60 y que tenía un buen ritmo de guaracha, pero lo importante ahí es que a lo largo de esa tonadilla se observa un tremendo lío que nunca acaba. Un tremendo enredo.

Algo así es lo que estamos viendo con los enredos del Fiscal General del Estado, Jorge Winkler Ortiz, que recibió un exhorto de parte del Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, para que llamara a comparecer y a declarar al ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, por el homicidio de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea.

¿Por qué dijo eso el secretario de Seguridad Pública?

Bueno, pues resulta que quien supuestamente fue el autor material de ese asesinato, Primito “N”, fue empleado de la oficina de gobierno del ex gobernador panista, esa era una de las razones por la que debía ser llamado a declarar.

Pero además, porque la Secretaría de Seguridad Pública se encargó de realizar algunas investigaciones con personal especializado, que llevaron al secretario de Seguridad Pública a tomar esa determinación.

Me queda claro que los únicos que pueden hacer esas investigaciones, de manera oficial, son los ministeriales, pero esa era una forma de colaborar de otra dependencia oficial, sin embargo fue mal recibida esa recomendación.

Entonces en vez de enviar un citatorio al ex gobernador, que muchos sabemos es su jefe desde hace muchos años, Winkler reviró y le mandó el citatorio a Hugo Gutiérrez Maldonado para que ampliara su explicación de la declaración que dio ante la prensa el viernes pasado. La comparecencia debió ser este lunes por la tarde.

Lógicamente el secretario de Seguridad Pública no fue, envió por escrito su declaración, como lo establece la ley para estos casos.

Mientras eso sucede me imagino que el ex gobernador panista se la debe pasar muy divertida, tal vez a las risas, moviendo sus hilos, a la espera de ver qué más puede suceder, agarrándole los bigotes al león de manera burlona.

Pero el pueblo ve esto como un partido de Ping Pong, volteamos para un lado y para otro, esperando que se haga justicia, que se tomen las cosas en serio y que las instituciones se pongan de acuerdo de una buena vez para seguir combatiendo la corrupción y la delincuencia, pero hasta cuándo va a acabar esto que ya rebasó los límites de la tolerancia. Más claro ni el agua.

Los vacacionistas


En los últimos meses, decenas de exfuncionarios han contratado abogados para que “vean sus casos”

por Peniley Ramírez

 

por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Estoy de vacaciones, dijo mi fuente al teléfono. Podemos vernos la próxima semana, repliqué. No, es que no sé cuánto van a durar mis vacaciones.

Nos quedamos en silencio. Había en su respiración una calma espesa, de las que anticipan malas noticias. Van por mí, estoy en la lista, añadió finalmente.

Pasó la siguiente media hora explicándome por enésima vez su caso, lo que hizo, lo que vio, lo que en su momento dijo a sus jefes, lo que ahora teme.

Era la tercera fuente en dos semanas que me decía: estoy de vacaciones, no sé hasta cuándo. Cada uno, por su cuenta, preguntó ¿cómo ves las cosas? ¿Qué crees que va a pasar?

Llevo meses engrosando una lista, hablando con abogados, siguiendo los adelantos de investigaciones que funcionarios del gobierno obradorista han filtrado a periódicos, organizaciones, conductores, columnistas.

La prensa mexicana hoy es una cacería de próximas víctimas, de procesos que se abren, de empresas, esquemas, exfuncionarios que son investigados.

El gobierno federal lo sabe, y así lo está usando.

Hay un denominador común: la mayoría de las investigaciones actuales son retomadas de casos que se iniciaron, y algunos concluyeron en fiscalías locales o ámbitos administrativos federales, en el sexenio pasado. Su reactivación hoy sirve para sostener un discurso y para alimentar a la prensa, para saciar el apetito de la primicia sobre el próximo investigado que se convertirá en trending topic.

Hay otro denominador. En cada caso que he seguido, lo que ahora se procesa parece tangencial, un mínimo escaño en un esquema profundo, que no se toca, porque cada proceso judicial se enfoca en la superficie, en los procedimientos incumplidos, no en los grandes y añejos mecanismos para sangrar al erario.

Debe ser así, me dicen en el gobierno, porque necesitan algo concreto con qué procesar, y los periodistas, con qué llenar titulares.

Por eso no me pareció extraño que Rosario Robles fuera sujeta a prisión preventiva por el caso La Estafa Maestra, que reveló Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Unas horas antes, me dijo una fuente cercana al caso, un expresidente de México le advirtió que no fuera a la última audiencia, que tenía información de que la detendrían. Otra fuente me aseguróque sus abogados le advirtieron que no se presentara a las audiencias ni siquiera a la primera, que lo más atinado era ampararse. Pero ella no quiso. Dijo que daría la cara, a su defensa y a los periodistas que la abordaron.

Robles es la excepción. En los últimos meses, decenas de exfuncionarios, de mediano y alto nivel, han contratado equipos de abogados para que vean sus casos, se han amparado, se han ido de vacaciones. Muchos más, cuando los consultamos desde la prensa, dicen llanamente: no quiero alzar la cabeza, no quiero criticar públicamente, no quiero que se fijen en mí.

POR PENILEY RAMÍREZ

PENILEYRAMIREZ@UNIVISION.NET

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CJNG: Imparable expansión hacia el Caribe


“A base de sangre y fuego, el CJNG se ha consolidado como el más boyante de la última década”.

por Ricardo Ravelo Galo

 

Por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

A base de sangre y fuego, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha consolidado como el más boyante de la última década: desplazó a los cárteles del Golfo y Zetas y desde hace tres años empezó a controlar el tráfico de drogas en Quintana Roo y la Península de Yucatán, donde además ha logrado diversificar sus actividades.

El viernes 19, sicarios de esa organización criminal acribillaron a 19 personas en Uruapan, Michoacán: desperdigados por todas partes quedaron los cuerpos de al menos once presuntos miembros de “Los Viagras”, en tanto que otros fueron colgados en un puente y unos más terminaron descuartizados, la saña sin límite.

Esta semana, el CJNG difundió un video a través de las redes sociales en el que le declaran la guerra a Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, un personaje que inició su carrera criminal en el cártel de los hermanos Valencia, el mismo donde se formó Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

En el video aparecen hombres encapuchados mostrando sus armas de alto poder. Y una voz anuncia la guerra en Michoacán para asesinar a “El Abuelo”, quien el año pasado fue capturado por la Marina, pero como falsearon el informe respecto de la forma en que fue detenido, el juez de la causa lo puso en libertad.

Ahora el CJNG lo acusa de traición, pues de acuerdo con el mensaje difundido en el video el tal “Abuelo” se vinculó a Alfonso Fernández Malagón, “El Comandante Poncho”, quien encabeza a un grupo de autodefensas en el municipio de Los Reyes, en Michoacán.

Así, el CJNG tomó el control de Michoacán ante la indiferencia oficial. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes 12, tres días después de la matanza de Uruapan, que su Gobierno no actuaría con represión porque estaban atancando las causas para terminar con el crimen organizado.

Eficaz o no esa medida, lo cierto es que para el Gobierno federal no parece significar nada extraordinario el hecho de que un cártel tome el control de un estado y asesine a personas impunemente. Al menos una acción debería hacer para frenar esa carnicería humana y frenar la ola de violencia que anunció el CJNG.

La organización criminal de “El Mencho” es la que más ha crecido en la última década, pero en los dos últimos sexenios –el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –dicha organización se mantuvo intocada, el discurso de la impunidad por encima de la ley.

De acuerdo con informes de la Drug Enforcement Administration (DEA) y reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, el CJNG fue uno de los objetivos prioritarios en el sexenio pasado, pero lejos de frenar su expansión, ésta se afianzó porque el grupo que encabeza Nemesio Oseguera se posicionó en territorios como Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, desde donde operan el tráfico de drogas a gran escala; también ha reactivado la industria del secuestro, el cobro de piso, la venta de protección, la piratería, el control de giros negros, el despojo de propiedades, entre otras modalidades delictivas.

En Quintana Roo el CJNG –donde se ubican varios de los complejos turísticos más importantes del país– encontró su mejor asidero: irrumpió en el año 2016 disputando la plaza con el cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, rivales acérrimos.

Más tarde, los reportes oficiales refirieron que el CJNG ya operaba ampliamente en Cancún y Playa del Carmen –ambos sitios con una fuerte actividad turística –donde entró en disputa territorial con el llamado “cártel de Cancún”, encabezado hasta agosto de 2017 por Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, detenida hace dos años en Puebla durante un operativo implementado la Policía Federal y efectivos de la Marina.

Oriunda de Veracruz, Rodríguez Lara, ex integrante de la extinta Policía Judicial Federal, operó el tráfico de drogas, el cobro de piso y el tráfico humano al crear un grupo conformado por ex miembros del cártel del Golfo y de “Los Zetas”; sin embargo, tras su detención, “El Mencho” se apoderó de las plazas que ella operaba no sin antes librar una batalla a muerte con el grupo Los Combos –integrado por sicarios que arribaron a Cancún provenientes de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco– quienes también estuvieron enfrentados al “cártel de Cancún”, lo que derivó en que se desataran balaceras tanto de día como de noche en bares y centros nocturnos de la zona turística.

Los primeros indicios de que el CJNG ya estaba en Cancún se registraron en el año 2016, cuando fueron detenidas catorce personas que portaban armas y drogas. Once de ellas, de acuerdo con sus declaraciones ministeriales, aceptaron ser miembros del grupo criminal liderado por “El Mencho”.

Según la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el CJNG está operando en Quintana Roo y su presencia se tiene detectada en los municipios de Cozumel, Bacalar, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum. Las células de este cártel habrían arribado al estado al finalizar la administración de Roberto Borge, actualmente preso bajo cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado.

Según la dependencia federal, el Cártel de Jalisco tiene una sofisticada red de operación y opera con una amplia distribución de sus actividades: algunas de sus células se encargan de la operación de las llamadas narcotienditas y éstas están a cargo de Rigoberto Saldívar, alias “La Mocha”; este sujeto se encarga también de pagar la cuota de rigor a la policía estatal para garantizar la protección.

Otra célula, encabezada por Óscar Rodríguez, “La Rana”, se encarga de los secuestros. Dentro de esta misma estructura está identificado “Manuel Borbolla”, “El Rayo”, quien está encargado de los plagios en Mérida y también se ocupa del cobro de piso y del pago a la policía.

En Cancún y Playa del Carmen opera Juan José Rivera, “El Dragón”. De acuerdo con los informes policiacos, éste sujeto se ocupa del cobro de piso en bares, cantinas, centros nocturnos y también de la distribución de droga en la zona hotelera.

Dentro de la estructura de sicarios hay varios grupos, de acuerdo con los informes: Estos están siempre prestos para actuar ante cualquier emergencia que enfrente la parte operativa. Un caso de cómo actúa este grupo quedó registrado en la balacera que se desató en el bar La Kuka, ubicado en la avenida López Portillo, de Cancún,  en febrero de este año, que dejó un saldo de doce muertos y diez heridos.

El informe también señala que en Quintana Roo el CJNG dispone de armamento de alto poder:

“El CJNG tiene armamento para poder implementar acciones de violencia y combatir a sus rivales en la zona turística Cancún-Playa del Carmen; el armamento entra por la isla de Holbox, la droga que ellos distribuyen proviene de Colombia, especialmente del cártel de Medellín, que le ha ganado terreno al cártel de Cali, distribuidores de Los Zetas.

“También se ha detectado que la droga que se distribuye en el estado de Quintana Roo es llevada de las bodegas que el CJNG tiene en Guatemala, cerca de la frontera con México, la cual es transportada por la ruta Chiapas-Tabasco-Veracruz. Por esta ruta luego es llevada a Quintana Roo y Tamaulipas. En este último estado se prepara para ser introducida a Estados Unidos, a través de las aduanas, donde estos grupos criminales tienen sus contactos”.

El cártel de Jalisco surgió hace una década, emergió al escenario criminal apoyado por el cártel de Sinaloa, con el cual rompió relaciones. Durante un largo periodo estuvieron enfrentados, pero de acuerdo con informes oficiales actualmente existe una tregua entre ellos.

Este dato lo confirma también la DEA. En uno de sus reportes, fechado el 12 de abril de este año, señala:

“Existe un pacto momentáneo entre el cártel de Sinaloa y el CJNG, éste último domina los estados de Yucatán y Quintana Roo; el primer cártel sólo utiliza la Península para llevar sus cargamentos de droga a la Florida y no puede comercializar en La Panínsula. Esto es parte de un acuerdo entre estos grupos criminales”.

El enfrentamiento –según las autoridades– fue entre miembros del CJNG y el grupo Los Pelones, que se disputan el control territorial y también el cobro de piso y venta de droga en bares y centros nocturnos.

Antes, un enfrentamiento similar tuvo lugar en el bar “Sandino”, en donde tres personas fallecieron como consecuencia del enfrentamiento entre ambos grupos criminales. Este choque entre cárteles tiene una explicación para la SSPF:

“Es muy claro –dice uno de sus informes sobre el crimen organizado en Quintana Roo –que los grupos que antes operaban crearon una desestabilización al nuevo Gobierno; el cártel de Jalisco actualmente está replegando y combatiendo a las células delictivas que diversificaron desordenadamente sus actividades económicas y criminales, como las extorsiones, las cuales realizaban varios grupos delictivos a un mismo negocio. Esta es una forma de controlar la plaza.

“Existen testimonios de comerciantes de Cancún y Playa del Carmen, quienes aseguran que pagaban derecho de piso a tres grupos criminales”, sostiene el informe. Y añade: “Esto incrementó los ajustes de cuentas entre los narcomenudistas, tuvo un impacto colateral, ya que afectó al sindicato de taxistas, quienes eran utilizados para la distribución de drogas. Todo esto permitió que el CJNG ingresara se consolidara en la plaza turística del norte de Quintana Roo”.

Otros informes dan cuenta que, además del CJNG, en Quintana Roo también operan los cárteles del Golfo, Zetas y Sinaloa; también se han identificado grupos armados ligados al tráfico de drogas, entre otros, “Los Pelones” y “los Talibanes”, de acuerdo con un reporte de la organización “Justice in México”.

Las autoridades mexicanas no dudan al afirmar que, después de Sinaloa –el cártel más poderoso del planeta, de acuerdo con la DEA–el segundo cártel más fuerte y con mayor expansión en menos tiempo es el de Jalisco, cuyos tentáculos ya dominan en más de diez estados de la República.

Las autoridades de Quintana Roo reconocen que existe una fuerte actividad criminal en el estado y que ésta tiene que ver con la disputa territorial que enfrentan los cárteles, pero algunos han minimizado el nivel de violencia que existe en el estado.

En 2018, por ejemplo, el entonces titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Pench Cen, reconoció que en Cancún se tenían identificados a siete grupos criminales, aunque luego aclaró que se trataba solamente de bandas dedicadas al narcomenudeo.

Nunca mencionó que el CJNG ya es el amo y señor del narcotráfico en Quintana Roo.

 

 

 

 

¿Es Rosario Robles la punta de la madeja o solo una hilacha expuesta en la hoguera pública?


 

 

por Rodolfo Calderón Vivar

por Rodolfo Calderón Vivar, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

El primero de agosto de 2018, el presidente electo, Andrés López Obrador, sorprendió cuando aparentemente defendió a Rosario Robles de las acusaciones en su contra por su importante relación en el caso de la denominada “Estafa Maestra”, apuntando que él pensaba que la famosa funcionaria peñista era un chivo expiatorio de  este caso de corrupción, puesto que los verdaderos culpables eran “los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado” por lo que provocaban simulaciones en donde, si eran descubiertos, aparecían otros, los chivos expiatorios para ofrecer circo a la gente.

Aunque el presidente electo reiteró que las investigaciones deberían proseguir para hallar las culpabilidades de todos los involucrados en el caso, su opinión respecto a Rosario Robles dió pauta a que algunos miembros de la oposición insinuaran que estaba procediendo igual que Peña Nieto, con el famoso “no te preocupes, Rosario”, para proteger a la mujer que, de antaño, ya tenía otros escándalos como el   ligado con el PRD y el propio López Obrador, cuando era  candidato presidencial en 2006, referentes a los videos tomados a Rene Bejarano recibiendo dinero de Carlos Ahumada, entonces pareja de la funcionaria de izquierda. En suma, el presidente López Obrador, decían los opositores, no iba castigar a Rosario ni a otros funcionarios involucrados en la Estafa Maestra.

 

Pero la lectura era equivocada. Un indicio aparatoso lo fue la comparecencia de la titular de SEDATU, Rosario Robles, ante el poder legislativo, el 16 de octubre de 2018,  en donde el diputado Gerardo Fernández Noroña, uno de los más fuertes golpeadores de la corriente lopezobradorista, increpó a la funcionaria tachándola de cínica y corrupta durante toda su intervención, aludiendo precisamente al caso de la Estafa Maestra, mientras los priistas intentaban acallar con muy débiles argumentos de misoginia al puntilloso legislador,

En esa sesión, en el uso de la palabra ante los diputados,  Fernández Noroña, dirigiéndose a la bancada panista que había  mantenido  el rumor de que, como Peña, López Obrador protegía de cualquier acción judicial a la funcionaria peñista, les dijo:

“Aprovecho para decirle a Acción Nacional, que de manera reiterada ha estado diciendo que el presidente electo le va a dar impunidd a  la señora Robles. No va a haber impunidad para nadie. La señora Robles, el señor Enrique Peña Nieto, Lozoya Thielman,  y todos los que han estado incurriendo en actos de corrupción, tendrán que responder ante la justicia por sus actos en contra de los intereses del pueblo”

De alguna manera, esa declaración de Fernández Noroña,  fue  el presagio de lo que vino a concluir con la reciente detención de Rosario Robles en estos últimos días,  en lo que parece ser, también,  un circo mediático pues se aplica una especie de justicia selectiva aplicada  solo una persona ligada al caso de la Estafa Maestra, que tiene que ver con el desvío de más de siete mil millones de pesos, en donde participaron, según fuentes de la Auditoría Superior de la Federación y de la investigación periodística del medio  “Animal Político”,  once dependencias federales, ocho universidades públicas y 186 empresas (unas fantasmas, otras inexistentes y algunas más sin tener en regla todos sus papeles)

El caso de Rosario Robles plantea, metafóricamente hablando, una ambigüedad al desarrollo del castigo a los culpables de  la Estafa Maestra, pues no se sabe si se trata de la punta de la madeja que se irá deshilando para ir procediendo contra más de 30 funcionarios públicos de la época peñista, tanto en el gobierno federal como el sector educativo, asi como otros operarios del sector privado que participaron en una jugosa extracción del dinero público, mediante una compleja red de corrupción que, al estilo de los planes  estratégicas neoliberales, fue cuidadosamente orquestada en tiempos, espacios y metas a alcanzar.  O se trata, para los escépticos, de exhibir a la ex funcionaria de SEDATU  como una hilacha expuesta a la hoguera pública, para consumo de las masas, dado que los jefes de jefes a los que siempre alude López Obrador, no parece serán indiciados porque las pruebas se quedan en los niveles de abajo de ellos.

Se duda que se implique   al ex presidente Peña Nieto, pese a las afirmaciones de Rosario Robles de que ella lo  enteró, vía telefónica, sobre las  irregularidades detectadas al respecto. No hay manera de comprobar esa afirmación y extraña  que la funcionaria no halla usado documentos escritos que serían evidencias más sólidas de tal comunicación con el titular del Poder Ejecutivo.   Y habrá que ver cuántos de los altos funcionarios y personajes involucrados con  alguna responsabilidad en el asunto serán  llamados a comparecer, para aclarar o defenderse de cualquier cargo en su contra. Entre ellos están: Alfredo del Mazo Maza,   Emilio Chuayffet  Chemor,  Emilio Lozoya Austin,   Enrique Martínez y Martínez,   Enrique Martínez y Martínez,     Enrique Sánchez Cruz,  José Reyes Baeza Terrazas,  Alfredo Llorente Martí­nez,   Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez,    Gerardo Ruiz Esparza, Ildefonso Guajardo,  Jorge Olvera Garci­a,     Erick Herzán Torres Mulhia,   José  Antonio Ruz Hernández, Sergio Augusto López Peña, José Luis Hernádez Lazo, Alejandro Vera Jiménez,  José  Víc­tor Zárate Aguilera, Pedro Javier Muñoz Vergara,  José Manuel Piña Gutiérrez, Luis Andrés Domí­nguez Alejandro, Carlos Mario Olán López, Fernando Calzada Falcón.

Como rareza se apunta,  desde la  perspectiva de género,  que solo hay, hasta el momento,   una mujer detenida y  libres todos los demás altos ex funcionarios ligados a la Estafa Maestra, que son  hombres.

Videgaray y las cuentas pendientes


por Peniley Ramírez

Desde que Peña Nieto era gobernador en el Estado de México, Videgaray negociaba su presupuesto en el Congreso

por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Luis Videgaray era un hombre a quien el ex presidente Enrique Peña Nieto admiraba, en quien confiaba tareas que parecían imposibles y quien le respondía, ante un desafío, que él lo resolvería. Desde que Peña Nieto era gobernador en el Estado de México, Videgaray negociaba su presupuesto en el Congreso, tejía alianzas con otras facciones políticas y alardeaba de su talento para refinanciar.

Ahora, no puede obviarse su papel en dos de los casos más importantes que investiga el gobierno obradorista: la compra, en 2014, de la planta de Agronitrogenados y de Grupo Fertinal, en 2015. El financiamiento para la adquisición de ambos activos, hoy investigados, pasó por un órgano colegiado que Videgaray presidía, y donde además ejercía una influencia formal e informal insoslayable: el Consejo Directivo, máxima autoridad en la estructura de gobierno, de Nacional Financiera (Nafin).

Desde marzo de 2019, la Fiscalía General de la República tiene en su poder una denuncia de Petróleos Mexicanos en la que habla del papel de Nafin como financiador de la compra de Grupo Fertinal. Esta adquisición, según la denuncia, estuvo respaldada primero por una auditoría previa y luego por la aprobación de un crédito de Nafin donde Videgaray, como secretario de Hacienda, era presidente del Consejo.

Este era el segundo caso. Ya en 2014, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Nafin había aprobado un crédito por un monto máximo de 390 millones de dólares para la compra de Agronitrogenados a Altos Hornos de México. Pagaron un precio 193 millones de dólares superior al que pudo haberse pagado, según la denuncia de Pemex en marzo.

¿Por qué Nacional Financiera aprobó estos créditos, cuando ambas compañías tenían problemas operativos y financieros, como acreditaron la prensa, la Auditoría y Pemex?

La salida de Emilio Lozoya de Pemex en 2015, a decir de dos fuentes familiarizadas con el caso, no se explicaría sin una fuerte discusión con Videgaray, en la que el entonces secretario de Hacienda habría dicho que él conseguiría el dinero para pagar Fertinal, cuyo financiamiento pasó por el mismo Consejo de Nafin. Correos electrónicos de Lozoya que obtuvimos en Univision en junio, abonan a esta versión. En ellos se observa que él consultó con altos funcionarios de Hacienda incluso el boletín de prensa con el anuncio de compra de Fertinal, aunque no eran sus superiores jerárquicos.

Hasta ahora, la atención mediática y procesal del caso se ha centrado en Petróleos Mexicanos, PMI Comercio Internacional, Lozoya y sus colaboradores cercanos. La autoridad parece no haber puesto atención aún en saber con base en cuáles estudios aprobó esos gastos Nacional Financiera, un banco estatal, ni cuál fue el papel que ejerció Hacienda en su aprobación. En los próximos días sabremos si la defensa de Lozoya presenta algún documento encaminado a su probar su tesis de que el hoy imputado solo seguía órdenes de arriba.

POR PENILEY RAMÍREZ

PENILEYRAMIREZ@UNIVISION.NET

@PENILEYRAMIREZ

La vida impune de “El Carrete” en Morelos


“La caída de ‘El Carrete’ no significa la extinción de Los Rojos, es probable que muy pronto haya un sustituto”.

 

Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Cuentan que “El Carrete” se movía impune en Morelos. Foto: Especial.

La captura de Santiago Mazari Miranda, “El Carrete”, deja por ahora descabezado el Cártel de Los Rojos, uno de los más perniciosos de todo el crimen organizado.

Se entiende que este grupo criminal, como ocurre siempre que una cabeza rueda, enfrente una crisis interna, abierta lucha por el poder y que más pronto que tarde otro capo se entronice en el liderazgo de este cártel.

Mazari Miranda, detenido por accidente en la sierra de Guerrero durante un operativo implementado por la Guardia Nacional, sembró terror y muerte en esa entidad y no fue menor en Morelos, su principal asidero. En esta última entidad vivió su etapa de mayor esplendor durante el Gobierno de Graco Ramírez, refugiado ahora en Quintana Roo y a la sombra del Gobernador Carlos Joaquín González.

Resulta extraño que el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco no haya interpuesto denuncia alguna en contra de su antecesor por delincuencia organizada, pues “El Carrete” vivió protegido durante la administración del político tabasqueño en Morelos.

Uno de los presuntos responsables de la impunidad que cobijó al líder de Los Rojos fue Jesús Alberto Capella, actual secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, quien a pesar de sus fracasos como responsable de la seguridad en Morelos fue exportado al Caribe, donde tampoco está combatiendo el problema: sólo lo administra a su conveniencia.

En el año 2017, en diversos municipios de Morelos, aparecieron sendas mantas, firmadas por “El Carrete” , en las que recriminaba a Capella su traición, a pesar de que el capo, según la denuncia que hizo en aquellas narcomantas, le surtía dinero, boletos de avión y todo cuanto quería el jefe policiaco a cambio de no meterse con él ni con su gente.

Capella, por su puesto, negó tener vínculos con “El Carrete” y siempre adujo que se estaba combatiendo a “Los Rojos”, aunque en realidad nunca ha podido explicar por qué no lo detuvo, sobre todo porque en Morelos todo el mundo sabía dónde se escondía el narcotraficante oriundo de Amacuzac. “No pertenezco a ningún grupo criminal, no soy rojo, soy azul”, solía decir Capella en alusión a que su única alianza era con la policía en donde él fungía como un alto mando.

Sin embargo, cuentan que “El Carrete” se movía impune en Morelos, salía comer a restuarantes, a veces escoltado; desde la propia Policía en Morelos le avisaban cuando había operativos militares y, presto, huía a Guerrero. Todo esto, claro, tenía un elevado costo para el líder de “Los Rojos”, quien durante años pagó por la impunidad de la que gozó en el Gobierno de Graco Ramírez.

Obligado por las circunstancias o bien por su afiebrada ambición de conquista territorial, Santiago Mazari salió de Morelos y se refugió en la sierra de Guerrero, territorio enemigo por estar en poder del Cártel Guerreros Unidos, implicado en la tragedia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso impune todavía y plagado de claroscuros debido a los desatinos de las autoridades para investigar a fondo.

Las guardias comunitarias de Guerrero, alertas ante cualquier avistamiento, supieron que“El Carrete” estaba escondido en la sierra preparando un ataque letal para apropiarse de la ruta Chilpancingo-Morelos, pero fue frenado a tiempo: así comenzaron los enfrentamientos que duraron al menos tres días hasta que el 1 de agosto el líder de “los Rojos” fue capturado, pero por accidente:

Resulta que elementos de la Guardia Nacional se desplazaron hasta Teleolapan, en plena sierra. No iban por “El Carrete” , llevaban la encomienda de apagar el fuego, atemperar la metralla entre las Guardias Comunitarias, gatilleros de Los Rojos y el grupo armado que acompañaba a Santiago Mazari.

Sin embargo, en ese municipio se toparon con “El Carrete”, quien fue detenido. Estaba herido de bala, impotente para escapar. Ahora está recluido en Puente Grande, Jalisco.

Con la captura de Santiago Mazari la guerra por el control territorial no termina. Es posible que Guerreros Unidos ahora se enfrenten al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera, “El Mencho”, el capo que más ha crecido en la última década y que se ha caracterizado por realizar cuantiosos movimientos de drogas a través de submarinos lanzados a océano desde Colombia y que son descargados en altamar.

La caída de “El Carrete” no significa la extinción de “Los Rojos”, es probable que muy pronto haya un sustituto. Como tampoco la captura y condena a cadena perpetua de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, puso en riesgo al Cártel de Sinaloa. En realidad, los cárteles en México siguen de pie, intocables en su estructura operativa y financiera.

El caso de Sinaloa es un claro ejemplo: después de la detención de “El Chapo” Guzmán ese grupo criminal se dividió en cuatro bloques: uno lo encabezado los hijos de “El Chapo” –Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Otro lo representa Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín Guzmán; uno más está bajo el liderazgo de Rafael Caro Quintero –liberado mediante argucias legales –y un cuarto frente lo maneja el intocable Ismael Zambada García –”El Mayo”– un personaje que parece suspendido en el tiempo porque nada se sabe de él, imperturbable la impunidad que lo envuelve.

Otros cárteles, sobrevivientes de la guerra de Calderón y de los embates simulados orquestados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, son el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el más agresivo del escenario criminal. Domina diez estados de la República y su presencia va en aumento en otras cinco entidades del sureste mexicano.

Con este fulgurante ascenso, Nemesio Oseguera, su jefe, ya se colocó como el segundo capo más emblemático de México, después de “El Mayo” Zambada. “El Mencho”, formado en los años ochenta y noventa en el Cártel del Milenio de Michoacán, ha sabido manejarse con una discreción casi fantasmática; de él no se conoce más que una fotografía en la que luce como si estuviera momificado: tieso como un yeso, inquebrantable su rigidez.

De su paradero poco se sabe, aunque circulan varias versiones: que está escondido en Jalisco, que se mueve libremente por El Bajío, que tiene protección militar, que en el actual Gobierno pactó impunidad, que está fuera del país… Pero este personaje es sorpresivo y letal: cuando siente cerca el peligro echa mano de su más pesada artillería, capaz de derribar un helicóptero militar de un bazucazo.

El tercer sitio lo ocupan “Los Zetas” y en cuarto lugar está el Cártel del Golfo. El primero se reposicionó de sus bajas: la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano –supuestamente abatido por la Marina en Coahuila– y la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, preso en el penal del Altiplano. El segundo está firme en Tamaulipas, diversificadas sus actividades con otras modalidades del crimen que lo han convertido en un cártel más dinámico y no menos peligroso.

Después siguen otros cárteles de los que poco se habla pero que siguen operando el tráfico de drogas a gran escala: ellos son Tijuana, donde Enedina Arellano –se asegura –es pieza clave en el manejo financiero; la familia Díaz Parada que, desde Oaxaca mueven el tráfico de mariguana; Guerreros Unidos, que tras la caía de “El Carrete” se aprestan a tomar los territorios que este capo dejó y Los Rojos, seguramente con nuevo jefe próximamente.

En Michoacán siguen operando Los Valencia, Los Caballeros Templarios y restos de lo que fue La Familia Michoacana. De igual forma no ha desaparecido del todo la célula Beltrán Leyva, operada por otros capos que buscan reposicionar a este grupo que, en su momento, fue uno de los más temibles de México.

Es probable que en Guerrero y Morelos haya brotes de violencia y la razón sería la lucha por la ruta de la amapola –Chilpancingo-Morelos–, ruta del secuestro, del tráfico de drogas sintéticas; ruta de armas, de cadáveres cuyo destino es una fosa clandestinas, ruta de la muerte.

De no existir alguna denuncia en contra de Graco Ramírez, presuntamente el principal protector de “El Carrete” en Morelos, de no avanzar las investigaciones por corrupción en su contra y de su equipo de trabajo –acusados de un atroz saqueo al erario público–, querrá decir que el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco ya pactó con el ex mandatario o que existen órdenes superiores para no proceder en su contra.

Llama mucho la atención que las carpetas de investigación de estos casos se hayan integrado rápidamente por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos y que repentinamente le hayan metido el freno y no pase nada. ¿Quién lo ordenó? ¿El Gobernador Cuauhtémoc Blanco? ¿O alguien más poderoso?

A los temas de corrupción que envuelven al ex Gobernador Graco Ramírez también se debe sumar el de delincuencia organizada. Él y su entonces jefe policiaco –Jesús Alberto Capella– deben responder por qué Santiago Mazari, “El Carrete”, vivió impune en Morelos a pesar de la ola de secuestros y asesinatos que azotó a esa entidad durante el pernicioso mandato de Graco, quien hoy vive cobijado por el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

 

 

Otro caso de la Policía Federal para AMLO


Durante meses, a finales de 2012, un grupo de funcionarios de la SSP trabajó secretamente para ICIT

por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Faltaban tres meses para que terminara la administración de Felipe Calderón y en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los empleados de mayor confianza de la coordinación de asesores del secretario, llevaban horas apostados en un pasillo, destruyendo documentos.

Destruimos tantos documentos que se rompió la máquina trituradora, me dijo una de las personas que participó, cuando investigaba el caso para Univision.

La destrucción era una de sus tareas como parte de El Proyecto Secreto. Durante meses, a finales de 2012, un grupo de funcionarios de la SSP trabajó secretamente para ICIT, una compañía de seguridad, propiedad de la familia Weinberg, amigos del entonces secretario de Seguridad Pública,Genaro García Luna, según testimonios y documentos.

En esta versión, cobraban en el gobierno, pero dedicaban su jornada laboral y la información que tenían en beneficio de la empresa. La historia de El Proyecto Secreto tuvo una estrecha relación con la Policía Federal, hoy en medio de una polémica por el anuncio de su desaparición en los próximos 18 meses, la ola de protestas de policías y la advertencia de López Obrador de que ese cuerpo está bajo investigaciones federales por corrupción.

En 2008, la compañía Nunvav, también propiedad de los Weinberg, vendió a la Policía Federal el software de seguridad israelí NiceTrack, especializado en análisis de datos.

Cuatro años después, los empleados de ICIT también usaban NiceTrack. El área de datos en ICIT era coordinada por Jorge Uribe, en ese momento, simultáneamente, líder de proyectos de investigación en la coordinación de asesores de SSP, de acuerdo con testimonios y correos que obtuvimos.

Durante el sexenio de Peña Nieto, Uribe dirigió la unidad de asuntos internos de la Policía Federal, encargada de investigaciones de presunta corrupción. Él no aceptó una entrevista sobre el caso cuando publicamos.

El Proyecto Secreto se extendió al uso privado de datos de Plataforma México, según los testimonios. La familia Weinberg negó que se usaran en sus oficinas datos confidenciales del gobierno. Pero otros correos que publicamos en marzo muestran que existía allí un área de datos cerrados, es decir, que no eran de acceso público. En 2012, quien se encargaba de esa parte en ICIT coordinaba al mismo tiempo el análisis de información en Desarrollo Policial de la SSP.

Después de la publicación, un empleado de la Secretaría de la Función Pública me aseguró que varios casos de presunto uso privado de recursos públicos en la SSP estaban en la mira de la administración obradorista. Si las investigaciones a la SSP no son más que un pretexto para desaparecer un cuerpo civil policiaco, en los próximos meses deberíamos conocer mucho más de cómo supuestamente se usó el presupuesto para fines privados, si hubo beneficiarios ilícitos y cuánto de lo que supieron y participaron los jefes no quedará impune.

POR PENILEY RAMÍREZ

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Los guardias militares de “El Infierno”


 

En Guatemala vi una interminable pobreza, los sueldos de jornaleros apenas alcanzaban para sobrevivir

por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Ganado, Texas.- Afuera de la tienda de su gasolinera, el hombre de ojos azules y sonrisa de dientes amarillos exhibe un cartel en inglés que dice: orgulloso de ser americano.

Él no habla español, pero tiene claro que cientos de millas de campos de maíz alrededor de su pueblo son cosechadas por muchos mexicanos, trabajadores con y sin documentos que vienen de México y de toda Centroamérica.

Unos meses antes estuve en Santo Domingo Suchitepéquez, otra planicie de enormes campos verdes de maíz en una región de Guatemala. Los paisajes no son muy distintos, excepto por algo: en Texas hay refinerías, graneros, termoeléctricas, fábricas de plástico, hombres y mujeres que se transportan a bordo de enormes camionetas, gente que tiene trabajo aunque haya llegado aquí cruzando el desierto.

En Guatemala vi una interminable pobreza, la gente se movía en autobuses, los raquíticos sueldos de jornaleros apenas les alcanzaba para sobrevivir. Por eso viajan a Estados Unidos. Por eso, me dijeron en Guatemala, miles arriesgan su vida para cruzar el infierno, la forma como llaman comúnmente a México.

Hoy la extensa población republicana en Texas se prepara para iniciar una larga campaña de reelección trumpista. Mientras, en México, Andrés Manuel López Obrador comandó este 30 de junio la inauguración de una Guardia Nacional que será responsable de frenar la migración ilegal hacia esta región del mundo, principal carta política de Trump.

La inauguración de López Obrador fue la simulación de un acto civil. El comandante de dicha misión, José Luis Rodríguez, pone en su currículum como los éxitos de su carrera sus campañas militares en la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón.

Pronunció su discurso ataviado en traje militar, apenas disimulado con adornos de cuadros en su gorra, como los que usan las patrullas policiacas. Los guardias, ordenados en fila, usaron el saludo castrense. En la bandera mexicana fue bordada con letras doradas el nombre Guardia Nacional, como hacen usualmente los cuerpos militares mexicanos con los nombres de sus regiones.

Los mandos de la Marina y el Ejército acompañaban al presidente en la primera fila del automóvil para el pase de lista y detrás, en una simbólica segunda fila, el secretario de Seguridad Pública,civil, observaba la escena casi como un invitado. En Texas no saben de este evento, pero ven en la televisión que su presidente logró un buen acuerdo con México.

Hace cuatro años, en sus mítines de campaña, Trump solía cerrar con la frase: ¿quién pagará el muro? El coro de asistentes vitoreaba: México. Hoy, visto desde Texas y Guatemala, México pagará el muro con cada peso gastado en la Guardia Nacional que cuidará migrantes en las fronteras norte y sur, que detendrá a quienes viajen en el tren, escondidos en tráileres, o se atrevan a intentar cruzar el río.

Desde estos lugares del mundo, esto es más que un ladrillo, más que un sistema de vigilancia, más de lo que Trump pudo esperar.

POR PENILEY RAMÍREZ

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Líder cañero, cabeza del narco en Veracruz


“Desde tiempos lejanos las luchas de poder entre los productores de caña han derivado en traiciones y asesinatos, la lucha por poder sin límites”.

por Ricardo Ravelo Galo

Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Sumida en crisis recurrentes, instrumento para lavar dinero sucio en tiempos de Vicente Fox, blanco de fraudes, quiebras y rescates financieros desde los años setenta, la industria azucarera y, en particular el campo cañero mexicano, atraviesan una profunda crisis que se agrava aún más debido a la infiltración del narcotráfico y a los múltiples asesinatos que sacuden a ese sector.

Tan sólo en los últimos trece años han sido acribillados 68 líderes cañeros. Los móviles: disputa de poder y narcotráfico. Los últimos ejecutados cayeron en el ingenio La Gloria, en Veracruz; otro en Pánuco, al norte de esa entidad que, por cierto, está invadida por el crimen organizado, maniatada la autoridad, débil ante la corrupción y la violencia.

La promesa de pacificar el estado de Veracruz con las operaciones de la Guardia Nacional no calan hondo entre los veracruzanos. Las palabras del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se las lleva el viento, impotente el mandatario para frenar la ola de violencia que azota al estado más productor de caña y de azúcar en el todo el país          .

Desde tiempos lejanos las luchas de poder entre los productores de caña han derivado en traiciones y asesinatos, la lucha por poder sin límites. Así fue asesinado Roque Spinoso Foglia –poderoso líder cañero en la década de los ochenta– en su rancho “El Relicario”, en Veracruz. Una lluvia de balas cegó la vida del líder que, por cierto, no fue ajeno a la corrupción.

En otros casos, la industria azucarera ha prohijado caciques que han detentado un poder descomunal en varias regiones de esa entidad. En la Cuenca del Papaloapan, la zona productora de azúcar más boyante, todavía se cuentan las historias al estilo Calígula que protagonizaba Gilberto Uscanga Medina, a quien por el tono de su tez le apodaban “La Gringa”.

Prepotente hasta el exceso, “La Gringa” pasó de la miseria a la opulencia con la velocidad de un rayo. Toda su riqueza era producto del fraude y del atraco a los productores de caña que, por centenas, desfilaban en su casa del municipio de Carlos A. Carrillo, en Veracruz, para pedirle dinero prestado que, después, el líder descontaba con elevados intereses.

De este personaje se cuentan historias que bien podrían formar parte de un filme que elevaría a la última potencia los actos de inmoralidad. Narran los cañeros consultados que cuando Gilberto Uscanga se emborrachaba solía exigirle a sus empleadas que le practicaran sexo oral a la vista de decenas de invitados que, saturados de alcohol, aplaudían el licencioso acto del líder cañero que, por cierto, murió quebrantado después de haber estado preso tras cometer un fraude a Bancomer.

En la industria azucarera tanto la corrupción como la depravación ya forman parte de una cultura arraigada. En los años sesenta, por ejemplo, este tipo de correrías se le atribuyeron al heredero del ingenio San Cristóbal, Roberto García Mora, dueño en aquellos tiempos del banco Internacional y quien terminó despojado de dichos bienes al finalizar el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.

Todo esto viene a cuento porque ahora en Carlos A. Carrillo –en el mismo municipio donde está ubicado el ingenio San Cristóbal, el más grande del mundo en alguna época– emergió un líder cañero que en menos de tres años amasó una fortuna descomunal, según se afirma, mediante actos de corrupción que afectan a los productores de caña.

Se trata de Francisco Lozada Bravo, dirigente local de la organización cañera “Gramínea”, abastecedora del ingenio San Cristóbal. Hace no menos de tres años este personaje pisaba la tierra descalzo, más tarde pudo comprar un coche Tsuru y tras el asesinato de Rafael Castro Honorato, el anterior líder de ese grupo, se encumbró en el poder y se segura que no está dispuesto a dejarlo. Quizá por eso ahora se rodea de gente armada.

Hasta el año 2016, Lozada Bravo contaba en su haber con tres hectáreas de caña y en “Gramínea”, la organización que lo acogió, era el encargado de distribuir el abono en las zonas cañeras. Después asumió la tesorería de esa organización cañera tras la muerte de Cándido Armas, quien ocupaba ese cargo.

Luego, otra muerte, la de su amigo Rafael Castro Honorato –de cuyo crimen se asegura que Lozada es uno de los presuntos sospechosos –lo encumbró en el poder absoluto. Y ahora Lozada asegura que sólo muerto dejará el cargo.

Luego de tomar el liderazgo de la organización cañera, Lozada Bravo comenzó a navegar en la opulencia: actualmente se le atribuye la propiedad de más de cien hectáreas de caña en varios municipios y comunidades de la Cuenca del Papaloapan; ha construido residencias de más de diez millones de pesos y no escatima en la compra de camionetas y coches de lujo para cumplir los deseos de sus amantes.

Los directivos del grupo azucarero Sucarmex, dueños del ingenio San Cristóbal, han dicho que la oficina de Lozada Bravo parece una agencia de automóviles de lujo, pues los coches que se estacionan en su búnker no bajan de un millón de pesos, por lo menos.

Eso no es todo: De 2017 a la fecha, Lozada Bravo también incursionó en la compra de ranchos. Por lo menos media docena de predios con ganado de alto registro se le atribuyen al líder cañero que, se asegura, de igual forma se metió a la compra de caballos pura sangre, de los llamados cuarto de milla, cuyo costo es superior al millón y medio de pesos por ejemplar.

La historia actual de Francisco Lozada Bravo tiene otros recovecos interesantes que ya son públicos. Ahora que se mueve en medio de una riqueza descomunal, cuyo origen es la corrupción, el líder cañero no parece estar satisfecho y decidió ligarse al crimen organizado.

De acuerdo con informes de la Fiscalía General de la República –que le siguen la pista desde hace varios meses– se sabe que Lozada Bravo está vinculado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación que, se asegura, tiene amplio control en la Cuenca del Papaloapan.

Las investigaciones federales dan cuenta de un numeroso grupo que lo mismo se disputa el poder político que el control criminal en la zona. Según el expediente federal, este es el organigrama:

El auxiliar de Lozada –Arnulfo Aguirre Saviñón– es cuñado de José Antonio Hernández Munguía, mejor conocido en el mundo del hampa como “El Gallero” y quien, según la FGR, es el jefe de la plaza por parte del cártel que dirige Nemesio Ocegera, “El Mencho”.

El grupo se mueve en la impunidad y con absoluta libertad en los municipios de Carlos A. Carrillo y Cosamalaopan, pues hacen vida social no obstante sus actividades criminales.

Por ejemplo, han circulado algunas publicaciones con fotografías donde aparece Lozada Bravo con Antonia Hernández Munguía, hermana de “El Gallero”, quien es señalada como la encargada del cobro de piso en esa región de Veracruz. Antonia también aparece abrazada con Juan Carlos Molina, ex Alcalde de Carlos A. Carrillo y actual diputado local del PRI.

Han circulado algunas publicaciones con fotografías donde aparece Lozada Bravo con Antonia Hernández Munguía. Foto: Especial.

La organización criminal donde ahora milita Francisco Lozada, según los expedientes consultados, también cuentan con gatilleros y todo tipo de criminales. Estos son algunos nombres: “Pipo” Lara Delfín, alias “El Pipo” o “El Piporro”; Marcos Rodríguez, “El Aguador”, quien es uno de los sicarios, según la ficha de la FGR, y Juan Carlos Reyes Amador, “El Negro”.

Este grupo tiene el control político de los cañeros y también el poder criminal. Foto: Especial.

Otro miembro de la organización criminal, según la FGR, es Onan Hernández –tío de El Gallero– quien ahora es empresario, dueño de varias carnicerías en la región, negocios que sorprenden a la sociedad, pues hasta no hace mucho tiempo estaban en la vil miseria.

De acuerdo con otras fuentes consultadas, se afirma que el grupo  Francisco Lozada pretende controlar otras organizaciones cañeras mediante la corrupción y la violencia: según los planes de expansión, se aprestan a tomar el liderazgo del grupo cañero que está agrupado en la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Para ello preparan el lanzamiento de Arnulfo Aguirre Saviñón, auxiliar de Lozada y miembro del CJNG. El principal apoyo de que dispone Aguirre Saviñón es el de Juan Carlos Molina, diputado local del PRI, de quien se asegura que está muy bien relacionado con este grupo político-criminal en la Cuenca del Papaloapan.

No es todo: El próximo mes de octubre deben efectuarse elecciones para nombrar nuevo dirigente local en la organización gramínea en el municipio de Carlos A. Carrillo.

Se asegura que Francisco Lozada ya prepara su reelección. Fuentes cercanas al líder cañero sostienen que no está dispuesto a dejar el cargo y que entre sus gentes de confianza suele decir: “Sólo muerto me sacan de aquí”. Las mismas fuentes aseguran que, por esa razón, Lozada y su grupo están comprando armamento de alto poder, pues prevén que pueda haber choques al interior de la organización.

El caso Lozada Bravo no es menor y debe preocupar el grupo azucarero Sucarmex debido a la infiltración del Cártel de Jalisco en la organización abastecedora de caña del ingenio San Cristóbal. Sobre todo porque en la Cuenca del Papaloapan este personaje ya es blanco de escándalos y porque, entre otras osadías, también se le atribuye la planeación de varios atentados en contra de quienes son considerados por él mismo como sus contrincantes políticos.

La FGR le sigue los pasos, quizá muy pronto haya sorpresas.

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¿Relevo en Veracruz?

Las versiones y rumores crecen respecto de un posible relevo en la gubernatura de Veracruz. Esto debido, entre otras razones, a los desatinos del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, cuya parentela está enquistada en el Gobierno del estado. Son ya varios los tropiezos del mandatario, quien ganó la elección hace un año porque la inercia lo montó, para asombro suyo, en la cresta de la ola que generó la campaña de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia. Cuitláhuac García ha incurrido en yerros y desatinos: no ha podido coordinar un proyecto de seguridad pública en el estado; la policía que opera está infiltrada por el crimen debido a que no ha sido depurada; ha colocado a casi toda su parentela en cargos públicos, lo último que le estalló fue el escándalo del llamado “primo incómodo” que primero negó con aquel argumento de que “pregúntenle a mi abuelita” y después se acreditó, a través de la publicación de sendas actas de nacimiento, que el subsecretario de finanzas, Eleazar Guerrero Pérez y él si son primos. El colmo fue que la contralora –quien le debe la chamba al Gobernador –intentó hacer el papel de tapadera al sostener públicamente que entre el mandatario y el subsecretario de finanzas no había parentesco y, por lo tanto, no incurría en nepotismo. Después de este desgarriate no pasó nada. El mandatario no ha expresado nada al respecto. De ese tamaño es su cinismo.

Es por ello que a nivel federal se habla de un posible relevo. Es tema en la Cámara de Diputados, en los pasillos del Senado y en Palacio Nacional, por su puesto, donde se toman las decisiones. Y entre los nombres que se manejan figuran Rafael Hernández Villalpando, ex rector de la Universidad Veracruzana y ex Alcalde de Xalapa. Se asegura que está muy bien relacionado con Mario Delgado y con Ricardo Monreal, líderes de las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, respectivamente.

Se afirma, incluso, que el propio Andrés Manuel López Obrador tiene buenas referencias de Hernández Villalpando, de tal suerte que podría ser una pieza clave para el posible relevo en Veracruz cuando se cumplan los dos años de Gobierno, en 2021, a fin de evitar nuevas elecciones en el estado.

En la lista también figura Ricardo Ahued, ex Alcalde de Xalapa, ex Senador y actual Administrador General de Aduanas (AGA), quien lleva a cabo una purga en las 49 aduanas del país que, según el diagnóstico de ese sector del SAT, están infiltradas por el crimen organizado. De los resultados que entregue Ahued dependerá si es sucesor en 2021 o candidato a la gubernatura en 2024.

Pero en esta rueda de la política nadie puede ser descartado, menos una mujer. De ahí que Mónica Robles, actual Diputada local en Veracruz, esté considerada también como posible sucesora de Cuitláhuac García. El tema de la equidad de género –bandera de Morena –sobresale en este caso, pues Mónica Robles podría convertirse en la primera Gobernadora de Veracruz, ahí, justo en el territorio donde ninguna mujer ha ocupado ese cargo.

Quien no saca las manos de Veracruz es Rocío Nahle, Secretaria de Energía. Se afirma que controla el municipio de Coatzacoalcos, donde manda, y también mueve sus intereses a través de Erick Patrocinio Cisneros, secretario de Gobierno en Veracruz, otro de los mencionados para suceder a Cuitláhuac García, aunque es el que menos posibilidades tiene –se asegura –debido a que es un advenedizo en Veracruz. Este personaje estaba desterrado del estado, su cargo más importante antes de entronizarse en la secretaría de gobierno fue ser tesorero en Mulege, un municipio ubicado a 493 kilómetros de La Paz, Baja California, donde por cierto entregó muy malas cuentas.

Policía para EU        

Con el envío de más de 20 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) a la frontera sur para frenar el flujo de migrantes, el proyecto de abatir la violencia en el país se debilita. Y es que con más del 50 por ciento del territorio en crisis, los elementos de la GN no alcanzan para abatir al crimen organizado y llevar a cabo el gran plan de Andrés Manuel López Obrador de pacificar el territorio. Cabe señalar que este programa es clave para que el gobierno de la Cuarta Transformación logre afianzarse. De fracasar se pondría en riesgo la gobernabilidad. Han llovido las críticas debido a que el gobierno federal ha decidido volcarse en la contención de migrantes, como si la GN fuera la policía de Estados Unidos. Y es que, por otro lado, les urge entregar buenas cuentas al Gobierno de Trump, pues el plazo de 45 días sigue avanzando y lo que se busca evitar es salir reprobados y que nos impongan un 5% en aranceles a las exportaciones mexicanas.

 

rravelo66@gmail.com

 

 

Aduanas: Los retos de Ricardo Ahued “A lo que Ricardo Ahued se está enfrentando es al crimen organizado internacional, nada menor, sin duda”.


A lo que Ricardo Ahued se está enfrentando es al crimen organizado internacional, nada menor, sin duda. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

A casi siete meses del arranque de la nueva administración federal varias crisis han sido sorteadas aunque no todas con la misma efectividad: el golpe al llamado cártel del “huachicol” fue uno de los más contundentes que puso freno –aunque no total– al robo de combustibles.

Esto abrió buena parte del tejido criminal confirmado por funcionarios de Pemex, gasolineros y el crimen organizado, una compleja red que todavía no está del todo exhibida y menos abatida. El golpe asestado al arranque del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador puso al descubierto un entramado delincuencial de altos vuelos que lo mismo implicaba a civiles que a militares. La mafia del “huachicol”, diseminada por todas partes, ahora parece reactivar la industria del secuestro, otro boyante negocio que cobra auge en la Ciudad de México y sus alrededores.

Aunque existen muchas fallas, lo que sin duda se debe a que en varias dependencias federales el nuevo Gobierno aún no toma las riendas de la institucionalidad –lo que se refleja, sobre todo, en el tema de la inseguridad pública– lo cierto es que López Obrador también se apresta a poner orden en las 49 aduanas del país con el nombramiento de Ricardo Ahued Bardahuil, ex Alcalde de la ciudad de Xalapa, Veracruz, quien tuvo que pedir licencia para dejar su cargo de Senador y emprender el saneamiento de las aduanas del país, asidero del crimen organizado.

La misión de Ahued Bardahuil no es nada sencilla ni cosa menor, por el contrario, se trata de abatir a una delincuencia más sofisticada que desde hace décadas controla las aduanas: ahí opera el narcotráfico, amplias redes de contrabandistas que lo mismo ingresan al país textiles traídos de China, armas adquiridas en Estados Unidos, cocaína movida desde Venezuela y Colombia, precursores químicos comprados en Alemania e Indonesia, como la efedrina, materia prima de las llamadas drogas sintéticas y de diseño, así como dinero en efectivo que todos los días se mueve por las aduanas fronterizas, sobre todo.

Al arranque de la administración una cauda de funcionarios corruptos arribaron a la Administración General de Aduanas, cuyo titular, Ricardo Peralta, terminó confrontado con la titular del SAT, Margarita Ríos Farjat, porque el grupo de Peralta estaba operando soterradamente la corrupción, lo que derivó en una lucha de poder que alcanzó niveles de escándalo.

En varias ocasiones, mediante oficios, Ríos Farjat se quejó de que no era informada debidamente sobre lo que acontecía en las aduanas. Y es que el grupo de Peralta estaba quitando a los administradores de las aduanas para colocar a sus cómplices y de esa manera seguir con la corrupción de siempre. Peralta fue removido del cargo y premiado con una subsecretaría en Gobernación.

El SAT inició juicios en contra de los administradores de las aduanas de Matamoros, Reynosa, entre otras, donde el crimen organizado opera abiertamente. Esos funcionarios cruzaron cargamentos de droga hacia Estados Unidos, según establecen las denuncias.

De igual forma, se ha seguido la pista a las redes de contrabandistas que desde China operan el tráfico de textiles y todo tipo de contrabando que introducen al país mediante sobornos millonarios y que luego venden en mercados ilegales como Tepito o La Lagunilla, donde el crimen organizado opera impunemente.

A lo que Ricardo Ahued se está enfrentando es al crimen organizado internacional, nada menor, sin duda, pero el político y empresario veracruzano se ve que va con todo y sin que le tiemble el pulso: ahora recorre las aduanas en varios estados de la República para contar con un diagnóstico amplio y detallado.

Seguramente Ahued Bardahuil se encontrará de frente con bandas dedicadas al narcotráfico, criminales que operan las extorsiones en las aduanas aeroportuarias, como ocurre en Tijuana, una de las más críticas por la cercanía con Estados Unidos. Según nos comentan empresarios de Baja California, por esa aduana cruzan armas, dinero, droga y todo ello es posible, sostienen, ya que no existe capacidad para controlar todo el flujo vehicular que cruza hacia Estados Unidos. Sólo un diez por ciento de los cruces fronterizos pueden ser revisados, lo demás pasa sin contratiempos.

Se afirma que la encomienda central de López Obrador hacia Ricardo Ahued es abatir la corrupción en las 49 aduanas del país. Ricardo Ahued es uno de los políticos más serios y con una trayectoria limpia: militó en el PRI, fue Diputado local en el estado de Veracruz, Alcalde de la ciudad de Xalapa y como empresario está dedicado al negocio del plástico, por ello, conoce bien el tema aduanero.

En Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Coahuila las aduanas las controla el cártel de Los Zetas. Este cártel, boyante en el Golfo de México, quitaba y ponía a los administradores aduaneros. A otros los obligaba a trabajar para la causa criminal mediante amenazas de muerte y cañonazos de dólares. Así ablandaban al funcionario más resistente.

Y el que no entraba al negocio lo desaparecían o lo ejecutaban, al más puro estilo mafioso, como fue el caso del administrador de la aduana de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, quien fue “levantado” en 2009 por un comando armado que, según las investigaciones, formaba parte del cártel de Los Zetas.

Tres presuntos Zetas, al ser sometidos e interrogados por hombres de un cártel rival, al parecer el de Sinaloa, revelaron que el administrador de la aduana fue asesinado al día siguiente de que se perpetró su secuestro.

La historia de Serrano Aramoni es trágica: El funcionario fue interceptado la noche del 1 de junio de 2009 cuando transitaba en su vehículo por una calle del puerto de Veracruz. En su secuestro participaron agentes de la Delegación de Tránsito Municipal, según reveló un miembro de Los Zetas a través de un video en donde aparece sometido a un interrogatorio.

Según el video –difundido a través de YouTube- los sicarios identificados como Sergio Francisco Cano, José Manuel Guevara García y Adolfo Sánchez responsabilizaron del plagio de Serrano Aramoni a un jefe de tránsito municipal con clave Osiris (se trata de Osiris Cruz Cabrera), así como al personal que estaba a su cargo.

Serrano Aramoni –según los testimonios de Los Zetas– fue asesinado al día siguiente del secuestro en un rancho cercano al puerto de Veracruz. Las causas del plagio y muerte nunca fueron reveladas y hasta hoy son un verdadero misterio. En aquella época Veracruz era el paraíso de Los Zetas: operaban con impunidad en todo el estado y todas las policías y delegaciones de tránsito estaban coludidas con esa organización criminal.

Lo extraño de todo este embrollo criminal es que en junio de 2018 un juez federal absolvió y ordenó la liberación del ex director de la Policía Municipal de Veracruz (José Osiris Cruz Cabrera), después de nueve años de estar en prisión, aparentemente por falta de pruebas, según la causa penal 498/2009.

El policía estuvo recluido en el penal El Rincón de Tepic, Nayarit, acusado de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, esto por el secuestro del entonces administrador de la aduana de Veracruz. Compurgaba una sentencia de 30 años que un amparo, interpuesto por su defensa, frenó y puso al ex agente municipal en la calle. Actualmente se desconoce su paradero.

Casos como el de Serrano Aramoni se repitieron en Tamaulipas y en el corredor Nuevo León-Coahuila, territorio de Los Zetas que, de acuerdo con investigaciones federales, siguen teniendo control en las aduanas.

Este es parte del diagnóstico criminal que envuelve a las aduanas, es verdaderamente un sector permeado por la mafia nacional e internacional. De ese tamaño es el reto de Ricardo Ahued, quien tiene la encomienda de abatir al crimen organizado que puede estar hasta en su propia oficina o entre sus principales colaboradores.

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 Morelos, el imperio de Graco Ramírez

Todo indica que el ex Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, sigue mandando en ese estado. A él le atribuyen la crisis de seguridad que priva en la entidad, donde los muertos y las balaceras se incrementan debido a la guerra que libran cinco cárteles de la droga. El Gobernador Cuauhtémoc Blanco recientemente lanzó públicamente una pregunta inquietante: ¿Quién protege a Graco Ramírez?

Esto debido a que las investigaciones en contra del ex Gobernador parecen estar detenidas en la FGR, sólo en Morelos han avanzado varias denuncias por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, pero hasta ahí. En Morelos pasa lo mismo que en Veracruz: Graco Ramírez –igual que Miguel Ángel Yunes– tiene el control de la Fiscalía del Estado a través de Uriel Carmona Gándara, notario de cabecera de Graco Ramírez; de igual forma controla el Congreso –ahora quiere acaparar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos- y se asegura que tiene, además, una pieza clavada en la administración de Cuauhtémoc Blanco en la persona de Pablo Ojeda Cárdenas, el Secretario General de Gobierno, de quien se afirma que le juega las contras al Gobernador. Por lo menos, el funcionario está bajo sospecha porque le ven pinta de traidor. Ojeda Cárdenas tiene una larga historia en Veracruz que está plagada de claroscuros desde los tiempos de Javier Duarte de Ochoa.

Veracruz: El primo incómodo

En días pasados se generó una polémica debido a que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez incurrió en un conflicto de interés y nepotismo al nombrar a su primo, Eleazar Guerrero Pérez, como Subsecretario de Finanzas en el estado. El tema pasó de lo solemne a lo ridículo cuando el mandatario, cuestionado al respecto, dijo que ese tema de lo tendrían que preguntar a su abuelita. Tácitamente el Gobernador no negaba su parentesco con Guerrero Pérez, aunque no lo reconoció abiertamente. Peor todavía resultó que la contralora del estado,  Leslie Garibo Puga, determinó que entre ambos personajes no hay ninguna línea de parentesco. El argumento: que no comparten los mismos apellidos. Con base en este razonamiento sacado de la manga declararon que el Gobernador García Jiménez no ha incurrido en nepotismo cuando todo el mundo sabe que sí son primos. La vox populi así lo sostiene y lo verifican. Incluso, personas del círculo cercano del Gobernador sólo guardan silencio, fruncen el ceño ante lo absurdo de este desventurado desgarriate.

Atrapados en el discurso


Cualquier “derroche”, así sea pagar por un trabajo, es utilizado por la crítica

por Peniley Ramírez  
Por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

No podemos fallarle al pueblo. No tenemos derecho a fallar en nada. A principios de junio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tituló así una conferencia mañanera. Lo ha dicho, en versiones distintas, durante casi toda su carrera política.

Su ambición es su legado. No una fortuna personal, repite él, sino su nombre en la historia de México. El discurso que sostiene esta loable impronta vital es el combate a la corrupción, al derroche, a los malos usos del dinero público, al abuso de lo público.

Para dar muestra, el gobierno de López Obrador transparentó la nómina de millones de empleados federales, ha iniciado investigaciones por alegados casos de corrupción, ha cambiado la forma como viaja y gasta el gobierno, entre muchos otros ejemplos.

Pero los recortes para que alcance el dinero para su también loable programa de becas han terminado atrapando a miles de funcionarios de su administración en el discurso de la austeridad versus la realidad de sus propias vidas. Contaré brevemente lo que está pasando, guardando el anonimato de las fuentes que me lo confiaron.

Ejemplos: el gobierno suspende programas que funcionaban a través del aporte federal a organizaciones civiles, recorta drásticamente gastos en el sector salud, mientras paga 8 mil 167 pesos mensuales a 18 mil 299 Servidores de la Nación, que levantan encuestas y se encargan de que los pagos de las becas lleguen a su destino.

¿Está mal que un gobierno busque que el dinero llegue a quien debe, no quede atrapado en una maraña de cacicazgos intermedios y pague a quienes lo hacen? Claro que no.

¿Dónde veo un problema? Mientras esto sucede, empleados educativos, que laboraban por honorarios, son despedidos, trabajadores del Servicio Profesional de Carrera son liquidados con menos dinero del que les correspondía o se usan medios públicos para ensalzar al gobierno y ridiculizar a sus críticos.

A partir de esta falsa dicotomía, cualquier derroche, así sea pagar lo que corresponde por un trabajo legal a cualquier colaborador, es fácilmente utilizado por la crítica y la oposición para decir al gobierno: Ustedes son más de lo mismo.

¿Por qué esto es un peligro? Crecí en un país donde escondía hasta las bolsas del supermercado, porque cualquier comportamiento capitalista, así fuera tomar un café en un sitio público, era considerado una desviación ideológica.

Imagine usted lo que significa ser funcionario federal hoy, ganar 50 mil o 100 mil pesos mensuales y ser atacado como hipócrita, sin ninguna piedad, porque fue captado en una tienda, en un aeropuerto, en un restaurante, en un bar.

La austeridad y el combate real a la corrupción son necesarios y urgentes en México, pero sus formas están creando una peligrosa doble moral en la que cualquier mínimo parecido con la anterior clase gobernante, así sea que una persona viva conforme al salario que gana, parece una traición.

Por PENILEY RAMÍREZ

Sánchez Cordero y los 144 mil migrantes


Miles de migrantes optan por cruzar ambos países con ayuda de coyotes

por Peniley Ramírez   
por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo el 12 de junio que no sabe por dónde pasaron 144 mil personas por nuestro país. Al parecer, la secretaria no lee mucho la prensa, ni los reportes de dos instituciones de la secretaría que ella misma dirige.

Esta columna tendrá muchos números, queridos lectores, pero esta vez es necesario. Veamos.

En los primeros cuatro meses de 2019, el Instituto Nacional de Migración (INM), que pertenece a Gobernación, informó que detuvo a 53 mil 500 personas. Casi 11 mil eran niños que fueron devueltos a sus países; 1,600 viajaban solos. Corrieron la misma suerte 25 mil 600 adultos centroamericanos, la mayoría hondureños. Sólo 2 mil 400 obtuvieron un oficio de regularización migratoria. El INM parece dar al unísono ayuda y garrote. En una revisión de siete meses de sus boletines, anuncian casi en simultáneo expulsiones masivas, visas humanitarias para caravanas y albergues que sirven para esperar deportaciones irreversibles.

Después de los acuerdos entre los gobiernos de México y EEUU para evitar la imposición de aranceles, la prensa reportó que 60 mil solicitantes de asilo serían devueltos a México. ¿Tienen una esperanza real de obtener refugio aquí, si son definitivamente rechazados por EEUU? Las cifras de otra institución que también depende de Sánchez Cordero muestran que no.

El año pasado, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar, que también pertenece a Gobernación) reportó que 17 mil 116 personas pidieron asilo en México. Solo 1,327 lo obtuvieron, o sea, 7 de cada 100. De ellos, 7 mil 500 eran hondureños. Dos mil solicitantes dijeron que su motivo era violencia generalizada, esto es, eventos que ponían en riesgo sus vidas. De estos 2 mil, sólo 22 personas obtuvieron el refugio.

Ante la imposibilidad de conseguir un estatus legal en México ni en EEUU, miles de migrantes optan por cruzar ambos países con ayuda de coyotes y en condiciones de extremo peligro. Durante los primeros meses del gobierno obradorista, la prensa mexicana reportó al menos seis casos de tráileres que movían a 913 migrantes hacinados. El más reciente hallazgo sucedió el domingo 16 de junio, cuando el INM reportó que habían detenido cuatro tráileres en Veracruz, que transportaban a otros 791 migrantes sin documentos.

Entre enero y mayo, la prensa reportó seis casos de huida tumultuaria, la mayoría de cubanos, de estaciones migratorias en Chiapas. En abril, la prensa de Honduras decía que había 7 mil compatriotas en el sur de México en condición migratoria irregular.

Las cifras oficiales, que la secretaria dice ignorar, son elocuentes. Mientras México cierra los ojos a sus propios datos, diciendo que no saben por qué están ni cómo llegaron aquí, la crisis humanitaria en ambas fronteras de México se agrava por minuto, sin que nadie parezca tomar medidas urgentes.

PENILEYRAMIREZ@UNIVISION.NET

@PENILEYRAMIREZ

Una gran responsabilidad el voto de confianza que AMLO da a Cuitláhuac


 

Por Felipe Mendiola

por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Por enésima ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su reconocimiento al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como un hombre honesto, trabajador, lo cual dijo es una bendición.

De inmediato se sueltan los comentarios en favor y en contra, pero si somos fríos, a los ciudadanos en que puede perjudicar ese tipo de reconocimientos; sencillamente en nada, pero si nos puede beneficiar en mucho porque si es verdad que el arranque de este gobierno no ha sido con la velocidad que deseamos, es cierto también que teniendo a favor al presidente de la república los beneficios serán mayores.

Nunca antes un presidente de México estuvo tan cerca de un gobernador veracruzano, como sucede en esta administración y eso nadie lo cuenta, todos lo hemos visto, todos hemos constatado el afecto que Andrés Manuel tiene por Cuitláhuac.

Incluso hoy por la mañana, en las mañaneras, el reportero que cuestionó al gobernador Cuitláhuac se quedó con una pregunta pendiente, pero el gobernador ya se había retirado del micrófono y fue ahí cuando el presidente le dijo al reportero “yo te contesto”, atajando las preguntas del periodista.

Como todo en esta vida, a algunos les parece bien ese trato pero a otros les incomoda y cada uno tendrá sus propias razones.

Aquí no se trata de exaltar ese tipo de encuentros lisonjeros para Cuitláhuac, pero es que ese reconocimiento no es de cualquier ciudadano, sino del presidente de la república, entonces bajo la confianza de que todo será mejor vamos a esperar que la delincuencia disminuya, la generación de empleos se incremente, el dinero fluya, se atienda a los pacientes, se incrementen las becas de los niños y jóvenes, se mejoren las carreteras y se promocione a Veracruz como destino turístico.

Esas acciones las tienen que hacer los secretarios de despacho y asumir como una gran responsabilidad el voto de confianza que el presidente le hace el gobernador.

Vendría bien una encuesta interna, dentro del gabinete para ver qué secretario ha cumplido debidamente con sus obligaciones, quienes lo han hecho a medias y quienes se destacan por no hacer nada.

No es una exageración pero hasta algunos diputados se han quejado de que los titulares de las dependencias oficiales ni siquiera se dignan en contestar las llamadas de esos legisladores y entonces ya nos podemos imaginar cómo han de tratar a los ciudadanos de a pie. Estamos a tiempo de que se pongan las pilas y al mismo tiempo se den cuenta de la alta responsabilidad que les confirieron. Más claro ni el agua.

Capos del PRI, en guerra por el poder


“Nada ha permeado a la consciencia de los priistas: una cosa es su discurso y, a una distancia sideral, están los hechos”.

 

En septiembre próximo, el PRI tendrá nuevo dirigente nacional. En la lista de aspirantes se incluyen a personajes marcados por escándalos. Foto: Twitter (@ruizmassieu).

Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

En medio de una de las crisis más agudas de su historia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por décadas llamado “el partido de Estado”, se apresta a renovar su dirigencia nacional. Pero tal parece que las experiencias amargas ni las derrotas electorales han encaminado a sus representantes por el sendero del aprendizaje.

En la rebatinga por el poder, los priistas son los mismos de siempre: actúan como si el partido y el poder fuera un botín que sólo debe ser repartido entre unos cuantos. Nada ha permeado a la consciencia de los priistas: una cosa es su discurso y, a una distancia sideral, están los hechos. Ahora una cauda de políticos, como verdaderos capos en guerra, se disputan el poder en el PRI.

En septiembre próximo, el PRI tendrá nuevo dirigente nacional. En la lista de aspirantes se incluyen a personajes marcados por escándalos: José Narro, ex rector de la UNAM y ex Secretario de Salud; Ulises Ruiz, ex Gobernador de Oaxaca; Ivonne Ortega, ex Gobernadora de Yucatán, y Alejandro Moreno, actual mandatario de Campeche.

Este último parece que toma la delantera, con el respaldo de la cúpula priista, del ex Presidente Enrique Peña Nieto y del grupo Atlacomulco que, recientemente, efectuó una reunión en el Estado de México con once gobernadores que cerraron filas en favor de Alito, como le llaman al mandatario campechano.

Este paso hacia adelante, con la anuencia de Carlos Salinas, Peña Nieto y otros prominentes hombres que confirman la cúpula priista puso más que nerviosos al resto de los aspirantes, quienes de igual forma cerraron filas, aunque con menos coro, para crear un frente común que impida “el dedazo” en favor de Alejandro Moreno, quien tan seguro está de ser el próximo líder del PRI que ya solicitó licencia para dejar la gubernatura de su estado.

José Narro, Ulises Ruiz e Ivonne Ortega –unidos por una causa democrática, según aducen– pugnan por un juego abierto, por la transparencia y porque sean los propios militantes los que elijan a su próximo dirigente. Ellos acusan a Claudia Ruiz Massiue –sobrina de Carlos Salinas– de manipular el proceso interno y de jugar a favor de Moreno. Por ello priva el enojo y no sólo eso: estas prácticas sucias y antidemocráticas -dicen los quejosos– pueden romper la poquita unidad que, según ellos, aún existe en el PRI. Sin embargo, todo indica que ya hay división.

Las quejas y cuestionamientos surgieron a dos días de que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI lance la convocatoria para elegir a su nuevo presidente.
En una carta abierta José Narro demandó que haya certeza de contar con reglas justas, equitativas y con jueces neutrales que eviten prácticas indebidas. Y añade: “No vaya a ser que se provoque un problema adicional a los que debemos resolver y que pronto tengamos una crisis producto de nuestra incapacidad para escuchar las razones de la realidad. No sea que caigamos en el error de legalizar la trampa y el acarreo…”

Pero lo que Narro cuestiona y señala como algo que podría pasar en realidad ya está ocurriendo: El ex rector de la UNAM acusa, por otro lado, a la Comisión de Procesos Internos de actuar de manera parcial, ya que incumplió con varios acuerdos y ahora pretende incorporar a 654 mil personas como nuevos militantes, de los cuales 488 mil de ellos –el 75 por ciento– provienen de los estados de Coahuila, Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Michoacán.

A esto Narro lo llama “una mascarada” cuyo fin –dice– es imponer a Alejandro Moreno al frente de la dirigencia. Y con un tono vehemente, exigió: “Los priistas no debemos permitirlo. El Comité Ejecutivo Nacional y quienes lo han apoyado son responsables de lo que suceda. El PRI enfrenta el riesgo de convertirse en un satélite del partido del Gobierno, en un partido testimonial o marginal. Existe el temor fundado de que, si no se hacen los cambios que se requieren, incluso pueda desaparecer. La esencia y la existencia del PRI están amenazadas”.

Ulises Ruiz, ex Gobernador de Oaxaca y uno de los que más ha trabajado por alcanzar la dirigencia del PRI, dice que la convocatoria que este sábado publicará el PRI para la renovación de su dirigencia está amañada y es claro que favorece a Alejandro Moreno.

Ruiz impulsa al interior del PRI una corriente democrática, hasta ahora sin mucho éxito. El ex Gobernador oaxaqueño sostiene que en lugar de que los priistas pasen a la historia como los impulsores de una verdadera renovación, con su entrega a los caprichos de Enrique Peña Nieto terminarán sepultados y sin salvación.

Al igual que José Narro, Ruiz hizo pública una carta en la que también cuestionó el proceder de Claudia Ruiz Massieu, la actual dirigente priista, al afirmar que confiaron en su proceder transparente, pero ahora en los hechos demuestra lo contrario: Afirma que existe un padrón impreciso que permite deducir que se pretenden incluir cientos de miles de afiliaciones hechas a modo, utilizando recursos públicos en muchos casos, lo que ha motivado incluso denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, abultando los registros a partir de padrones de beneficiarios de programas sociales estatales en estados como Campeche, Oaxaca y Coahuila.

Y es que, según Ulises Ruiz, el hecho de incorporar a miles de nuevos afiliados, a través de las prácticas desaseadas de siempre, desajusta la balanza y ésta se inclina en favor de Alejandro Moreno, de quien afirma que no tiene presencia en el país y que por ello teme perder la contienda interna. En los mismos términos se expresó Ivonne Ortega, ex Gobernadora de Yucatán, aspirante a dirigir al PRI.

Todo lo anterior explica, sin lugar a dudas, que el PRI no aprende de sus errores y que quizá sean necesarias mayores sacudidas para que por primera vez sus militantes puedan efectuar un proceso de elección de su dirigente de manera transparente. Si esto ocurre en el PRI, ya ni pensar en lo que ocurre en las gubernaturas que aún mantiene ese partido.

Sin embargo, el pasado siempre los alcanza y pesa como una losa: La justicia ni siquiera resuelve los casos de los exg procesados por narcotráfico y corrupción –escándalos mediáticos que todavía sacuden al PRI– y en su proceso interno echan mano de los mismos vicios que ahora permiten que se les vea como un partido que se bate entre su propia historia de corrupción, desaseo y antidemocracia.

Parece que la dura experiencia no ha dejado ninguna enseñanza:

De nada sirvió que Mario Villanueva Madrid, ex Gobernador de Quintana Roo, haya pasado más de dos décadas preso en México y Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Este personaje fue el primer ex Gobernador encarcelado porque se le acusó de estar coludido con el Cártel de Juárez. Se afirma que su desgracia derivó de un pleito con Ernesto Zedillo porque Villanueva se negó a beneficiar a sus hermanos con obra pública. Después de la ruptura vino la venganza y Villanueva tuvo que huir del país. Ni a la toma de posesión se presentó. Se refugió en Belice, primero, y en Cuba, después, antes de ser detenido.

Tampoco ha calado hondo entre los priistas la caída de Tomás Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas, ahora enjuiciado en Estados Unidos por tráfico de drogas, protección al narcotráfico y enriquecimiento inexplicable. Este hombre que saltó a las ligas criminales, emergió del PRI. Yarrington creó una red de prestanombres que se adjudicaron decenas de propiedades suyas –ranchos y mansiones en México y Estados Unidos– y que sirvieron de enlaces con el narcotráfico, pues a través de ellos recibía los pagos millonarios a cambio de protección.

Tampoco sirvió que Eugenio Hernández, otro ex Gobernador Tamaulipeco, haya sido encarcelado por delitos similares a los que hundieron a Yarringon: Protección al cártel de “Los Zetas” y al tráfico de drogas y de lavado de dinero sucio. Priista de pura sepa, Eugenio hoy está preso en una cárcel de Tamaulipas y probablemente sea extraditado a Estados Unidos, donde una Corte federal lo reclama.

Tampoco significó ningún aprendizaje la experiencia traumática suscitada tras el encarcelamiento de Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo, acusado de todo: de robarse el presupuesto para adquirir buques y hoteles de lujo; de cocainómano y golpeador de periodistas, de tráfico de influencias y de vender el territorio quintanarroense al mejor postor: ahí están las miles de hectáreas de alta plusvalía que vendió hasta en un peso el metro cuadrado y cuyos beneficiados fueron sus amigos, socios y compadres que, posteriormente, se enriquecieron con préstamos bancarios multimillonarios porque los terrenos valían una fortuna por estar ubicados frente al Caribe mexicano.

Nadie parece acordarse en el PRI lo fatídico que resultó la huida y fin de Xavier Duarte de Ochoa, el ex Gobernador de Veracruz, quien enloqueció en el poder junto con su esposa, Karime Macías. Duarte, según dijo en una ocasión el entonces Presidente Enrique Peña Nieto –y lo dijo a boca llena– representaba al nuevo PRI y en esa nueva generación incluyó al ex  mandatario de Quintana Roo, preso todavía, y a César Duarte, el ex Gobernador de Chihuahua, prófugo de la justicia.

Convertido en fugitivo –aunque todo el mundo sabe que vive sin penurias en Texas– César Duarte es otro caso que le debe doler a los priistas más allá de la piel, pero no es así: símbolo de la corrupción, Duarte fue una pieza clave del esquema de saqueo económico en varios estados para el financiamiento de las campañas del PRI. La justicia, se asegura, lo busca pero al mismo tiempo ruega no encontrarlo.

Otro símbolo del nuevo PRI que terminó en prisión y sigue sujeto a proceso judicial es Rodrigo Medina, ex Gobernador de Nuevo León. El ex mandatario logró salir de prisión, pero sigue un juicio en su contra por mal uso de dinero público al otorgar unos tres mil millones de pesos a la armadora KIA Motors que, según la acusación, fueron desviados del erario público.

Ejemplo de la corrupción institucional es el caso de Roberto Sandoval, ex Gobernador de Nayarit, otro de los rostros jóvenes del PRI que terminó favoreciendo al crimen organizado, en particular al Cártel Jalisco Nueva Generación, quien ahora es investigado en Estados Unidos por su escandaloso enriquecimiento. De haber sido un Alcalde de clase media en Tepic, Nayarit, pasó a la opulencia, según él, criando caballos. Pero la historia real sostiene que se metió a brindar protección al narco por eso se catapultó como uno de los hombres más ricos de México.

El ex mandatario recientemente gestionó un amparo para descongelar sus cuentas bancarias, pero en su contra pesa una acusación por enriquecimiento como consecuencia de favorecer al narcotráfico abierta en Estados Unidos, donde también están implicados varios ex colaboradores suyos que son reclamados por la justicia estadunidense.

De nada han servido estas experiencias.

Los hombres del PRI siguen con las mismas prácticas y el respecto a la legalidad no existe ni entre ellos mismos.

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Veracruz: el Poder Judicial, un botín

En Veracruz arrecian los señalamientos en contra de Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, debido a que desoye las denuncias que pesan en contra de jueces y magistrados por presuntos delitos de corrupción.

El ex Alcalde de Coatzacoalcos simplemente desatiende las denuncias, interpuestas ante el Consejo de la Judicatura, pues se trata de aliados suyos, personajes que conforman la cofradía de corrupción y con los que se tuerce la justicia en favor de los hombres del dinero. Y no sólo eso: defiende a sus aliados porque pretende relegirse en la presidencia del TSJ

Los señalamientos en buena medida se centran en su hombre de confianza, Manuel Fernández Olivares, El Pámpano, a quien acusan de ser el enviado de Álvarez Peña para coaccionar a jueces y magistrados para que emitan fallos en beneficio de personajes con los que presuntamente se establecieron arreglos.

Como se sabe, en Veracruz tanto la procuración de justicia como el Poder Judicial están bajo el control de la dupla Álvarez Peña-Miguel Ángel Yunes Linares. A través de Jorge Winckler mantienen bajo su poder la Fiscalía del estado, pese a que en las reuniones de seguridad el propio Fiscal ha sido señalado de proteger a delincuentes, en ríspidos encontronazos con marinos y militares, ocurridos tras los hechos sangrientos de Minatitlán.

El Poder Judicial es un verdadero coto de poder, un botín que la dupla mencionada quiere mantener, por ello, el presidente del Tribunal, Edel Álvarez, ha dicho que busca reelegirse en el cargo para continuar, entre otros proyectos millonarios, con la construcción de las llamadas Ciudades Judiciales, un megaproyecto que construye la familia Ruiz Anitúa, aliados del grupo.

En contra de Edel Álvarez hay fuertes cuestionamientos con respecto a la corrupción en el Poder Judicial desde hace mucho tiempo, pero nada ocurre. Ahora jueces y magistrados que conocen este entramado de corrupción preparan una carta que harán llegar al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga.

La corrupción en el Poder Judicial de Veracruz es un tema público. En 2018, por ejemplo, se documentó que Mario Berlín Mendoza, notario, juez y en ese tiempo aspirante a desempeñarse como magistrado, realizó comilonas, algunos encuentros etílicos con colegas y amistades, así como la renta de habitaciones de lujo que terminó facturando como gastos a sus empresas por un lapso de ocho meses El monto de aquellas diversiones ascendieron a poco más de 79 mil pesos.

De igual forma existen quejas en contra de otros jueces, como Arely Ahumada, jueza de Tuxpan, quien pese a las denuncias sigue en su puesto, inamovible, no obstante que está acusada de actuar en contra de la propia justicia.

Pero lo peor es que ahora se sabe que entre el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y Edel Álvarez Peña se ha sellado un pacto. Se afirma que Álvarez Peña habría vendido el argumento de que su relación con Yunes está deshecha, aunque en todo el estado de Veracruz se sabe que esto no es cierto.

Lo cierto es que tan estrecho está el vínculo entre Cuitláhuac y Edel que la denuncia de juicio político en contra del segundo, promovida en el Congreso por una ONG, de buenas a primeras se desinfló. En la denuncia se aducen presuntos actos de corrupción, desvío de recursos públicos, entre otros, que la Diputada Paola Linares Capitanachi, presidenta de la Comisión Instructora, desechó o bien envío al archivo. No hay argumento que explique el silencio de la legisladora. Se entiende que habría recibido línea de la oficina del Gobernador para no hacer más ruido sobre este tema.

Ahora falta ver qué resultado genera la denuncia que próximamente recibirá AMLO de parte de algunos jueces y magistrados de Veracruz sobre la corrupción de Álvarez Peña en el Poder Judicial.

Monero Brunóf deja la sátira política *No hay garantías de seguridad, dice Premio Nacional de Periodismo


No hay descripción de la foto disponible.*Bruno Ferreira anuncia en su Fan Page que no hay libertad para la caricatura política
*Es pionero en Veracruz del muralismo comercial adherible a gran escala

Por: Jorge A. González

Por Jorge A. González, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

A las 20:00 horas de este miércoles en su Fan Page de Facebook denominada: Brunóf, el caricaturista, pintor y muralista veracruzano Bruno Ferreira anunció que dejará de hacer caricatura política.

El reconocido monero, Premio Nacional de Periodismo en Categoría Caricatura en 2007, escribió que en este momento no existen las condiciones en Veracruz para empuñar su lápiz y dejar volar la sátira política.

“No me parece que existan las condiciones de seguridad en el estado de Veracruz para ejercer a plenitud la sátira política como a mi me gusta practicarla: irreverente, incorrecta, mordaz, burlona, y directa. Y no veo que esto mejore a corto plazo”, detalló.

El creador y pionero en Veracruz del arte mural a mano, ampliado a gran escala en material adherible, fue explícito en su mensaje a sus seguidores vía redes sociales:

“Por lo tanto he decidido dejar de dibujar caricaturas políticas. Agradezco a todos haber compartido mis monos. Agradezco también a quien piensa diferente a mi y me lo hizo saber de manera inteligente”, añadió.

Egresado de la Escuela Municipal de Artes Plásticas, Ferreira Hernández aseguró que no se va del todo del medio : “seguiré publicando el género de ilustración editorial para los dos medios estatales para quienes trabajo”.

En su escrito, mencionó que muy pronto compartirá un proyecto de animación en el que ya trabaja, y recordó a su público: “no olviden ver la vida con humor, nos puede salvar de la locura. Con afecto, Brunóf”.

El artista, reconocido en el extranjero por sus ilustraciones ha trabajado en diversos medios impresos como: El Dictamen, Diario Imagen, Crónica de Xalapa y en medios electrónicos.

Durante su trayectoria obtuvo en 1999 una mención honorifica en el Primer Concurso Nacional de Historieta y Caricatura sobre la lucha contra el uso indebido de las drogas.

Ocho años después se hizo acreedor al Premio Nacional de Periodismo 2007 en la categoría Caricatura y Humor, uno de los ocho géneros seleccionados en México.La imagen puede contener: una o varias personasLa imagen puede contener: 1 persona, barba y gafas

El negocio de la fe


por Ricardo Ravelo

Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

La detención del líder de la asociación religiosa La luz del Mundo, Naasón Merari Joaquín García, ha desatado un escándalo mayúsculo no sólo por las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos –violación, trata de personas y pornografía infantil, según el Fiscal General de California, Xavier Becerra– sino porque este personaje ha servido para promover a partidos políticos y a candidatos a puestos de elección popular aprovechando su liderazgo religioso.

El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por ejemplo, fue uno de los políticos que sostuvo reuniones frecuentes con Joaquín García. A menudo se reunían y Duarte aprovechaba para “purificar” su consciencia. Sólo así podía dormir en paz, aunque no por mucho tiempo, pues fue detenido y acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

Cuando era candidato del PRI al Gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa, actual Diputado federal, también sostuvo reuniones con el hoy acusado. En plena campaña política, Yunes Landa realizó un vuelo desde Tampico, Tamaulipas, a Guadalajara. El motivo: reunirse con el máximo líder de La Luz del Mundo para pedirle apoyo en su campaña, esto es, intervenir ante los fieles de esa iglesia para que votaran por él. El milagro no sucedió: Yunes perdió las elecciones frente a su primo, Miguel Ángel Yunes Linares.

La iglesia La Luz del Mundo fue fundada a principios del siglo pasado. El actual líder de la iglesia es el octavo hijo de Don Samuel y doña Eva García. Naasón es nieto de Eusebio Joaquín González (conocido como el hermano Aarón), fundador de la iglesia el 26 de abril de 1992, en Monterrey, Nuevo León.

En diciembre de ese mismo año, “por voluntad divina”, la iglesia se afincó en Guadalajara, Jalisco. En los años cincuenta la familia fundadora de la iglesia adquirió 15 hectáreas y ahí edificaron la iglesia “Hermosa Provincia”, sede internacional de La Luz del Mundo. En todo este tiempo es una de las iglesias que más ha crecido: cuenta con presencia en 58 países y el patrimonio de este asociación religiosa alcanza los 15 mil templos.

Sus actividades son imparables: Según el vocero de esa iglesia, cada tres meses se realizan 50 mil bautizos, lo que representa un crecimiento internacional de 22 por ciento. Y anualmente feligreses de 58 países realizan visitas a la sede internacional de Guadalajara.

Todo este emporio de la fe fue heredado a Naasón Joaquín García, considerado como “un apóstol de Jesucristo”. Este personaje, actualmente detenido en Los Ángeles, California, tiene una vida incansable: viaja por todo el mundo en calidad de misionero, atendiendo las necesidades de su feligresía, fieles seguidores que creen en él y lo consideran un enviado del cielo, un enviado de Jesucristo.

Sin embargo, para el Fiscal de California, Xavier Becerra, el líder religioso “es un demente”, pues existen acusaciones en su contra por abuso sexual en perjuicio de tres menores de edad.

El Fiscal se refirió al líder de La Luz del Mundo con estas palabras: “Creo que es más que una persona enferma, esto es un demente, cómo más se puede explicar algo como esto”.

Naasón Joaquín García fue detenido en Los Ángeles, California, poco después de desembarcar del avión en el que viajaba. Junto con él fueron arrestadas dos mujeres, consideradas cómplices del líder religioso en el entramado de los abusos sexuales. Ellas son Alondra Ocampo, de 36 años, y Susana Medina Oaxaca, de 24 años. Una tercera mujer, identificada como Azalea Rangel Melendez, fue declarada prófuga de la justicia y, de acuerdo con la Fiscalía de California, forma parte de la red criminal encabezada por Naasón Joaquín García.

El caso alcanzó dimensiones descomunales, sobre todo porque el Fiscal Xavier Becerra fijó una fianza de 25 millones de dólares, la cual posteriormente fue duplicada a 50 millones de dólares, una de las más altas que se hayan impuesto en Estados Unidos en contra un acusado. La razón de tan elevada fianza, según el Fiscal, es porque existe la sospecha de que el líder religioso pueda reunir el dinero, con el apoyo de la feligresía, si se trata de una suma menor, lo que pondría al representante religioso en la calle y con la posibilidad de que pueda llevar su juicio en libertad.

En el caso de las dos mujeres detenidas, la fianza impuesta por el Fiscal es de 25 millones de dólares, en el caso de Alondra Ocampo, y de 5 millones de dólares para Susana Medina.

La forma en que las autoridades estadunidenses pudieron saber sobre  los presuntos abusos sexuales que se le atribuyen el líder de la Luz del Mundo fue relativamente sencilla: se abrió un website para conocer casos de abusos sexuales. La gente comenzó a denunciar muchos casos y, entre ellos, apareció el de Naasón Joaquín, cuyas víctimas lo acusaron de violación y de practicar la pornografía infantil. “Los casos nos parecieron creíbles y sólidos”, dijo el Fiscal Becerra, por ello se procedió a su detención.

La orden de aprehensión ya existía en contra de Naasón Joaquín García cuando se presentó en el Palacio de Bellas Artes para ser homenajeado. Este hecho levantó polémica porque el Gobierno federal autorizó el evento, a todas luces religioso, al que asistieron políticos de distintos partidos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que, en el momento en que se autorizó el evento en Bellas Artes, se desconocía que Naasón Joaquín tenía cuentas pendientes con la justicia estadunidense.

De acuerdo con los datos y evidencias que se conocen, Naasón Joaquín abusó al menos de tres menores de edad, quienes eran obligadas a desnudarse y a tocarse en sus partes íntimas mientras las mujeres detenidas, señaladas como cómplices del líder religioso, las filmaban para luego difundir las imágenes o bien ser usadas para complacer a Joaquín García.

A las menores de edad se les decía que si se negaban a ser filmadas y si se negaban a tocarse sexualmente era un claro rechazo a Dios. Y así, mediante el sometimiento religioso y la amenaza de castigo divino, las menores accedían.

Decía al inicio de este texto que el caso de la detención de Naasón Joaquín García llama la atención porque en la iglesia católica, por ejemplo, existen decenas de casos de abusos sexuales, cometidos por sacerdotes, que siguen impunes.

En su gira por Chile, realizada el año pasado, el Papa Francisco fue blanco se señalamientos por brindar protección a sacerdotes que todavía no son castigados por incurrir en actos de pederastia, para quienes el máximo líder de la iglesia católica pidió que las víctimas los perdonaran, pero impidió que fueran juzgados penalmente por la justicia.

Naasón Joaquín García representa mucho poder político y económico en el mundo. El caso de las tres víctimas, a reserva de que se prueben los delitos, parece muy poco para encarcelar a un líder religioso que, por ahora, sigue preso debido a que sus abogados siguen negociando la reducción de la multimillonaria fianza.

Todo indica que los feligreses estarían dispuestos a juntar la suma. El dinero parece no ser el problema en la iglesia La Luz del Mundo. En el fondo este caso tiene todo un tinte político ahora que Donald Trump busca afanosamente su reelección como Presidente de Estados Unidos, pues como se ha observado trata de llamar la atención con hechos incluso dictatoriales, como el imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si el Gobierno federal no frena la caravana de migrantes que marcha hacia Estados Unidos.

Aquí caben muchas preguntas que, hasta ahora, no tienen respuesta: ¿Por qué las autoridades estadunidenses no proceden en contra de los sacerdotes católicos acusados de pederastia? ¿Acaso existe pacto con la iglesia católica para no tocarlos? ¿Qué intereses afectó Naasón Joaquín García? ¿Será que la iglesia La Luz del Mundo es un factor de poder en el tema político de Estados Unidos? ¿Es la iglesia católica, cada vez más desprestigiada, la que estaría detrás de este golpe para dividir a la Luz del Mundo en su etapa de expansión? ¿Acaso le preocupa al Vaticano el vertiginoso crecimiento de la iglesia la Luz del Mundo?

En el fondo de este caso existe un tema político y/o económico en juego. En todas las iglesias hay abusos y se han cometido violaciones que hasta ahora siguen en el silencio. No hay iglesia donde no existen estos casos y la razón es más que obvia: las iglesias están dirigidas por humanos y no por santos. La sociedad debe entender que ninguna iglesia es el camino para alcanzar la llamada salvación, ésta sólo es posible mediante un verdadero llamado a cuentas respecto de los actos. Sólo cuando el hombre, mediante una largo y fatigoso trabajo interior, expande su consciencia y se pone en paz consigo mismo, ocurre la tan ansiada salvación. Este trabajo es estrictamente personal y para ello no se necesitan líderes religiosos ni iglesias. Para alcanzar la paz interior el hombre tiene que vencerse a sí mismo y desarrollar el máximo crecimiento espiritual posible. Esto, de acuerdo con el conocimiento antiguo –teosófico, esotérico, alquimista, entre otros –sólo es posible cuando hay una suerte de llamado al encuentro consigo mismo. Y ese llamado no es otra cosa más que la consciencia superior a la que el hombre está destinado a encontrar y a encarar en cualquier momento de su existencia.

Las religiones siempre han significado un instrumento de control social, político y económico. Es el negocio de la fe. La ignorancia ha arrastrado a muchos hombres a pagar millones de pesos o de dólares a las iglesias para alcanzar el perdón, líderes religiosos se han enriquecido en el mundo explotando la fe y ejerciendo una vida con doble moral, tal y como ahora la justicia norteamericana parece demostrarlo con la detención de Naasón Joaquín García, el enviado de Dios que, según la Fiscalía de California, violó a tres menores de edad y lucró con la pornografía infantil.

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Del tintero: Acusado de tortura y ahora de ser el espía principal de Miguel Ángel Yunes, ahí sigue, inamovible, el contralmirante Evaristo Cruz Cabañas, quien está a cargo de la Academia de Policía y, entre otras responsabilidades, le asignaron la de nombrar a los principales guardias de seguridad que tienen a su cargo el cuidado de la integridad física del Gobernador Cuitláhuac García y de sus principales colaboradores. Este personaje tiene una estrecha relación con Jaime Téllez Marie –fue su jefe de ayudantes– quien en pleno informe de Miguel Ángel Yunes Márquez sufrió un desmayo. Esto ocurrió el 10 de diciembre de 2017. Más tarde, Cruz Cabañas fue pieza clave del triunfo panista en Veracruz, en cuya etapa hubo secuestros de candidatos de Morena. Parece que la desmemoria es un mal que afecta al Gobierno veracruzano.

Tijuana y Trump


La violencia en la frontera se agudizará y los migrantes serán carne de cañón

por Peniley Ramírez 
por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Era 8 de abril de 2019. Trump visitaba un pedazo de su muro construido en Calexico, California. Hablaba por enésima vez sobre la gran amenaza de la migración de la gente mala.

Me están rogando por el muro en San Diego, porque la gente está entrando, se meten en las casas de la gente, entonces ellos querían un muro en San Diego y luego dijeron que no querían un muro. Ellos sí querían un muro. Hicimos un trabajo extraordinario, frenamos a todos los que querían entrar.

Unos días antes, en una reunión con el sector El Paso de autoridades de seguridad interna y guardia fronteriza, Trump repetía, ante la aprobación de los demás, que el sistema está lleno, no se puede aceptar a nadie más, ni por asilo, ni por inmigración ilegal.

Era el tercer capítulo de una campaña intensa de retórica anticaravanas que volvió a tomar fuerza desde principios de año en las redes sociales de la Casa Blanca, no sólo en la cuenta personal de Trump en Twitter.

El 6 de enero, en una declaración, Trump dijo: Hay criminales que están entrando, traficantes de personas están entrando, drogas están entrando, están pasando cosas de las que ustedes no quisieran ni saber. Esto ha sido así por décadas y no podemos permitirlo más.

Hice una revisión de medio año de esas comunicaciones oficiales. Trump alterna declaraciones duras con halagos a Andrés Manuel López Obrador, tales como este presidente sí está tomando acciones o México lo está haciendo muy bien. Visto desde esta sistematización, parecería el recuento de una relación tóxica, que va y viene entre el amor y el odio, la amenaza y la felicitación. Pero esto no es nuevo, si uno ha hecho una mínima revisión del historial de Trump como empresario y de las autopromovidas estrategias de negociación que históricamente ha utilizado el Grupo Trump para sus compras de bienes raíces o clubes. Es Trump siendo Trump.

Lo importante es qué está pasando del otro lado, qué está sucediendo en Tijuana, una ciudad que está ya identificada por las autoridades mexicanas como una con un crecimiento exponencial de la violencia por la lucha entre los grupos criminales, donde los muertos se acumulan cada semana por decenas y la población flotante se multiplica cada día.

Este fin de semana, la prensa mexicana puso la mira en Tijuana, a propósito del acto religioso-político-patriótico que protagonizó López Obrador. Pero a metros de allí, donde Trump presume el muro, se acumularán aún más, después de los acuerdos de este viernes, los migrantes centroamericanos, cubanos, africanos, asiáticos, que harán lo que sea, incluido pasar aún más drogas y armas de grupos de narcotráfico, con tal de cruzar al otro lado.

Los muertos, otra vez, engrosarán las listas de México, mientras los políticos mexicanos presumen una victoria diplomática, que durará hasta que Trump necesite atizar a su electorado con una nueva amenaza de aranceles.

PENILEYRAMIREZ@UNIVISION.NET

@PENILEYRAMIREZ

El mensaje indescifrable


Militares dicen que su comandante supremo los está mandando a morir

por Peniley Ramírez

 

por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

–Si me aguantaran 500 muertos, yo arreglaba este asunto, rápido, sin tanto ruido.

Cuando el ex miembro del gabinete de Seguridad dijo esto, estaba molesto. Le parecía, como a otros ex funcionarios con quienes hablé esta semana, que resultaba inaceptable, un espectáculo vergonzoso, el video de la caravana de camionetas con carteles del CJNG en Zamora o el desarme de militares en La Huacana.

–Sabemos que muchas fosas las abrieron los verdes, ¿pero qué les vamos a decir? Ellos están poniendo el pellejo.

Yo miraba el vaho sobre la ciudad. Había llovido. La vista se extendía hasta cerros llenos de casas grises en la periferia, que nunca se ven cuando la contaminación domina el paisaje. Allí, como en tantos otros barrios con techos de lámina en México, están los muertos, a los que llevan años buscando en fosas.

Allí también están muchos de los que aprendieron a usar un fusil cuando aún eran vírgenes y se enfrentaron en medio de la noche, unos vestidos de verde y otros de gorra, tenis, pantalones de mezclilla.

Han pasado casi 13 años de horror. La guerra, que fue declarada públicamente, nunca ha llegado a concretarse en un marco legal que regule cómo el Estado mexicano tratará a los muchachos –son miles, muertos y vivos, que no pasan de 29 años– que durante este tiempo han engrosado las filas de un lado y otro.

Los he visto patrullando los pueblos en Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Puebla. Cientos de periodistas han hablado con las víctimas y unos pocos del otro lado –como Daniela Rea y Pablo Ferri lo hicieron espléndidamente en su libro La Tropa– han cuestionado a los militares por qué matan, por qué desaparecen civiles sin averiguar muchas veces quiénes eran ni qué hacían allí.

He hablado con quienes los dirigieron de un lado y de otro. En los últimos días, del lado de los militares se dicen abandonados, decepcionados. Dicen que su Comandante Supremo los está mandando a morir, que es una vergüenza que les celebren públicamente haber cedido ante civiles en La Huacana, que seguirá pasando, que les están dando a los malos permiso de matar.

En el gobierno, me dicen que el Presidente cumple su palabra, frenando la violencia desmedida, combatiendo las raíces, las causas verdaderas.

Nadie parece saber, de un lado ni de otro, qué significa en realidad el mensaje presidencial de callarse y aguantar. Varios ex funcionarios cercanos al Ejército, que hablaron para esta columna, dicen que la división entre grupos criminales se ha duplicado en el último año, que eso no se combate con becas.

En medio, siguen los cargamentos atravesando el país, los muertos acumulándose en las morgues, los militares diciendo que no pueden ser ellos los cobardes, los que se rinden, tratando de descifrar qué quiere su comandante, a quién está respondiendo, qué vendrá.

PENILEYRAMIREZ@UNIVISION.NET

@PENILEYRAMIREZ

Tijuana: Gastélum, en la red de Roberto Sandoval


Los amigos y socios de Sandoval Castañeda son investigados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero. Foto: Cuartoscuro.

por Ricardo Ravalo Galo

Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

La red de corrupción que tejió Roberto Sandoval Castañeda –ex Gobernador de Nayarit– para pactar con el narcotráfico, apropiarse de la obra pública y en la operación de múltiples negocios alcanzó al actual Alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien ahora busca reelegirse en la Presidencia municipal de esa ciudad fronteriza.

Los amigos y socios de Sandoval Castañeda, quienes son investigados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero y por recibir sobornos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, le tocaron la puerta a Gastélum Buenrostro, quien les otorgó millonarios contratos de obra sin licitación de por medio y, a cambio, le habrían entregado medio millón de dólares para su campaña política, según consigna la presa de Tijuana.

De acuerdo con documentos del propio Ayuntamiento de Tijuana –oficio DIR-5001/2018 – el Gobierno de Juan Manuel Gastélum le giró invitación para participar en un contrato de obra a la empresa “Urbanizaciones La Línea, S.A de C.V”, cuyo principal accionista es Luis Arciniega Alvarado, conocido como El Yogui, quien fungió como director General de Construcciones y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas de Nayarit durante el Gobierno de Roberto Sandoval.

De acuerdo con documentos del propio Ayuntamiento de Tijuana –oficio DIR-5001/2018 – el Gobierno de Juan Manuel Gastélum le giró invitación para participar en un contrato de obra a la empresa “Urbanizaciones La Línea, S.A de C.V”. Foto: Especial.

La invitación fue para la “construcción de cubierta en escuela primaria club soroptimista”, ubicada en la colonia CañÓn Salado, en la ciudad de Tijuana, Baja California. El origen de los fondos para financiar la obra se obtuvieron del Proyecto de Desarrollo Regional 2018.

La historia de Arciniega Alvarado es negra por donde se le mire: está acusado de formar parte de una amplia red de corrupción construida por Sandoval Castañeda para hacer negocios con la obra pública gubernamental en Nayarit, por cuyos ilícitos son investigados.

Otros miembros de esa cofradía son Gianni Ramírez, ex Secretario de Obras Públicas;  Juan Ignacio Ávila Ruiz, quien fungió como subsecretario en esa dependencia, y Fred Alberto Aguirre, quien se desempeñó como director de Infraestructura Urbana y Vial.

Este grupo orquestó múltiples fraudes en Nayarit que, hasta la fecha, siguen impunes. Y hay algunas historias que dan cuenta de los excesos de esta pandilla: Apropiados del poder y de la impunidad gracias a su amigo el entonces poderoso Gobernador Roberto Sandoval, estos exfuncionarios sellaron un pacto: hacerse millonarios a costa de la obra y del dinero público. Tan pronto como asumieron sus respectivos cargos comenzaron a constituir empresas constructoras por todas partes y ellos mismos como funcionarios autorizaban los paquetes de obra que luego recibían y firmaban como accionistas de las empresas beneficiadas.

Tan sólido era el pacto de corrupción entre ellos que en 2009 –cuando Sandoval era Alcalde de Tepic –estos empresarios y políticos realizaron un viaje a Israel. Estando frente al río Jordán –ahí donde San Juan Baustista bautizó a Cristo –se quitaron la ropa y se aventaron al afluente. Después del chapuzón y con el agua hasta el ombligo se abrazaron y se juraron lealtad. Así se bautizaron estos pillos que hoy busca la justicia estadunidense.

No es todo: el actual Alcalde de Tijuana –Juan Manuel Gastélum Buenrostro –que actualmente busca reelegirse, también invitó a participar en la obra pública del ayuntamiento tijuanense a otro aliado de Sandoval Castañeda que arrastra acusaciones por fraude y enriquecimiento: Fred Alberto Bernal Aguirre, miembro de la cofradía de políticos y empresarios que desfalcaron al Gobierno de Nayarit.

Bernal Aguirre fue director de Infraestructura Urbana y Vial del Gobierno de Nayarit, aunque también se ocupó de crear múltiples empresas para acaparar la obra pública del Gobierno del estado. De acuerdo con las acusaciones que existen en la Fiscalía General de la República –donde Sandoval Castañeda también es investigado por lavado de dinero y por sus presuntos nexos con el narcotráfico –este grupo utilizó sus cargos públicos para asignar al menos 15 contratos a empresas creadas por ellos mismos y en donde aparecen como socios hermanos, primos y cuñados. Según se calcula, estos exfuncionarios nayaritas ganaron 121 millones 820 mil pesos en la operación de los contratos referidos.

De acuerdo con las investigaciones que hasta ahora se conocen, el método que utilizaron fue el siguiente: constituyeron varias empresas, tantas como fuera posible para asignarles contratos directos; luego, ellos mismos disponían del presupuesto público. Los contratos que beneficiaban a las empresas que fundaron los firmaban con su puño y letra o bien lo hacían otros aliados que formaban parte de la camarilla o hermandad, como también se les conoce.

Algunas de las maniobras de corrupción orquestadas por Fred Alberto Bernal Aguirre en Nayarit están documentadas. Por ejemplo, el 25 de noviembre de 2015, validó con su firma la licitación DGIUV-10918004999-N24-15. Esta se refería a un empedrado sobre el camino de acceso al poblado de Marquesado, municipio de Ahuacatlán, Nayarit.

Algunas de las maniobras de corrupción orquestadas por Fred Alberto Bernal Aguirre en Nayarit están documentadas. Foto: Especial.

Según las investigaciones y datos publicados en el portal Aristegui Noticias, el importe del contrato fue por 761 mil pesos. La validación del contrato corrió a cargo de Bernal Aguirre, quien tomó la decisión de asignarle la obra a Norma Liliana Zamora Romero –su cuñada –quien está casada con el empresario transportista César Ramón Bernal Aguirre, hermano de Fred.

Los exfuncionarios de Nayarit, ahora investigados por actos de corrupción, tráfico de influencias, lavado de dinero, entre otros delitos, presuntamente le otorgaron al Alcalde de Tijuana medio millón de dólares para su campaña. Todo esto, según consignó la presa de Tijuana, aparentemente a cambio de la asignación de contratos millonarios de obra pública, como consta en documentos oficiales.

El panista Gastélum Buenrostro ha desempeñado un gobierno desastroso en Tijuana: la violencia del narcotráfico no disminuye, la ciudad enfrenta un fuerte caos vial y, por si fuera poco, el trasiego de droga, de acuerdo con informes oficiales, opera al amparo de la Policía Municipal.

Pese a sus malas cuentas, Gestélum Buenrostro decidió registrarse ante el órgano electoral para competir por el PAN, su partido, en la contienda política, pues busca reelegirse como munícipe. Sin embargo, de acuerdo con las últimas cifras, el todavía Alcalde tijuanense nada tiene que hacer en la contienda: el candidato de Morena, Arturo González Cruz, le lleva 24 puntos de ventaja a todos sus contrincantes políticos.

En el caso de Gastélum Buenrostro lo que llama la atención son sus presuntos vínculos con una red de exfuncionarios y empresarios del Gobierno de Roberto Sandoval que, como se sabe, son investigados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero.

Tales vínculos encendieron el reflector en Tijuana y en el entorno  político del Alcalde panista. Según las investigaciones estadunidenses, el ex Gobernador Roberto Sandoval –y buena parte de su gabinete –participó en una variedad de actividades de corrupción cuando gobernó el estado de Nayarit.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Sandoval Castañeda recibió dinero del Cártel de Jalisco Nueva Generación a cambio de que los dejaran operar en ese estado. En resumen, Sandoval les vendió la plaza.

En la red de cómplices de Sandoval es mencionado Isidro Avelar Gutiérrez, acusado de haber aceptado sobornos de Los Cuines, otro cártel que estuvo aliado al de Jalisco donde se inició Nemesio Oseguera como gatillero y narcotraficante. Los pagos tenían una razón: favorecer a los miembros de la organización en los procesos judiciales. Edgar Veytia, el ex Fiscal de Nayarit, era el encargado de operar el narcotráfico y de cobrar los favores a los cárteles. Por eso fue detenido y procesado en Estados Unidos.

La acusación del Departamento del Tesoro es categórica:

“Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecieron cruelmente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea dando sobornos a los grupos del narcotráfico o participando en una variedad de actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarán a graves consecuencias.”

No es todo: en México la Fiscalía General de la República también investiga a Roberto Sandoval y a sus excolaboradores, entre otros, a los empresarios que operaron los contratos de obra y que ahora aparecen relacionados, también con temas de obra pública, en el Ayuntamiento de Tijuana.

Se les acusa de enriquecimiento ilícito, por lo que la entonces PGR le aseguró cinco propiedades, entre otras, la fastuosa “Cantera”, de 40 mil metros cuadrados, un fastuoso rancho que, según el ex Gobernador, fue adquirido “con sus ahorros”, argumento que nadie le creyó porque antes de ser Alcalde de Tepic todo el mundo sabía que estaba en quiebra financiera. También le fue asegurada otra propiedad, valuada en varios miles de millones de pesos, ubicada en el fraccionamiento Doctor Leyva Medina.

El ex mandatario también es acusado de malversar fondos del Programa de Seguro Alimentario (Prosa) para favorecer a las personas que votaran por el PRI.

No obstante las acusaciones dentro y fuera de México, Sandoval Castañeda se defiende en los tribunales. Después de que estaba financieramente quebrado ahora argumenta que todos sus bienes los adquirió con la venta de caballos:

“Yo soy ganadero, crío ganado, mi padre me enseño hace muchos años. Yo vendo caballos, “no desvié ni un sólo peso…”

Las investigaciones avanzan en la FGR y en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde son investigados tanto el ex Gobernador Sandoval como sus ex colaboradores.

Lo más grave de todo este embrollo criminal y de corrupción es que la lumbre llegó a Tijuana y ahora los reflectores de la justicia apuntan hacia el Presidente municipal y candidato del PAN a la Presidencia municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

Los 8 mil mexicanos de Raniere


Se alejaron de sus familias, perdieron dinero, negocios; se divorciaron, se aislaron; les tomó años recuperarse

 

por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Era como un club social. Llegaban a ver a quiénes conocían, con quiénes podían hacer negocios. Esta red se extendía a cenas, bodas, o cualquier evento. Una vez adentro, la vida del alumno mutaba en una búsqueda constante de nuevos adeptos, y en la impartición o recepción de interminables asesorías, requisito para ascender en la cadena del culto.

Aunque la clase fuera en Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México, no había forma de olvidar al líder, Keith Raniere, que vivía más 4 mil kilómetros al norte, en Albany, Nueva York. En cada salón de clases, según exalumnos en Ciudad de México, había una retrato suyo y otro de Nancy Salzman, la segunda al mando de la organización NXIVM.

Una semana al año viajaban a Albany para celebrar su cumpleaños. El festejo costaba miles de dólares, pero muchos alumnos lo pagaban, aunque tuvieran que dormir esos días en un sofá, en un sótano o una casa de campaña, a pesar de ser ricos que jamás habían pasado por un sacrificio similar.

Lo hacían, dicen ellos, porque importaba estar y ser visto allí. Cuando él llegaba a una reunión, rodeado por un séquito de mujeres flaquísimas y de aspecto triste, había siempre un asiento central reservado. Allí, al centro de un teatro, está sentado Raniere en un video que transmitimos en Univision Investiga como parte de una extensa investigación sobre NXIVM que hicimos en 2018. Frente a él, Emiliano Salinas mueve la cadera y sonríe ampliamente, alzando las manos hacia su líder. Es apenas uno de los videos públicos en los que expresó admiración. En otros, él y Alejandra González Anaya, dicen que Raniere es brillante y sensible.

Entrevistamos durante meses a miembros de NXIVM en Estados Unidos y ciudades de México. Muy pocos aceptaron hablar en cámara. Tenían, tienen aún, pánico de las consecuencias.

La presencia en NXIVM en especial de Salinas, González Anaya y Rosa Laura Junco, dijeron, significaba una publicidad muy exitosa.

Diego Ruiz Durán, como abogado para ESP México (nombre de la organización NXIVM en este país), nos dijo que llegaron a tener 8,000 alumnos y exalumnos.

Durán aseguró que sus exalumnos estaban felices, pero muchos entrevistados afirmaron lo contrario. La mayoría juraron no saber de la existencia del grupo DOS, donde mujeres eran esclavizadas sexualmente y marcadas, prácticas de las que ESP México y Salinas se han deslindado.

Pero sus vidas, coincidió la mayoría, cambiaron después de NXIVM. Varios dijeron que se alejaron de sus familias, perdieron dinero y negocios, se divorciaron, se aislaron, que les tomó años recuperarse.

Ahora, finalmente, la prensa en México se ha interesado en la cobertura del juicio en Nueva York contra Raniere y la mención de mexicanos, como Salinas, como co-conspirador. Es un buen momento para preguntarnos también qué han vivido esos 8 mil mexicanos.

PENILEYRAMIREZ@UNIVISION.NET

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El espía infiltrado


 

por Ricardo Ravelo Galo

Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y los principales funcionarios de su Gobierno son permanentemente espiados por sus enemigos políticos, entre otros, el ex Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien a través de sus redes y múltiples complicidades logró infiltrar a un personaje que todos los días checa las actividades del mandatario, tiene acceso a las reuniones privadas efectuadas en la Ciudad de México y Puebla y, por si fuera poco, arrastra antecedentes penales por haber sido encarcelado bajo el cargo de tortura.

Su nombre: Evaristo Cruz Cabañas, quien fue designado por el gobernador de Veracruz como director del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (La Academia de Policía) a pesar de que, en el bienio de Yunes Linares, fungió como jefe de ayudantes de Jaime Téllez Marie, ex Secretario de Seguridad Pública, implicado en un escándalo tras haber sido señalado de estar relacionado con el cártel de Los Zetas, acusación que él mismo negó.

La historia de Cruz Cabañas –sucia por donde se le mire– es larga. De acuerdo con la indagatoria 112/2013, fue acusado en el estado de Yucatán de haber incurrido en violación a los derechos humanos de una persona a la que torturó. En estos hechos también resultaron implicados los marinos Ernesto Guevara Alonso, Elpidio Pedro Salas y Ernesto López Monterrosa. La causa penal recayó en el juzgado primero de distrito del estado de Yucatán, a cargo de la juzgadora Margarita Nahuatl Javier.

Tan sólidos resultaron los elementos probatorios que a Cruz Cabañas se le dictó auto de formal prisión por parte del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales.

Sin embargo, el ahora funcionario estatal se defendió, como se esperaba. A través de Adán Patiño Sámano e Isabel Cristina Peralta, sus abogados, obtuvo un amparo que le permitió salir de prisión. El amparo lo otorgó el Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito con sede en Yucatán. Pese al negativo antecedente, el contralmirante Cruz Cabañas fue cobijado por el equipo de Yunes Linares: tan pronto se zafó de la acusación se integró a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz durante el Gobierno de Yunes, donde se convirtió en el hombre de todas las confianzas de Jaime Téllez Marie, entonces Secretario de Seguridad Pública.

Con la habilidad que lo caracteriza, Cruz Cabañas logró pasar como eficaz elemento ante los ojos de Hugo Gutiérrez Maldonado, actual Secretario de Seguridad Pública, quien avaló su nombramiento en la Academia de Policía, donde ahora opera las tareas de espionaje porque es el responsable de recomendar al personal de seguridad y confianza que atiende al Gobernador Cuitláhuac García, a su Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y al propio Gutiérrez Maldonado.

Una fuente consultada en el área de seguridad de Veracruz, que pidió el anonimato, cuenta que Cruz Cabañas mantiene debidamente informado a Yunes Linares y a Téllez Marie de todas las actividades del Gobernador. El infiltrado lo sabe todo: qué hace el Gobernador, con quien se reúne Eric Cisneros, qué temas tratan en las reuniones privadas…

El detallado seguimiento a las tareas del Gobernador García Jiménez y sus principales colaboradores se hizo con mayor puntualidad después de que el Gobierno estatal presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra del ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares por el delito de fraude, peculado y lo que resulte por el contrato de mil 100 millones de pesos que le fue asignado a la empresa “Comtelsat”, propiedad de Manuel Arroyo, propietario del periódico El Financiero.

La denuncia federal también implica a otros funcionarios del Gobierno anterior, entre otros, al ex Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, así como a Juan Carlos Saldaña Morán y Guillermo Moreno Sentiés, responsables de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública. Moreno Sentíes es hijo de Guillermo Moreno Chazarini, quien fungió como Secretario de Finanzas en el bienio de Yunes Linares.

Hay muchas razones para espiar al mandatario veracruzano. La denuncia da cuenta de un descomunal fraude presuntamente cometido por el ex Gobernador panista y sus colaborares, a quienes se acusa de haber pagado mil 100 millones para el suministro e instalación de seis mil 324 videocámaras para reforzar la seguridad pública en el estado que, como se sabe, resultó todo un fiasco debido a la imparable violencia del narcotráfico.

Según los pormenores de la denuncia, sólo se instalaron 6 mil 25 videocámaras y de este total sólo funcionan mil 695, lo que equivale al 28 por ciento de avance. Los ex funcionarios del Gobierno panista aducen que el actual Gobierno ya no permitió instalar el resto de las videocámaras.

Hasta donde se sabe, la denuncia interpuesta en la FGR avanza y se asegura que muy pronto habrá sorpresas. El Gobierno de Cuitláhuac García recurrió al ámbito federal porque en la Fiscalía de esa entidad no hay ninguna posibilidad de proceder en contra de Yunes Linares y sus ex colaboradores, pues el ex mandatario tiene las espaldas cubiertas por el Fiscal Jorge Winckler Ortiz, a quien le debe el cargo.

¿Funcionarios limpios?   

Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, estalló de coraje la semana pasada tras la publicación -en el diario Imagen y en este espacio- de los presuntos vínculos de Manuel Fernández Olivares, “El Pámpano”, con el narcotráfico. Dijo que todos los funcionarios del Tribunal que preside han sido investigados debidamente antes de otorgarles un cargo y avaló su honorabilidad.

El tema se viralizó en esa entidad porque en la averiguación 947/2012/VER/-FIEAFTVS un jefe de Los Zetas, Luis Hernández Lechuga, “El Lucky”, detenido en 2011, lo incriminó al decir que este funcionario formaba parte de la red de ese cártel y que por sus servicios recibía 100 mil pesos en efectivo. En dicha indagatoria también se afirma que, como juez de distrito, Fernández Olivares dejó en libertad, en 2002, al capo Ubaldo Gamboa, “El Uba”, entre otros señalamientos que dan cuenta de las correrías de este personaje cobijado por el Poder Judicial de Veracruz.

La publicación, se asegura, puso en entredicho la honorabilidad de quien hoy se desempeña como secretario de acuerdos de la Sala Constitucional del Poder Judicial. Lo cierto es que el famoso “Pámpano” está muy bien protegido por Edel Álvares Peña: es su padrino de bodas y, además, también nos informan que el funcionario incriminado por Los Zetas presume tener una constancia, presuntamente de no antecedentes penales, por la que habría pagado 20 mil pesos. Así se las gastan en Veracruz y en la justicia de ese estado. Es el reino de la impunidad.

Por inseguridad cerrarían hoteles en Cancún


Por Oscar Efraín  Meza

Por Oscar Meza García, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana (desde Quintana Roo)

Con desconfianza hacia los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad debido a su ineficaz lucha contra las mafias que operan en la entidad, uno de los más importantes hoteleros de Quintana Roo puso sobre la mesa una propuesta que de entrada traería serios problemas a la economía no solo de este importante sector, sino de las miles de familias que dependen directa e indirectamente de la industria sin chimeneas y, por supuesto, a los gobierno estatal, municipal y federal.

Se trata, de acuerdo con su impulsor, Abelardo Vara Rivera del cierre durante un mes de los centros de hospedaje de Cancún que en su conjunto representan unas 35 mil habitaciones de la zona hotelera, la “joya de la corona” del Gobierno Federal por la generación de divisas vía turismo, alrededor de cinco mil millones de dólares anuales, así como importantes recursos por medio del Derecho de no Residente (DNR).

La medida de presión que causaría serios problemas económicos, políticos y sociales en todo el país del ex presidente de la Asociación de Hoteles y Puerto Morelos de Cancún, tiene como único y exclusivo objetivo llamar la atención de los tres niveles de gobierno sobre la gravísima inseguridad que se registra en los principales destinos turísticos de Quintana Roo, entre los que destacan Cancún y Playa del Carmen por el número de hombres y mujeres ejecutadas, y el derecho de piso a prácticamente a toda actividad económica.

Y no es para menos, si tomamos en cuenta que de acuerdo con reportes de inteligencia el alto índice delictivo que se registra en el estado es provocado por la operación de cuando menos siete células de cárteles del narcotráfico asentados en Cancún, mafias internacionales como la rusa y rumana que se dedican a actividades ilícitas cibernéticas, pornografía infantil y trata de personas, así como grupos de cubanos, venezolanos y colombianos dedicados al secuestro de personas y al agio con altísimos intereses.

Pero además de este coctel de organizaciones delictivas, según las fuentes consultadas, el repunte de ejecuciones y extorsiones se debe también a que personeros de Doña Lety, la poderosa zarina de las drogas en el Caribe mexicano que fue detenida hace tres años en una carretera de Puebla, se reagruparon en diversas bandas locales que se dedican al narcomenudeo, a la ejecución de vendedores rivales y al cobro de derecho de piso a pequeños y medianos comerciantes.

En contraste con las organizaciones delictivas que operan a su máxima capacidad, las instituciones de gobierno encargadas de impedir los hechos delictivos de alto impacto y del fuero común -Cancún está por encima de la media nacional en robos a comercios-, parecen no encontrar el hilo que conduzca a evitar la debacle turística de Cancún y Playa del Carmen, donde han sido ejecutadas en lo que va del año a 171 y 88 personas, respectivamente.

Con la puesta en macha del Mando Único en todo el estado, la panacea según el secretario de Seguridad Pública Estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra, el gobernador Carlos Joaquín González se juega todo su resto en esta partida que va perdiendo mientras espera la llegada de la Guardia Nacional, porque hasta el momento ni el establecimiento de la Policía Militar logra contener el crimen.

Otro tema de suma importancia ligado a la operación de bandas criminales que hasta el momento continúa sin resolver la Fiscalía General del Estado, es la construcción de instalaciones especializadas que deben contar con registros óseos y demás órganos y frigoríficos, que permitan la identificación de cuerpos de personas ejecutadas.

Hasta la fecha hay más de 250 cuerpos sin identificar tan solo en Cancún.

Juan Manuel Unanue se quería colgar su estrellita de Salsa Fest


por Felipe Mendiola Parra

 

por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Este jueves dará inicio el Festival de Salsa 2019 y según la cartelera que se dio a conocer con mucha anticipación, el estelar de esta noche será el Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, con todos sus éxitos.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya se descartó y por cuestiones de agenda de trabajo dijo que no podrá estar presente en este importante festival, donde se darán cita los grupos más famosos de distintas partes del continente.
Serán cuatro días de mucho sabor y podríamos pensar que la política debiera estar fuera de este encuentro de músicos y cantantes, pero resulta que el diputado local, Juan Manuel Unanue Abascal anda, a toda velocidad, atribuyéndose este evento que organiza el gobierno del estado y todo porque se quiere hacer promoción en el municipio de Boca del Río.
Se le hizo fácil solicitar a los organizadores que le permitan subir al escenario, tomarse fotos con los grupos musicales, regalarles botellas de toritos y proyectar su imagen, porque quiere ser el próximo alcalde de Boca del Río.
Trascendió entre los organizadores que sus enviados llegaron con muchas ínfulas de autoridad a solicitar permiso para el diputado, para hacer también su show y hacer ver que él está muy bien en esta promoción turística, que realiza la Secretaría de Turismo estatal.
No terminaban de hacer su solicitud cuando los retacharon con los tambores destemplados, para que se fueran por donde vinieron y solo hicieron el ridículo, porque fueron motivo de risas y burlas por la forma como llegaron.
Entonces el despistado diputado tendrá que pagar su mesa VIP si es que quiere disfrutar de ese espectáculo, que por cierto, según el último reporte es que las habitaciones en los hoteles ya están agotadas.
Lo único que provocó Unanue Abascal, fue que se acordaran que él fue uno de los que organizaron del desfile de alcaldes en la Comisión de Vigilancia de la LIV Legislatura, donde se dijo con insistencia que todos los alcaldes que venían con sus cuentas alteradas tuvieron que entrarle con su “cuerno”, para que se les firmaran sus documentos, ese fue un comentario muy sonado pero no existen pruebas porque todo se hizo a puertas cerradas en un edificio de la avenida Orizaba de la ciudad de Xalapa.
Los organizadores se preguntaron si no tendrá sus ahorritos para sacarlos, si es que realmente busca ser el candidato a la alcaldía de Boca del Río, de lo contrario, si todo lo quiere gratis le recordaron que político pobre es un pobre político.
De lo que uno se entera en estas cuestiones de la política, pero si realmente esa es su intención, inició con un mal paso y solo se exhibió ante los organizadores y sus correligionarios, donde seguramente hay otros que también van a buscar esa posición y ahora ya saben a lo que le tiran con este contrincante. Más claro ni el agua.

Las otras fosas


La cifra negra sobre el tema podría triplicar la estimada por las autoridades

por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

En México hay miles de fosas clandestinas sin descubrir. Lo dicen las víctimas, que hacen sus propios cálculos basándose en lo que han investigado o les han dicho los informantes que algunos han podido pagar.

La cifra negra rebasa el tres por uno, cuando hemos tomado muestras de ADN, así van las proporciones, me dice Lucía de los Ángeles, fundadora del Colectivo Solecito, de Veracruz.

Lo dicen, calladamente, los policías, que antes se quejaban de falta de suministros para investigar y ahora de que ni siquiera les dan gasolina para manejar más de 10 kilómetros al día.

Lo dicen para esta columna, pidiendo anonimato, varios exfuncionarios de seguridad que durante casi dos décadas han visto crecer la catástrofe desde los sótanos de las oficinas policiacas.

Hay muchos cuerpos en el límite entre Jalisco y Nayarit, me dice uno, que trabaja con el gobierno actual. Son miles, pero nadie quiere meterse en eso.

No solo es allí, me dice otro, que trabajó durante tres gobiernos en altos puestos de seguridad.

Entre Jalisco y Michoacán hay una cantidad impresionante. A la mitad del sexenio [de Peña Nieto] empezamos a sacar algunos, pero Gobernación nos dijo que ya no le moviéramos. Estas fuentes aseguran que hasta ahora siempre ha primado el cálculo político, lo mal que se ve encontrar muertos y muertos para los que no hay espacio en las morgues, ni dinero para hacer pruebas de ADN.

La información sobre estas fosas, afirman, provenía de datos que los mismos detenidos por otros casos terminaban contando.

Pero el gobierno no buscaba eso, nunca fue un tema central. El gobierno pensaba de nuevo en cuáles lugares había elecciones y era mejor no mover el avispero.

Dos empresarios de seguridad secundan estas versiones. Uno dice que ahora no se están haciendo ese tipo de detenciones, que se están apoyando en los hallazgos de los familiares de las víctimas.

Las fosas de las que menos se ocupará el gobierno son las de esas fronteras, porque es más fácil enterrarlos en el municipio de enfrente, me dice otro funcionario. Tenemos casos muy similares en Guerrero, que es grave, en Tamaulipas, Jalisco y Michoacán, principalmente.

La semana pasada, el gobierno federal anunció los primeros resultados de un esfuerzo para sistematizar los hallazgos de las fosas y cuerpos –con información proporcionada en gran medida por los propios familiares de las víctimas y sus colectivos.

Está elaborando un primer mapa del horror de un país de fosas, que hasta ahora sólo habían contado los colectivos, las comisiones de derechos humanos y los periodistas.

Desde Solecito, piensan que aún está muy corto. Es un mecanismo necesario (aunque bastante horroroso) para poder dimensionar la catástrofe. El discurso, hasta ahora, es que no primarán los tiempos políticos. Los próximos años mostrarán si así sucede.

PENILEYRAMIREZ@UNIVISION.NET

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¡Aguas! Marlon Ramírez viene con toda la energía


por Felipe Mendiola

 

por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

La llegada de Marlon Ramírez Marín a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es una verdadera bocanada de aire fresco para ese Instituto Político, pues después de la derrota nacional que sufrió el 1 de julio del año pasado, muchos suponían que el “dinosaurio estaba agonizando” y ya vemos que no es así.
El modelo que utilizaron esta vez para elegir al dirigente estatal, rompió con los esquemas anteriores, donde se manejaban los conceptos “Usos y Costumbres” o “Asamblea de delegados” y en muchos de los casos, solo era un protocolo que se cumplía, porque de antemano se escuchaba la cargada a favor de un determinado personaje y se elegía en automático, con las porras, matracas, silbatazos de ferrocarril, paliacates y todos contentos.
En esta ocasión la prueba fue superada, se fortaleció la democracia y en la víspera de esa toma de posesión, se hicieron los ajustes necesarios con los líderes de esos grupos que reclamaban sus derechos, de tal forma que la operación cicatriz se fue realizando con un tejido fino, como lo aprendió a hacer el propio dirigente estatal.
Marlon Ramírez no es ningún improvisado, tiene la edad promedio que se necesita para tener fortaleza y aguantar el trabajo físico, pero la formación que logró durante muchos años le permite tener la cabeza fría para la toma de decisiones.
Es observador, no se desespera, guarda la compostura pero nunca olvida su origen y principios que recibió en la ciudad de Veracruz, donde aprendió a ser todo terreno y es por eso que nada lo detiene. Él sabe cómo tratar a la gente de los barrios, de las colonias, a los dirigentes sindicales, a los maestros y a sus iguales, con quienes sabrá llevar un buen trato político.
Los políticos que hoy están encumbrados no debieran confiarse, a que en el año 2021 se volverá a repetir la votación como en el 2018, no, por supuesto que todo está cambiando y como si fuera cíclico, este grupo del PRI se sigue aglutinando en todo el estado y todos llevan un objetivo, ganar las elecciones intermedias para después remontar y prepararse para la grande de 2024.
La bandera de lucha del PRI ya la podemos imaginar, por eso insisto en que ese movimiento será cíclico, ahora serán ellos los que buscarán atraer la atención del electorado y posicionarse como seguramente ya lo están haciendo.
Tal vez Marlon Ramírez retome algunas tradiciones del PRI como la sencillez, el servicio social, la atención al público como premisa elemental y eso es lo que la gente espera de un buen líder, no como se comportaron los anteriores, que se “freseaban” demasiado, no se bajaban de su camioneta y el trato personal se fue alejando, de tal forma que nadie podía hablar con esos cuatro últimos que estuvieron al frente de ese partido político y por eso obtuvieron esos resultados.
Eso también lo sabe el actual presidente del PRI estatal que antes tuvo otros cargos públicos como ex subsecretario de gobierno, ex secretario de Fiscalización del Congreso local, ex secretario de organización de ese Comité Estatal y actual regidor del Ayuntamiento de Veracruz, es parte de esa experiencia que trae consigo.
Que se las va a ver difíciles, sí; que no va a tener el suficiente dinero, sí; pero tiene muchas tablas para enderezar el rumbo de ese barco, que estuvo a punto de zozobrar por el exceso de confianza de los anteriores dirigentes. Más claro ni el agua.

Presunto Zeta, en el Poder Judicial de Veracruz


Ricardo Ravelo
Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Por Ricardo Ravelo

 

 

A pesar de las capturas y asesinatos de muchos de sus miembros, el cártel de Los Zetas no está extinguido. Tiene vida y sus piezas están colocadas en la cúspide del poder, incluso en el Poder Judicial. Foto: Twitter (@edelalvarezp).

El cártel de Los Zetas, que tuvo su expansión en Veracruz con el respaldo político de altos funcionarios estatales, no está extinguido en esa entidad. Algunos de sus más destacados representantes ahora se escudan en las entrañas del Tribunal Superior de Justicia, encabezado por Edel Álvarez Peña, exalcalde de Coatzacoalcos, uno de las demarcaciones que lleva más de una década sumida en la violencia criminal.

Es el caso de Manuel Fernández Olivares, señalado en investigaciones federales como una pieza importante de Los Zetas, quien desde el poder judicial, donde ha fungido como juez de distrito, ha servido a los intereses de esa organización criminal liberando a presuntos delincuentes ligados a ese grupo delictivo.

La historia de Fernández Olivares, conocido en el mundo del hampa como “El Pámpano”, es larga y en ella están entreverados nombres de políticos y abogados que presuntamente se relacionaron con Los Zetas desde hace varios años.

Los expedientes hablan: En el año 2011 fue capturado en Veracruz Luís Hernández Lechuga, El Lucky, cabecilla de Los Zetas en la plaza de Veracruz; meses después, en octubre de 2012, durante la implementación del operativo “Veracruz Seguro”, fueron aprehendidos otros presuntos miembros de ese cártel: Cristopher Fuentes Letelier, “El Chuletón”; Ignacio Valdez Ramírez, “El Chilango” y Gerardo Trejo Cruz, “El Trejo”, quienes formaban parte de la estructura operada por “El Lucky”. La carrera de este sujeto creció con el apoyo de altos funcionarios estatales y de políticos priistas.

Estos criminales fueron interrogados por Pedro Alberto Huesca Barradas, entonces fiscal investigador especializado adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina, desaparecido después presuntamente por el crimen organizado.

En las declaraciones que rindieron –expediente 947/2012/VER-FIEAFTVS –los detenidos incriminaron a Fernández Olivares: afirmaron que era uno de los agentes del Ministerio Público aliados de Los Zetas a quien por sus servicios entonces le pagaban cien mil pesos en efectivo.

Fernández Olivares, “El Pámpano”, según sus antecedentes, empezó su carrera en la procuración de justicia como agente ministerial. Desde entonces se le relacionó en la defensa de presuntos delincuentes, según se afirma en los expedientes consultados. Después saltó al Poder Judicial y ahí sigue, intocable.

Otros anteceden indican que a él se le atribuye la liberación, en el año 2002, del narcotraficante Ubaldo Gamboa Tapia, conocido como “El Uba”, quien fue asesinado en 2004 por sicarios al servicio del capo Albino Quintero Meraz, jefe de la plaza del narcotráfico en el puerto de Veracruz, detenido en 2002 durante un operativo implementado por la PGR y el Ejército.

No es todo: En 2009, un ciudadano denunció a Fernández Olivares por favorecer el desalojo de una vivienda que le fue despojada a sus propietarios por parte de un agente de la policía ministerial que presuntamente estaba relacionado con Los Zetas. Así empezaba a tejerse la historia sucia que, hasta la fecha, carga en su haber Fernández Olivares.

No obstante los señalamientos que pesan en su contra desde hace una década por sus presuntos nexos con el crimen organizado –y que constan en la indagatoria PGR/SIEDO/UEITA/114/2009 –Fernández Olivares ha tenido una carrera meteórica en el Poder Judicial veracruzano: en 2017 fue designado Juez Primero de Primera Instancia en Coatzacoalcos.

En julio de ese mismo año, unos meses después de su nombramiento, fue removido del cargo porque presuntamente protegió a Hernán Martínez Zavaleta, un Zeta conocido como “El Comandante” que, según las investigaciones, era el jefe de la plaza en el sur de Veracruz.A pesar de los señalamientos reiterados que lo relacionan con el narcotráfico, la carrera de “El Pámpano” no se frenó, por el contrario, se encumbró en lo más alto del Poder Judicial tras el arribo de Edel Álvarez Peña como presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado.

Actualmente funge como Secretario de Acuerdos de la Sala Constitucional del Poder Judicial; es asesor jurídico de Álvarez Peña, según se afirma, y con frecuencia se le ve muy cerca del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, en las reuniones de seguridad para la Construcción de la Paz, a las que asiste por recomendación de Edel Álvarez.

Además, tiene acceso a las reuniones privadas y a información sensible, de carácter reservado, donde se discuten los temas de combate a la criminalidad precisamente ahora que la plaza de Veracruz está en abierta disputa entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, respectivamente.

Las investigaciones iniciadas en 2012 –728/2012 –que fueron atraídas por la PGR (actual Fiscalía General de la República) –según se pudo averiguar, no están cerradas, pero extrañamente se han mantenido detenidas durante los últimos nueve años sin que exista desistimiento de los acusadores ni una negativa de ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal.

Y hasta donde se sabe, el caso sigue abierto y forma parte de las pesquisas que aún se siguen en contra de otros personajes veracruzanos que, presuntamente, están relacionados con el cártel de Los Zetas.

Los Zetas se afincaron en Veracruz, particularmente en el sur de esa entidad, en el año 2000, apenas 48 meses después de haber sido fundado. En ese tiempo formaban parte del cártel del Golfo y actuaban como brazo armado. En aquellos años todos sus miembros eran desertores del Ejército Mexicano. Tanto entonces como ahora se caracterizaron por implementar verdaderos baños de sangre en sus intervenciones armadas. A ellos se les atribuye haber puesto de moda la práctica de la decapitación y el descuartizamiento de cadáveres como instrumentos para infundir el terror. Veracruz fue escenario de esa violencia atroz que, por desgracia, todavía prevalece debido a la impunidad que cobija a esos delincuentes.

El cártel del Golfo, bajo el mando de Osiel Cárdenas Guillén, operó en Veracruz desde 1997 y hasta 2003, cuando Osiel fue detenido. De acuerdo con el expediente que da cuenta de la vida criminal de Cárdenas Guillén este personaje –actualmente preso en Estados Unidos –se afincó en el sur de Veracruz y desde ahí operaba el trasiego de droga desde Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Estados Unidos.

Osiel Cárdenas abrió varias casas de seguridad en Coatzacoalcos, uno de sus bastiones, y desde entonces la región sur de ese estado no ha podido regresar a la tranquilidad: El cártel del Golfo, primero, y Los Zetas, después, comenzaron a controlarlo todo: se infiltraron en las filas policiacas, capturaron a las autoridades locales y se relacionaron con políticos de esa región, cuyo respaldo institucional resultó clave para la expansión de esos grupos criminales.

Los Zetas, que se independizaron como cártel en 2003, llegaron a dominar toda la plaza de Veracruz: financiaron a diputados locales y federales, a presidentes municipales y senadores. Actualmente controlan varias alcaldías. En el norte del estado, por ejemplo, tenían un poder descomunal con su representante Francisco Colorado Cessa, “Pancho Colorado”, fallecido el año pasado en una prisión de Texas, donde purgaba una condena de veinte años por lavado de dinero.

El estado de Veracruz es uno de los más sacudidos por la violencia y la imparable ofensiva criminal en buena medida tiene que ver con la operación de criminales que están protegidos por las autoridades. Apenas hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha las operaciones de la Guardia Nacional.

La matanza de Minatitlán –donde varios sicarios ejecutaron a trece personas en una fiesta presuntamente como acto de venganza porque un empresario de bares y cantinas se negó a pagar el derecho de piso –es el más claro ejemplo del poder que ejerce el crimen organizado en Veracruz, particularmente en la zona sur.

Se sabe que uno de los sicarios, identificado como Adrián González, alias “El Pelón”, era trabajador de Petróleos Mexicanos. Tras perpetrar el multihomicidio acudió a las oficinas de Pemex y solicitó una licencia de tres días, sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores. Se sabe, también, que la policía de Minatitlán y de todo ese corredor petrolero protege las actividades criminales tanto de Zetas como de miembros del Cártel de Jalisco, de ahí que puedan actuar impunemente.

El caso de Fernández Olivares es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado se esconde en las instituciones públicas. Y nadie actúa en consecuencia. Ciertos o falsos, las acusaciones en su contra obran en autos y provienen de declaraciones de miembros de Los Zetas que conocieron a este personaje.

A pesar de las capturas y asesinatos de muchos de sus miembros, el cártel de Los Zetas no está extinguido. Tiene vida y sus piezas están colocadas en la cúspide del poder, incluso en el Poder Judicial –donde se imparte la justicia –como lo acredita el caso de Manuel Fernández Olivares, señalado como uno de sus aliados estelares, quien a pesar de los señalamientos y las investigaciones ni siquiera es molestado, por el contrario, sigue escalando posiciones gracias al apoyo de Edel Álvarez Peña, de quien se afirma que es su padrino político.

Yunes y Winkler denunciados ante la FGR


por Felipe Mendiola

por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

La guerra sucia entre los políticos parecía que siempre era mediática, solo para exhibir al contrincante hacían señalamientos y hasta se llegaron a ver ofensas, pero hasta ahí, después el tema se olvidaba y hubo quien comentó que los arreglos se hacían en corto y en lo oscurito, para evitar llegar más al fondo.

El ejemplo de formalizar las acusaciones ante las autoridades correspondientes, lo hizo primero Miguel Ángel Yunes Linares en sus dos años de gobierno. Fue así como metió a la cárcel a muchos ex funcionarios que trabajaron con el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, que por cierto, ahora ya muchos de ellos están en libertad.

Otros ex funcionarios duartistas ni siquiera recibieron el famoso citatorio, tal vez por alguna razón poderosa, pero se evitó que se mencionaran sus nombres y lo cierto es que se fueron del país como para no llamar la atención. Parece que Canadá fue refugio de algunos que fueron señalados de haber metido la mano al cajón, y trascendió que el “vómito negro” los alivió de cualquier situación en que pudieron haber incurrido.

Ahora le platico que pasados cinco meses de haber concluido la anterior administración, el abogado Jorge Reyes Peralta no quitó el dedo del renglón y personalmente esta mañana presentó una formal denuncia, en contra del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares; el Fiscal General del Estado, Jorge Winkler Ortiz; el Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres; Luis Eduardo Coronel y Carlos Alberto Delgado.

El delito que presuntamente cometieron, dice Reyes Peralta, fue la tortura en contra de su cliente, Gilberto Aguirre Garza, ex director de Servicios Periciales, por lo que seguramente se iniciarán las investigaciones correspondientes por parte dela Fiscalía General de la República.

Leí en el Facebook las opiniones de los usuarios de ese sistema de comunicación cuando supieron de esa denuncia, que ya presentó Reyes Peralta, y fueron de lo más variado, pero esas opiniones que son muy respetables, en nada van a influir en la decisión de las autoridades de la FGR, entonces solo es cuestión de esperar para ver cuál va a ser el desenlace de esta triste historia.

Los señores periodistas le preguntaron si esa denuncia tenía algún tinte político, y el reconocido abogado dijo tajante que esas denuncias buscan justicia, “porque hay crímenes de lesa humanidad como la tortura, y está acreditado que en Veracruz operó una organización criminal dos años al mando de Miguel Ángel Yunes Linares y utilizó las instituciones públicas para torturar, arrancar confesiones y fabricar delincuentes”, dijo ante las cámaras y grabadoras antes de presentar esa denuncia que seguramente será histórica.

A muchos nos queda claro que denunciar a Yunes Linares no es cualquier cosa, porque tiene fama de entrón, conoce de leyes y fue gobernador, pero lamentablemente, los tiempos cambiaron y aunque insisten que el poder ejecutivo nada tiene que ver con el judicial, tal vez todo sería más terso si en la campaña de hace un año se hubieran guardado las formas con el entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador. Pero no fue así. Más claro ni el agua.

Los olvidados de Trump


Donaciano trabajó sin papeles en un club y luego volvió a las calles polvosas y desiertas de San Simón Yehualtepec

 por Peniley Ramírez
por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Filiberto Cruz tiene la mirada triste y el andar lento. Su casa en el centro de Puebla son tres habitaciones sin puertas intermedias, donde todo está en su sitio. En su cuarto hay dos camas. La primera, donde dormía con ella. La segunda, más pequeña, donde duerme ahora. No se atreve a recostarse de nuevo en el lecho que compartió durante casi medio siglo con su mujer.

Han pasado siete meses de su muerte y es una hermosa mañana de primavera. Llegamos poco antes de las 9 a grabar la entrevista para Univision. Cuenta por primera vez sobre los 11 años que trabajó como empleado indocumentado en un club de golf de Donald Trump en Nueva York. Explica que llegó sin papeles y ganó siempre menos que sus compañeros que sí tenían.

Habla sin rencor. En su voz hay una tristeza seca, que se ha quedado ya sin lágrimas. Habla de ella cuando dice que come cereal en las noches, café en las mañana, un guisado en la fonda a mediodía, para no cocinar solo. Despierta a las 7, se arregla, limpia todo, se sienta en la sala.

A veces estoy horas aquí sentado, pensando en ella, dice mientras le grabamos barriendo el patio. Aquí vengo a rezarle, anuncia en la entrada de la iglesia. Ella guisaba de todo, advierte cuando le acompañamos al mercado. Ya ve usted, la desgracia que me ha pasado, repite en cámara y se le corta la voz.

Mientras Trump construía en Estados Unidos su discurso contra migrantes indocumentados, mientras vociferaba sobre la construcción del muro, Filiberto se gastaba en México su dinero ahorrado para tratar de salvar a su esposa del cáncer. Y lo hacía, porque durante más de una década la Organización Trump lo empleó sin ninguna prestación, dice, porque era indocumentado. No teníamos seguro, no tenía jubilación, sólo tenía el dinero que me había traído para pasear y disfrutar con ella aquí en mi México.

Donaciano Sedano trabajó sin papeles en el mismo club y luego volvió a las calles polvosas y desiertas de San Simón Yehualtepec. No podíamos reclamar nada. Teníamos demasiado miedo de hablar, me dice.

A unas cuadras de allí, los altavoces del pueblo cantan rezos católicos. Son casi las cuatro de la tarde. Petra Sedano también ha llorado en la entrevista, cuando recordó que no ha visto a su hija Adela en 15 años, que ahora la Organización Trump la despidió y ella a la vez quiere que vuelva, a la vez no. Teme que los bandidos del pueblo crean que traen dinero y les hagan daño.

Terminamos y me dice que me vaya pronto, que no paremos en la carretera, aunque alguien nos dispare o se atraviese, que no frenemos pase lo que pase.

Pocos días después, Trump regresa a su diatriba contra los migrantes, el presidente mexicano repite que es un asunto doméstico, que él respeta. Y yo pienso en los ojos tristes de Filiberto, en la mirada perdida de Petra, en Donaciano, en Clara, en Carlos, en tantos otros con quienes hablamos para contar esas historias y creo que el periodismo también sirve para que ellos existan, para que no sean un número más en la estadística.

PENILEYRAMIREZ@UNIVISION.NET

@PENILEYRAMIREZ

Necesario proteger las abejas, advirtió Albert Einstein


por Felipe Mendiola

por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Hay temas que por la rutina diaria, los minimizamos, tal vez escuchamos un comentario pero hasta ahí; esperamos a que otro tome cartas en el asunto.
Leí el año pasado que en el lugar conocido como Traslasierra en Argentina, se registró la mortandad repentina de 72 millones de abejas, las colmenas se colapsaron y en el campo se veía el tiradero de esos maravillosos insectos.
Los apicultores de esa zona lo primero que demandaron fue que se revisaran los pesticidas que se estaban utilizando y, efectivamente, se encontró que muchos de estos contenían neonicotinoides, substancia que afecta su cerebro y también les afecta el aprendizaje, de tal forma que olvidan las asociaciones para su supervivencia y dejan de alimentarse, por lo que finalmente mueren.
Al físico alemán Albert Einstein le atribuyen una frase, en la que advirtió que al desaparecer las abejas del planeta, el hombre solo podría vivir 4 años porque al menos el 84 por ciento de los cultivos alimenticios son polinizados por las abejas.
Existen otras teorías que dicen que también pueden polinizar los pájaros, los murciélagos, las moscas y el viento, pero la naturaleza tiene su equilibrio con cada una de estas especies, entonces descuidar la existencia de las abejas podría traer consecuencias graves para los futuros habitantes de la tierra.
Independientemente de la polinización, México produce 58 mil toneladas de miel al año, según las estadísticas de 2017; y ocupa el tercer lugar en la exportación de este producto a la Unión Europea, con utilidades superiores a los 90 millones de dólares.
El estado de Veracruz se ubica entre los primeros cinco lugares de los productores de miel con 5 mil toneladas al año, después de Yucatán Campeche, Jalisco y Chiapas.
Una recomendación elemental, es que cuando los agricultores vean la flor de los árboles frutales abierta, eviten el uso de pesticidas, porque estando la flor abierta la abeja se posa y se lleva ese producto, que por más noble que sea, de todos modos las va a afectar.
Con el gobierno de la cuarta transformación, de Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García, también sería muy saludable que se pusieran en práctica programas de apoyo a los apicultores y a los que quisieran participar en estas actividades.
Aunque los Ayuntamientos podrían hacer su labor y fomentar esa actividad que produce beneficios directos.
Por supuesto que es importante también consumir miel, de preferencia de los productores del estado de Veracruz, que existen en diversas regiones, sobre todo por la zona de Nautla, Martínez de la Torre y Álamo, donde hay cultivos de limón y naranja y los azahares de esos árboles le dan otro sabor a la miel. La que se produce en el corredor Coatepec-Huatusco donde se encuentra la flor del café, también es muy sabrosa.
Si no cuidamos las abejas, nosotros mismos nos estamos propiciando una calamidad, que tarde o temprano se podría hacer presente. Más claro ni el agua.

La 4T fuera de Twitter


El Presidente ha construido su carrera como orador desde una visión maniquea

por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Hace un mes, desinstalé Twitter de mi teléfono. Ahora lo reviso un par de veces al día desde mi computadora. El ejercicio parecería un suicidio público en tiempos de periodismo y redes sociales, pero bien vale su efecto: devuelve una percepción de la realidad que no pasa por los algoritmos de internet.

Twitter es una burbuja que genera lo que genera el internet de nuestro tiempo: un círculo vicioso donde los contenidos se ajustan a nuestras búsquedas, de modo que pareciera que toda la realidad gira en nuestro entorno. A juzgar por mi línea de tiempo en Twitter, la realidad mexicana parecería una disputa xenófoba, misógina y casi tribal entre defensores y opositores al nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

En la calle no es así. Existen, claro, una gran desigualdad y la explotación de millones de personas, también grandes privilegios para pocos, pero los vínculos de estos fenómenos con la política son mucho más complejos.

He vivido irregularmente en México desde hace casi dos décadas, de modo que, como muchos compañeros, he cubierto la guerra contra el narco, los escándalos de corrupción, la diferencia abismal de modo de vida entre gobernantes y gobernados.

El nuevo gobierno se ha planteado, en cambio, anteponer el desarrollo regional, la austeridad y las entregas masivas de dinero a través de programas sociales aún no muy regulados, para la población más pobre. Dicho así, suena maravilloso. Pero hay temas que pasan por Twitter y distorsionan toda la percepción que los periodistas estamos teniendo de lo que, considero, son preguntas esenciales a propósito de esas agendas.

El Presidente ha construido buena parte de su carrera como orador desde una explicación maniquea de la realidad. Esto le ha permitido llegar a un amplio público, de todas las clases sociales, que entiende la diferencia entre buenos y malos, pero no se ocupa de los intermedios en los que se basa la mayor parte del trabajo periodístico.

En este momento, el discurso de blanco y negro se ha mudado a estas redes, de modo que una crítica al ahora se contesta con una referencia al pasado (lo que hicieron otros gobiernos, o callaron los periodistas, lo hubieran callado o no).

Un mes después de mi experimento planteo otras preguntas, que no todas pasan por Twitter: ¿Qué hace el Presidente el resto del día, después de su conferencia mañanera, cuando no va a entregar dinero de programas sociales, tiene un encuentro diplomático o la conmemoración de una efeméride? ¿Cómo se deciden los pormenores de los grandes proyectos? ¿Cuáles súper ricos se están beneficiando y a cambio de qué? ¿Cómo están reaccionando las comunidades ante los megaproyectos? ¿Qué está negociando la oposición? ¿Cómo se reacomoda en el país el poder y los territorios de los narcos e imponen la violencia?

En la calle está pasando todo esto. Hablemos también sobre ello.

Por PENILEY RAMÍREZ

Circular…Es evidente la falta de “colmillo” político de los panistas de la nueva generación


Por Jorge A. González
Periodismo Independiente

Por Jorge A. González, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Es evidente la falta de “colmillo” político de los panistas de la nueva generación.
Si fuesen calificados sacarían 5 en la materia de cabildeo y acciones mediáticas.
Quieren crucificar a Cuitláhuac García Jiménez por las patrullas compradas o arrendadas según él.
Pero hay tantos asuntos pendientes, que cualquier oposición madura, con visión, perspectiva e inteligencia, ya le hubiesen montado armado bien el teatrito.
Porque eso es la política según Voltare, que en su aforismo dice: “la política es el arte de mentir”.
Pero a como se ven las cosas, estos panistas creo que en su vida han agarrado un libro, a excepción de los escolares, quiero pensar.

Al ventilarse el tema de las patrullas se le fueron encima al gobernador, y salieron de las sombras: el lejano Senador Julen Rementería del Puerto, también el gris diputado federal Carlos Valenzuela, y ahora el inexperto y fallido coordinador de la bancada del PAN Sergio Hernández.
Tantos padres para una misa nos dice una cosa, que las frutas están tan verdes, que cuando caen al suelo, ya nadie las quiere recoger.
Estos panistas necesitan regresar a la escuelita, y bajarle más a la soberbia y abrir más los oídos, el poder no sólo marea: apendeja.
PD. Ser oposición en política es más fácil que ser gobierno. Ojo, aprendices.

Vicente Fox marchó y olvidó que él también fue presidente


por Felipe Mendiola Parra

por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

La marcha que se llevó a cabo este domingo 5 de mayo, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente tiene muchas vertientes de acuerdo a lo que pude ver en las redes sociales, porque en tanto que algunos presentaban las mejores fotografías, otros mostraban marchas desangeladas, pobres, con muy poca agente.

No se trata de hacer este comentario para encender de nueva cuenta esas pasiones políticas, pero si es necesario dejar una opinión de lo que se pudo ver y exhibir, sobre todo esa exigencia, que en el quinto mes del nuevo gobierno de izquierda, le están reclamando que ofrezca resultados.


El presidente ha sido acusado de muchas cosas, pero todos los días lo vemos en la televisión, en las redes sociales y él trata de ser transparente en cada una de sus acciones.
Acompañado de sus secretarios del gabinete, se presenta a las conferencias de prensa y si un tema es muy técnico lo canaliza con el responsable de esa cuestión.


El triunfo de Andrés Manuel y las acciones que ha emprendido, por supuesto que pisaron y siguen pisando muchos callos, muchos intereses políticos y económicos, entonces todos los días esos enemigos buscan la forma de exhibirlo, restarle personalidad, pero esa campaña negra no ha tenido éxito a pesar de un ejército de bots que utilizan a cada momento.


La libertad de expresión debe respetarse, pero ver ayer entre esas filas al ex presidente Vicente Fox Quezada, es para mi punto de vista muy personal, una verdadera falta de respeto y le voy a decir porque, porque cuando él fue presidente nadie le atacó de esa forma, al menos por parte de los ex presidentes anteriores, mucho menos le hicieron una marcha con declaraciones aberrantes, como si quisiera desestabilizar a un gobierno, es decir, Fox perdió la institucionalidad que requiere ese nivel que hoy tiene, el nivel de ex presidente.


Él fue el primer presidente emanado del Partido Acción Nacional (PAN), después de 71 años que el PRI había permanecido en el poder y eso demostró la democracia que existe en México.
Desde que se conocieron los resultados preliminares de esa votación, aquel 3 de julio del año 2000, el ex presidente Ernesto Zedillo reconoció el triunfo y esa misma noche lo dijo para el asombro de muchos mexicanos.
Transcurrieron los seis años con los aciertos y tropiezos que todos conocemos, pero el señor Vicente Fox concluyó su gestión.


Cinco ex presidentes del PRI como Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari, Miguel De la Madrid Hurt

ado, José López Portillo y Luis Echeverría Álvarez fueron respetuosos, ante la llegada del primer presidente de la república panista.
Tal vez eso ya lo olvidó Vicente Fox, pero muchos mexicanos recordamos que la figura presidencial siempre había sido respetada, porque hacer esos reclamos a los cinco meses, demuestra que esa lucha no es legítima y en favor del pueblo, sino que tiene sus propios intereses. Más claro ni el agua.

Destapan la corrupción en Cobaev


por Felipe Mendiola

por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Solo pasaron cinco meses del nuevo gobierno y se destapó la olla de corrupción de una de las dependencias oficiales, en este caso se trata del Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz (Cobaev), donde encontraron a 214 “aviadores” que mensualmente en conjunto cobraban aproximadamente 5 millones de pesos.
Después del Cobaev sería importante conocer cuántas otras dependencias oficiales tienen esas flotas de la fuerza aérea, que aterrizaban solo los días 15 y 30 de cada mes, de ahí el adjetivo calificativo de “aviadores”.
El primer responsable de esa anomalía es el ex director general del Covaeb, Abel Pérez Arciniega, pero no se puede ignorar la participación que seguramente tuvo el ex secretario de Educación, Enrique Pérez Rodríguez.
La frase “Los carniceros de hoy serán las reses de mañana” pareciera que es cíclica, es que hace unos meses la administración yunista celebraba la detención de los que fueron funcionarios de la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, pero ahora los funcionarios de la administración pasada tendrán que enfrentar todos esos señalamientos.
De esos 214 aviadores, 158 ganaban 28 mil pesos; dos de ellos 30 mil pesos; cinco ganaban 25 mil pesos; 16, 24 mil pesos y 33 ganaban entre 10 y 19 mil pesos.
Así continuaron cobrando hasta que se realizó una profunda investigación y salió a la luz ese fraude, que amparados por sus superiores cobraron esas cantidades que por todo un año ascienden a 100 millones de pesos.
Tal vez la primera medida administrativa será que devuelvan esas cantidades para no tener problemas, porque de lo contrario serán sujetos a severas medidas de acuerdo a lo que establece la ley.
El malestar de los maestros que si cumplen, fue la gota que derramó el vaso, porque reclamaron a las nuevas autoridades ese comportamiento de los “aviadores” hasta que finalmente hoy, en una conferencia de prensa el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García dio a conocer este tema que provocará que en otras oficinas de gobierno se hagan similares denuncias.
En repetidas ocasiones el gobernador Cuitláhuac García ha insistido en el combate a la corrupción y ahora se está ejerciendo ese precepto, que también es la bandera política del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No mentir, no robar y no traicionar es la frase del equipo de Morena y quienes no acaten esa expresión, sencillamente que pongan sus barbas a remojar.

Morelos: “Graco Ramírez irá a la cárcel”


Por Ricardo Ravelo

 

Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

“Un elevado índice de violencia, además de extorsiones, asesinatos, balaceras tanto de día como de noche en bares, cantinas y en la vía pública, ejecuciones a mansalva, robos con violencia, entre otros delitos de alto impacto, es el legado que dejó el ex Gobernador Graco Ramírez en el estado de Morelos”. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro

Las investigaciones por la enorme corrupción que prohijó Graco Ramírez durante su Gobierno ya alcanzaron al menos a una veintena de colaboradores suyos, a quienes se les acusa de malversación de fondos y de ejercicio indebido del servicio público.

El ex mandatario –de quien se asegura que se la pasa entre Cancún y Houston, Texas –ya es investigado por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, actos de corrupción y ejercicio indebido de funciones, entre otros delitos, tanto a nivel estatal como federal.

Y se asegura que irá a la cárcel: “El ex Gobernador no quedará impune, irá a prisión”, sostiene una fuente consultada en el Gobierno de Morelos, quien está a cargo de integrar las múltiples carpetas de investigación cuyo contenido da cuenta de la descomunal corrupción con la que Graco Ramírez gobernó el estado de Morelos.

Su herencia en Morelos es una de las más críticas de que se tenga memoria en el estado:

Un elevado índice de violencia, además de extorsiones, asesinatos, balaceras tanto de día como de noche en bares, cantinas y en la vía pública, ejecuciones a mansalva, robos con violencia, entre otros delitos de alto impacto, es el legado que dejó el ex Gobernador Graco Ramírez en el estado de Morelos.

La gobernabilidad se complica para Cuauhtémoc Blanco debido a que Morelos no respira paz social. En siete meses de Gobierno, los homicidios ya son incontables en la tierra de Emiliano Zapata y cada vez la saña es mayor, pues el crimen organizado lo mismo ejecuta a mujeres en la calle que descuartiza a sus rivales y rafaguea a personas en el interior de un bar hasta donde los sicarios arriban en busca de sus enemigos. No les importa llevarse entre las patas de los caballos a innumerables vidas inocentes.

Y si se trata de la corrupción hay que sorprenderse con las cuentas negras que dejó Graco Ramírez, pues ahora se sabe que más de 95 por ciento de la obra pública se realizó mediante adjudicaciones directas que beneficiaron a familiares, amigos y compadres, en tanto la deuda del estado se elevó a más del 80 por ciento. Lo más grave es que en muchos casos las obras no fueron terminadas, pero sí fueron pagadas en tiempo y forma.

Mientras el Gobernador Blanco se bate entre la violencia y la corrupción heredadas por su antecesor, Graco Ramírez permanece intocable. Se afirma que vive cómodamente en un lujoso espacio en Cancún –bajo la protección de su policía, Alberto Capella, ahora responsable de la seguridad en Quintana Roo, aunque también se asegura que con frecuencia se le ha visto en Houston, Texas, atendiendo sus negocios.

Cuauhtémoc Blanco batallará y mucho para devolverle la tranquilidad a Morelos y este resulta ser un objetivo muy difícil de alcanzar: tras el cierre del sexenio anterior en Morelos operaban siete cárteles, según había reconocido Alberto Capella poco antes de que concluyera el sexenio de Graco Ramírez.

Apenas en febrero de este año, tanto el Gobernador Cuauhtémoc como su jefe de seguridad en el estado, José Antonio Ortiz Guarneros, aceptaron que en la entidad cinco cárteles se disputan a sangre y fuego el negocio del tráfico de drogas.

Se trata –según dijeron las autoridades –de los cárteles “Los Rojos” (Este grupo lo encabeza Santiago Mazari, “El Carrete”) y opera en la región sur del estado; “Grupo Independiente”, su asiento es el municipio de Cuautla; “Cártel de Jalisco Nueva Generación” (CJNG) domina en Cuernavaca; el “Cártel del Golfo” tiene su base en los altos de Morelos; la “Familia Michoacana”, controla el ala oriente; “Guerreros Unidos” y el Cártel del Pacífico Sur.

Todos estos grupos criminales alcanzaron poder durante el Gobierno de Graco Ramírez, pero el capo consentido del entonces gobernador perredista, según la vox pópuli, fue Santiago Mazari, mejor conocido en el mundo del hampa como “El Carrete”, a quien nunca se quiso detener a pesar de que en Morelos todo el mundo sabe en qué municipios se esconde.

El famoso “Carrete” –uno de los hombres más violentos del crimen organizado –está muy bien relacionado con la política: es sobrino del exdiputado Alonso Miranda Gallegos quien, a su vez, es primo de Jorge Miranda, ex Alcalde de Amacuzac, el terruño donde nació el capo y jefe del cártel de Los Rojos.

Si cualquier viajero arriba a Cuernavaca u otro municipio y pregunta por Nazario Mazari de inmediato la gente pregunta: ¿Se refiere usted al “Carrete”? Y enseguida le dicen que lo puede encontrar en Amacuzac o bien en cualquiera de sus escondites: Zacatepec, Jojutla, Puente Ixtla, Miacatlán, Tetecala, Coatlán del Río y Xochitepec.

Santiago Mazari tiene un poder corruptor tan fuerte como su capacidad de generar violencia. Durante el proceso electoral de 2018, por ejemplo, “El Carrete” financió las campañas políticas de al menos once presidentes municipales. Informes de inteligencia sostienen que el capo repartió un millón de pesos por cada candidato. Y con cada uno negoció algo: que le permitieran imponer al jefe de la seguridad del municipio o bien que le otorgaran la obra pública.

Esto explica que Graco Ramírez no gobernó en todo el estado: cogobernó con el crimen organizado. Pero en las mismas circunstancias está Cuauhtémoc Blanco, de ahí el elevado nivel de violencia que ha convertido a Morelos en un campo de batalla del narco.

El narcotráfico en Morelos tiene larga historia. A finales del siglo pasado fue Amado Carrillo el capo de capos. Vivía en una fastuosa hacienda en el municipio de Tetecala, donde lo más imponente es la barda que rodea a la propiedad: mide unos diez metros de alto, sus muros emulan a los monumentos del imperio romano que datan de más de 3 mil años.

Carrillo Fuentes vivió al cobijo de gobernadores, uno de ellos fue Jorge Carrillo Olea, de quien se aseguró era vecino del capo sinaloense. Después arribaron otros personajes de infausta memoria: Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, ejecutado en un lujoso departamento que se ubica frente a la zona militar, entre otros capos de leyenda.

En Morelos no sólo el crimen organizado echó raíces durante el Gobierno de Graco Ramírez: también fue un sexenio que prohijó la corrupción entre familiares, amigos, socios y compadres. Eso sí, le quedó a deber a todo el mundo y siempre argumentó que su Gobierno no tenía dinero para cubrir las deudas. Al cierre de su gestión pagó lo que quiso.

Ante el desastre de su Gobierno –se robaron el dinero a manos llenas, consignan algunas de las acusaciones –Graco Ramírez se blindó: nombró al notario público Uriel Carmona Gándara, su incondicional, como Fiscal General del estado por un periodo de nueve años.

Es claro que Graco Ramírez quiso mantener protegidas sus espaldas y la de sus familiares y seguir impune. Sin embargo, el blindaje no ha impedido que sea investigado a través de la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo con Juan Salazar Núñez, Fiscal anticorrupción del estado de Morelos, el ex Gobernador y al menos 35 colaboradores están bajo investigación tanto en el estado como a nivel federal.

De acuerdo con el funcionario, se investiga al ex mandatario, ex secretarios y otros funcionarios de alto nivel, a quienes ya se les han asegurado inmuebles durante la ejecución de varios cateos realizados en las últimas semanas.

Por ello, la ex Secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina y el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Topilzin Contreras Macbeth, así como otros tres ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez fueron vinculados a proceso por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Fue el juez de primera instancia de Control, Juicio Oral y de Ejecución, Daniel Adán Rodríguez Apac, quien dictó la vinculación a proceso contra los ex funcionarios estatales, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentó pruebas que son consideradas como fehacientes. A ellos se les integró la carpeta de investigación FECC/150/2018-12 que tiene que ver, entre otros presuntos ilícitos, con la construcción de una planta de valorización de residuos sólidos urbanos, ubicada en Jiutepec, por la que se pagaron más de 34 millones de pesos y no fue terminada ni se encuentra activa.

La carpeta referida incluye obras públicas por montos cuantiosos que no fueron licitadas y ahora se sabe que durante el Gobierno de Graco Ramírez más del 95 por ciento de las obras no se concursaron porque presuntamente fueron entregadas a familiares, presuntos socios, amigos y compadres.

Se asegura en el Gobierno de Morelos que se aplicará la ley a quienes hayan incurrido en malversación de fondos y que Graco Ramírez no quedará impune y pagará por sus fechorías.

–¿Procederán en contra del ex Gobernador Graco Ramírez? –se le preguntó a una fuente del Gobierno de Morelos, quien tajante respondió:

–Graco irá a la cárcel

Hipólito Rodríguez Herrero y el posible subejercicio


por Felipe Mendiola Parra

por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

El subejercicio en que ha incurrido el Ayuntamiento de Xalapa, que preside Hipólito Rodríguez Herrero, parece que solo fue noticia de un día, pero en realidad es algo muy serio, porque por ese error se afecta en muchos sentidos el desarrollo de la ciudad capital.
¿Qué es el subejercicio?
La definición dice lo siguiente: Gasto realizado en menor cantidad en relación con el presupuesto original, independientemente de que el pago se realice dentro del año por el cual fue formulado este último, o en el siguiente.
Es decir, aunque ya se tenía el presupuesto autorizado y el recurso también ya se tenía, sencillamente no se aplicó; por lo que ese dinero se tuvo que devolver, en este caso a la federación.
La responsabilidad me queda claro que es del alcalde, pero también tendrá que rendir cuentas la encargada de la Contraloría interna de ese Ayuntamiento, María de la Luz Padilla Díaz y al parecer tienen de plazo hasta este día 30 de abril, para presentarla ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Lo cierto es que en sesiones de cabildo, la tesorera, Clementina Guerrero reconoció que se tuvieron que devolver los recursos a la federación porque no se aplicaron.
Más de 18 millones de pesos de la federación estaban destinados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento a los Municipios y Demarcaciones Territoriales (Fortamund) y para el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).
¿Qué fue lo que pasó?
Les ganó el tiempo, faltó conocimiento, se les olvidó que ahí tenían ese dinero, son muchas preguntas pero solo es cuestión de recorrer las calles del primer cuadro de la ciudad para observar cuanta falta le hace la reparación a esas viejas obras que ya dieron todo y que han pasado muchas administraciones municipales y no las consideraron.
Si usted conduce su automóvil por la avenida Revolución, a la altura del Árbol, tiene que tener mucho cuidado porque las grietas del concreto son enormes y ahí puede dejar una llanta; o lo que es peor, si tiene necesidad de caminar por esa zona puede dejar un zapato o puede sufrir una fractura en el pie o la pierna.
Tal vez esos recursos vengan etiquetados, tal vez no, y pudieron haber sido aplicados en donde más se necesitan, porque problemas en las colonias hay pero muchísimos, eso seguramente lo sabe el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, porque supongo los conoció cuando hizo su campaña política.
Las sanciones podrían aplicarlas las autoridades correspondientes y dejar un precedente, porque de lo contrario esa irresponsabilidad se podría seguir repitiendo.

Los diputados locales deberían revisar el contrato de Odebrecht


por Felipe Mendiola Parra

por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Muchos de los habitantes de la zona conurbada han reclamado el mal servicio del sistema de agua potable que actualmente ahí funciona, que administra el consorcio público-privado “Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento” (Grupo MAS), que obtuvo la licitación internacional para administrar los servicios de agua y saneamiento en dos de los más grandes municipios del estado: Veracruz y Medellín.
En el año 2015 se hicieron muchos comentarios de la forma como llegó esa empresa, porque a pesar de que Veracruz es una de las entidades con los mayores caudales de agua, muchos de sus habitantes no obtienen todavía ese beneficio en sus hogares, pero por si fuera poco, a esos municipios les vinieron a ofrecer ese servicio dos empresas extranjeras, cuando ya existía esa infraestructura.
En junio de 2015 la Policía Federal de Brasil arrestó a los presidentes de Odebrecht y de la constructora Andrade Gutiérrez, por los multimillonarios escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Pues el gobierno mexicano, inhabilitó la semana pasada a la constructora Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, así como a la Constructora Norberto Odebrecth de participar en licitaciones del gobierno.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su discurso del sábado en Minatitlán, dijo que la empresa Odebrecht entró hasta la cocina en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, pero se descubrió que es una empresa corrupta, por lo que ya no podrá continuar participando en más licitaciones.
También dejó en claro que donde ya existan contratos que estos se respeten, de acuerdo a la ley, pero conociendo la situación como se dieron las cosas en la zona conurbada y sin ser arbitrario, sería recomendable que los diputados locales revisaran a fondo que es lo que realmente sucedió, porque recuerdo que uno de los compromisos de esa empresa fue modernizar la red de agua potable y mejorar el alcantarillado.
Sin embargo, los problemas, el agua llega sucia como chocolate y por lo mismo deja de ser potable; en tanto que las inundaciones en algunas zonas de la ciudad de Veracruz se siguen registrando, es decir, no se ve la mejoría en estos tres años que lleva funcionando esa empresa.
Lo peor es el problema social que se presentó cuando dieron de baja a todo el personal que trabajaba en CRAS, cientos de trabajadores y sus familias se vieron perjudicados y todavía hasta hace poco, continuaban en una permanente manifestación exigiendo justicia laboral.
Esta es una buena oportunidad para que los legisladores locales saquen la casta, se sacudan ese cansancio después de las vacaciones y presenten una iniciativa, para evitar que se diga que en Veracruz funciona una empresa corrupta. Digo, sobre todo los morenistas, atendiendo la opinión del presidente de la república.

Ricardo Ahued, respetuoso pero enérgico en su postura


por Felipe Mendiola Parra

 

por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

El Senador de la república, Ricardo Ahued Bardahuil, siempre que ha ocupado un cargo público como alcalde, diputado federal y diputado local ha mostrado su verticalidad, sin poses y sin temor a los detractores.
Ha sido constructivo y honesto en el desempeño de sus cargos, al menos es lo que se comenta en medio de la crítica sociedad en la que vivimos.
En una de sus últimas intervenciones en el Senado, tal vez la más reciente, hizo un llamado respetuoso y al mismo tiempo enérgico, al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se refirió al tema de la inseguridad que vivimos los veracruzanos.
Dijo que ante una situación tan crítica, como la que vive Veracruz, cuando los senadores llaman a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, no los atienden, por eso solicitó llevar a cabo una reunión seria con el titular de esa dependencia, Alfonso Durazo y encontrar las soluciones a ese problema. Incluso dijo que han recibido un trato de desprecio.
Antes de hacer esa petición, hizo un llamado a las senadoras y senadores veracruzanos, para que juntos se presenten, invitó a Índira, Yulen, Gloria y Claudia, es decir, Ricardo Ahued no busca el protagonismo como otros políticos que hemos conocido. Su postura fue muy objetiva.
“No vale la pena echar culpas” advirtió y reiteró en su intervención, que no se va resolver el problema partidizando la seguridad.
No fue grosero, no lanzó exabruptos, por el contrario dijo tener mucha fe en el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, porque a poco más de cien días están haciendo un gran esfuerzo para atender el tema de la inseguridad.
Su postura fue directa, sin adornos y sin tapujos; ese es su papel, esa es su responsabilidad y el comentario viene porque muchos otros políticos ven esa situación y se hacen los desentendidos, olvidan la grave situación de los ciudadanos que les dieron sus votos en las urnas, pero eso sí, disfrutan esas jugosas dietas que reciben mensualmente.
Muchos de esos políticos interesados, no se arriesgan pero ni de broma, mejor esperan que sean otros los que aborden esos temas o que enfrenten a la delincuencia organizada con sus señalamientos e intervenciones.
Por favor diputados locales y federales, pónganse a trabajar en las comisiones que les corresponden, porque hasta hoy nada hemos visto de avances reales.
Ricardo Ahued bardahuil puso el ejemplo del trabajo serio, que todos los veracruzanos esperamos de nuestros legisladores.

La mentira como regla y emblema de la Fundación de los 500 Años de Veracruz: “Develan” un mural que es solo proyecto y aún le falta financiamiento para echarlo a andar.


 

 

Publicado originalmente en: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218794161668392&set=a.4976460332567&type=3&theater

 

Seis meses, el plazo irresponsable


Por Ricardo Ravelo

 

“En seis meses poco, muy poco se puede hacerse en un territorio donde operan catorce organizaciones criminales y no hay prevención de delitos porque más del 80 por ciento de los cuerpos de seguridad de los estados y municipios responden a los intereses del crimen organizado”. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

“En seis meses poco, muy poco se puede hacerse en un territorio donde operan catorce organizaciones criminales y no hay prevención de delitos porque más del 80 por ciento de los cuerpos de seguridad de los estados y municipios responden a los intereses del crimen organizado”. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

El plazo de seis meses para abatir la inseguridad, propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, parece ser más producto de la presión social porque la realidad crítica del país en materia criminal no se puede cambiar mediante un acto de magia. Es –a decir del Secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo –irresponsable decir que en ese lapso cesará la violencia.

Durazo tuvo que corregirle la plana al Presidente durante su comparecencia ante el Senado de la República, el jueves 24, al sostener que no es posible acabar con la inseguridad en seis meses: es un problema crónico e histórico que requerirá tiempo.

En seis meses –dijo –estarán operando los programas sociales, la Guardia Nacional y habrá menos corrupción en los gobiernos estatales, pero este problema se abatirá a largo plazo, quizá, como él dijo, un año antes de que concluya el actual sexenio, en el 2023, cuando la Guardia Nacional esté operando con más de 350 mil elementos en todo el país. Y esto todavía está por verse.

Y es que una cosa es lo que quiera lograr el Presidente, envuelto en su frenesí, y otra muy distinta lo que es posible hacer. Su primera propuesta, la de empezar a pacificar al país en tres años, a mi ver, era más realista y congruente. Pero la regó al afirmar que en seis meses. La prisa por acallar las críticas en su contra lo hizo derrapar ante un problema que resulta ser el más sensible para la sociedad y el más sensible desde el punto de vista político.

En seis meses poco, muy poco se puede hacerse en un territorio donde operan catorce organizaciones criminales y no hay prevención de delitos porque más del 80 por ciento de los cuerpos de seguridad de los estados y municipios responden a los intereses del crimen organizado.

Tampoco es posible conducir al país a la tranquilidad cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) ni siquiera han iniciado las tareas para desmantelar el patrimonio de grupos mafiosos en México ni se han tomado la molestia de iniciar carpetas de investigación –a pesar de las evidencias –para enjuiciar a políticos (alcaldes, diputados, senadores, regidores, empresarios) relacionados con grupos delictivos y con el lavado de dinero, un negocio muy boyante en México, que ha encontrado en este territorio un verdadero oasis de impunidad, un paraíso donde no son molestados.

Hay muchos exgobernadores del PRI y del PAN que durante sus mandatos estuvieron señalados de servir a los intereses de varios cárteles y ahí siguen gozando de su cuantiosa riqueza, mientras la sociedad, como la de Coatzacoalcos y Minatitlán, por ejemplo, padece los embates de los grupos de narcoterroristas que tienen bajo su control la vida, el patrimonio y la voluntad de múltiples familias.

Lo ocurrido en la zona petrolera de Minatitlán es, sin duda, el caso de violencia más horroroso que haya ocurrido en los últimos años en esa zona. Es de un impacto de tal magnitud que sin tapujos puede ser comparado, por el uso de la violencia, con el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa o con la masacre y entierro de indocumentados de San Fernando, Tamaulipas, hechos que aún siguen causando conmoción entre nuestra sociedad.

La masacre de Minatitlán, de acuerdo con los datos que arrojan las investigaciones de la Fiscalía de Veracruz, tiene que ver con el crimen organizado, con el narco y el cobro del llamado derecho de piso. Es un episodio que se repite por todos los rincones de la República mexicana.

De acuerdo con las declaraciones de 18 testigos, los hechos ocurrieron así: Los sicarios irrumpieron en la fiesta. Iban buscando a un personaje apodado “Becky” y/o “Vequerina”, cuyo nombre real es Julio César González Reyna, dueño de dos bares, “La Esquina del Cha-kl” y “La Crudería”. Semanas antes, los delincuentes ya lo habían contactado para venderle protección y el dueño de los bares había aceptado, pero no cumplió con el pago en la fecha acordada. Se le hizo fácil hacerse tonto. De las sumas pactadas aún se ignoran los montos y la temporalidad.

A lo largo de varios días lo siguieron durante sus recorridos. Al parecer hubo dos llamadas de advertencia, a lo que el empresario respondió que estaba en lo dicho y que pagaría. Pero no cumplió.

El día de la fiesta lo siguieron. Hacia las 8:20 de la noche, mediante su red de informantes, los sicarios supieron que “Becky” –un travesti que llevaba algún tiempo dedicado a la venta de alcohol –se encontraba en el convivio. De inmediato lo ubicaron.

Los sicarios –cinco en total que portaban armas de alto poder –irrumpieron en la fiesta y se dirigieron a la mesa donde se encontraba departiendo con amigos.

Según los testimonios, uno de los sicarios le gritó: “Con esto no se juega”. Y enseguida abrió fuego contra la multitud y a corta distancia. Algunos alcanzaron a tirarse al piso, otros fueron perforados por las balas expansivas.

Otros testigos describen al personaje que comenzó a disparar como un sujeto de 1.65 de estatura, pero no aportan mayores detalles de su fisonomía ni de su complexión. A este sicario lo secundaron en disparar sus cuatro cómplices y luego remataron a los muertos con el tiro de gracia, al tiempo que repetían la sentencia de cinco palabras: “Con esto no se juega”.

Las investigaciones del caso continúan. La Fiscalía de Veracruz ha tomado declaración a 18 testigos y se han obtenido videos de las cámaras instaladas tanto en las calles como en tiendas y escuelas, para analizar si captaron alguna imagen que permita dar con los autores de la múltiple ejecución.

La autoridad no parece tener dudas respecto al móvil: fue un ajuste de cuentas. Se sabe que los sicarios podrían ser miembros de Los Zetas o bien del Cártel de Jalisco, según las conjeturas oficiales.

Historia criminal

La zona sur de Veracruz lleva veinte años en crisis de inseguridad. De acuerdo con algunos antecedentes, todo comenzó a finales de los años noventa, cuando Osiel Cárdenas Guillén –entonces poderoso jefe del cártel del Golfo –se afincó en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Desde ahí operaba el tráfico de drogas: introducía cargamentos de cocaína desde Chiapas, cruzaba por Tabasco, Veracruz y luego arribaban a Tamaulipas para desde ahí mover la mercancía a Estados Unidos.

En el puerto de Veracruz Osiel tenía un aliado: Albino Quintero Meraz, exmiembro del cártel de Juárez y vecino de Miguel Alemán Velasco –exgobernador de Veracruz y exsocio de Televisa — en el fraccionamiento Costa de Oro. Aún cuando pertenecían a cárteles antagónicos, ambos movían sus mercancías desde Chiapas, por ese estado entraba a México la droga que provenía de Sudamérica.

En los sexenios que siguieron al de Alemán Velasco en Veracruz se afincaron otros grupos delictivos: Llegaron Los Zetas, temibles de esa época, y sembraron terror en la zona norte del estado: desde Cardel hasta Pánuco, Veracruz, este grupo armado impuso su ley y también financió las campañas políticas de varios alcaldes. En Náutla, por ejemplo, tenían varios aliados relacionados con políticos veracruzanos de altos vuelos.

En Tuxpan el representante de Los Zetas fue Francisco Coloraso Cessa, dueño de la empresa ADT Petroservicios, una de las más boyantes que obtenía contratos para la remediación ecológica. Colorado le pagó la campaña a varios políticos veracruzanos y muchos aún están vigentes en el Congreso.

¿Qué atrajo a las células del narcotráfico para afincarse en el sur de Veracruz?

Esta pregunta tiene respuestas variadas, sobre todo porque esa región por mucho años estuvo quebrada debido a la caída de la producción petrolera, el cierre de la industria petroquímica y la crisis de las refinerías. Algunas respuestas sostienen que en esa región existen varias familias pudientes que amasaron fortuna durante el llamado boom petrolero, impulsaron algunos negocios y continúan en inmejorable posición económica, lo que activó la industria del secuestro.

Otra respuesta apunta al hecho de que la zona es geográficamente atractiva para el crimen organizado: Está en el punto medio entre Chiapas y Tamaulipas, región que también se significa por el tráfico humano, el gran negocio de los indocumentados, que provienen de Centroamérica y que cruzan por Chiapas y Tabasco con el apoyo del crimen organizado, pues éste es uno de los negocios rentables.

El corredor petrolero Minatitlán-Coatzacoalcos y los municipios aledaños están muy conectados por ríos y lagunas. Hacia la parte sur está el Istmo de Tehuantepec, la Sierra de Chinameca, una zona donde se cultiva droga y que ya vivió una masacre en los años ochenta, la famosa matanza de Sánchez Taboada, una demarcación donde había drogas y hasta grupos guerrilleros o narcoguerrilleros, según las versiones de la época.

Al término del sexenio de Fidel Herrera vino el de Javier Duarte, con las consecuencias ya conocidas. Los Zetas mantuvieron su coto de poder en Veracruz y con el arribo de Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura ese cártel no fue extinguido, por el contrario, se mantuvo en algunos bastiones. Con la nueva administración panista en el estado se entronizó el Cártel de Jalisco, que traía proyecto para ocho años, pero fracasó porque el PAN perdió la elección de gobernador. Sin embargo, ambos grupos criminales –Zetas y Cártel de Jalisco –se mantienen disputando el control del estado.

En Veracruz la violencia está totalmente desatada y no existe, por ahora, ningún dique para contenerla. Todavía no se enfriaban los cuerpos de las trece personas ejecutadas en Minatitlán cuando fue asesinada la alcaldesa del municipio de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, al parecer un grupo armado asesinó a tiros.
En el mismo acto también fue asesinado Efrén Zopillastle, su esposo, así como el chofer de ambos. El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Meshua Campos, confirmó los hechos y dijo que un grupo armado, que no identificó, la emboscó.

Y así podemos seguir enumerando hechos de violencia de todo el país. Nada parece detener esta crisis, exacerbada en este nuevo régimen, que descolocó al Presidente López Obrador al arremeter contra los conservadores, la prensa fifi y el neoliberalismo.

El lunes 22, el Presidente ofreció su conferencia mañanera en el zócalo de la ciudad de Veracruz. Ahí le preguntaron sobre el plazo que él consideraba viable para terminar con la violencia y pacificar el país. Es probable que el Presidente haya respondido sin pensar o bien la pregunta lo tomó por sorpresa, no se sabe, pues, lo cierto es que se autoimpuso el plazo de seis meses para dar por terminada esta crisis de inseguridad que enfrenta el país.

Fue sorpresivo el plazo, sobre todo porque hasta el arranque de su Gobierno había dicho que en tres años consideraba que el país podía entrar en etapa de pacificación. Pero la sociedad le ha tomado la palabra al mandatario y en seis meses, sin más ni menos, el problema debe quedar resuelto.

El Presidente considera que en ese lapso los programas sociales deben estar funcionando al cien por ciento, lo mismo que la Guardia Nacional, pero en realidad el diagnóstico de la criminalidad es mucho más grave: En el país operan catorce cárteles y todos están diseminados en el territorio, con buenos apoyos políticos e incluso empresariales (De ahí la urgencia de llevar a cabo el desmantelamiento del patrimonio criminal).

El crimen ha permeado al 85 por ciento de las presidencias municipales del país. A nivel de los municipios, alcaldes, regidores y síndicos tienen ligas con alguna modalidad del crimen organizado. Un ejemplo de ello es el estado de Guerrero. En esa entidad operan 350 células criminales. Sus actividades van desde el tráfico humano, de drogas , extorsiones y secuestros, por decir lo menos. También hay gatilleros a sueldo que por menos de mil pesos asesinan a una persona. Así se barata está la mano de obra.

El crimen también tiene bajo su control el sistema aduanero del país. Hay aduanas como las que se ubican en Tamaulipas, por ejemplo, por donde cruzan armas, drogas y dinero. Recientemente cayó el jefe de la aduana en el aeropuerto de la ciudad de México, pero como ya había arreglos con el crimen y tenía línea de sus jefes, se enojó por el cese y tuvo que despotricar en contra del jefe de operación aduanera, quien hace unos días fue cesado porque, además, se supo que en todas las aduanas estaba colocando a gente aliada para hacer negocios. La lumbre le anda cerca Ricardo Peralta, otro mafioso del sector.

De igual forma el crimen mantiene sus operaciones en puertos y aeropuertos y sus alianzas con las policías y algunos miembros del Ejército Mexicano, con más poder que nunca en esta administración federal.

Ante el plazo propuesto por el Presidente, Las preguntas se imponen: ¿Es viable un plazo de seis meses para desmantelar al crimen? ¿Es prudente el plazo propuesto por el Presidente para conducir al país a la paz sin que haya una estrategia clara en operación? ¿Con qué cártel habría hecho pacto? ¿Sin pacto con la mafia es posible pacificar al país? ¿Es posible pacificar el territorio con programas sociales y la operación de la Guardia Nacional, que se compone de los restos de policías corruptas que fracasaron en el pasado? ¿Acaso no se corre el riesgo de que la gente beneficiada con programas sociales también le tome el dinero al crimen organizado, otro benefactor social? ¿Es la guerra entre AMLO y el crimen para ver quien reparte más dinero y se adhiere más adeptos? ¿Es el plazo de la muerte política de AMLO si no cumple su promesa? ¿Fracasará el Presidente si en seis meses no cumple su promesa?

En su comparencia del jueves 25 ante el Senado, el Secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, consideró irresponsable el plazo de seis meses para abatir la inseguridad del país.

Y expuso sus razones: “No, sería irresponsable asumir que en seis meses va a cesar la violencia. Es un problema estructural. Es un problema crónico. Es un problema histórico. Tenemos que asumirlo con una perspectiva a mediano plazo”.

El funcionario federal reconoció que se desató la violencia en el país, pero aseveró “que la estamos estabilizando para que no continúe la tendencia de incremento en la violencia. Nos va a llevar algún tiempo, pero va a empezar a bajar.

De acuerdo con Durazo, en seis meses estarán operando, eso sí, todos los programas sociales. Esto va a ir mejorando mucho considerablemente en la medida que se vayan consolidando tres acciones: fortalecer los programas sociales, La Guardia Nacional y cero corrupciones en los gobiernos.

En este año la Guardia Nacional empezará sus operaciones con 82 mil elementos, pero se reclutarán 250 mil en el año 2023, un año antes de que concluya el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De la estrategia contra el crimen organizado y el desmantelamiento de la red patrimonial de la mafia, el funcionario nada dijo. No fue materia de su exposición.

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Los 77 muertos del fin de semana santo


El próximo fin de semana, los reporteros estarán, otra vez, contando muertos

por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Se llamaba Santiago. Hace unos meses, posó sentado, sonriente, con unos collares plásticos sobre su pequeño cuerpo redondo. Atrás, unos globos anunciaban con número el año por venir, su segundo año de vida. Este fin de semana, su cuerpo menudo fue ultimado, junto al de otras 12 personas en Minatitlán, Veracruz.

En las últimas horas, las redes sociales en México se dividieron entre la defensa y la petición de renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, después de la masacre que cortó de tajo la vida de 13 personas, en medio de una fiesta en un municipio clave del sur de Veracruz en la ruta de migración del sureste.

Pero Santiago dista de ser la terrible única víctima fatal de los últimos días. Elaboré para esta columna una base de datos con las notas que hallé en prensa sobre asesinatos ocurridos en México entre el viernes 19 y el domingo 21 de abril, cuando la prensa ya se concentraba en la tragedia de Minatitlán y la respuesta gubernamental. No cabe el horror en esta columna. Tampoco puedo decir que sea un horror distinto al que he contado y vivido como periodista en México en los últimos años. El número es menor al que acumulaban algunos fines de semana del año pasado, cuando hice el mismo ejercicio. Fines de semana que no estuvieron como tendencias en la prensa ni en redes sociales. Lo demás, no es un horror distinto. Resumo en estas líneas los principales hallazgos, con cifras que distan de ser oficiales:

Viernes, 19 de abril. 38 asesinatos, incluidos los de Minatitlán. Murieron Lenis y Sergio, de 27 y 30 años, en Michoacán. En Cadereyta, Eliud Jaramillo, de 27, fue asesinado dentro de su casa. En Jacona, el cuerpo de José Salvador, de 19 años, fue encontrado en el camino de una colonia. En Tijuana, la prensa contabilizó 10 asesinados entre la madrugada del jueves y la mañana del viernes. No reseñaron nombres ni edades.

Sábado, 20 de abril. 25 asesinatos. En Apodaca, Samuel Benítez, de 27 años, fue asesinado de dos balazos en el abdomen mientras caminaba en la calle. En Ciudad Valles, asesinaron al muralista Héctor Domínguez en un ataque en su casa donde también arremetieron contra su padre y su hermano. Tampoco las notas contaron quiénes eran los demás.

Domingo, 21 de abril. 14 asesinatos. En Tangancícuaro, Alejandro, tortillero de 47 años, fue ultimado en su negocio. En Comalcalco, Tabasco, mataron a dos mujeres cuando iban en un auto. Hirieron a dos niños, uno de ellos un bebé.

En Huimanguillo, Tabasco, Joaquina, de 39 años, fue asesinada por puñaladas en el estómago y abandonada a la orilla de la carretera. El resto de las notas hablan de números y balas, no de nombres, oficios, edades.

A juzgar por lo que ha sido México en los últimos años, probablemente no sabremos más de estas 77 personas de lo que reseñan estas notas de prensa. El próximo fin de semana, las próximas horas, los reporteros estarán, otra vez, contando muertos.

 

Jorge Winkler hasta hoy dio la cara por el caso Minatitlán


por Felipe Mendiola

por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Es posible que en todo el país, el único Estado disfuncional sea Veracruz, y le explico porque: El Fiscal General del Estado no coincide en criterio con el gobernador constitucional, y ese vaivén finalmente perjudica a todos sus habitantes.

Es importante recordar que nos regimos por un gobierno republicano y que de hecho y derecho, existen tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

El pueblo con su voto elige al ejecutivo y al legislativo; al presidente del Tribunal Superior de justicia lo nombra el pleno de ese mismo poder. El Fiscal General del Estado, Jorge Winkler Ortiz, fue nombrado por los diputados locales el 30 de diciembre de 2016, siendo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y teniendo el Congreso local la mayoría panista.

El nombramiento fue por nueve años, confiando los aplaudidores que el sucesor de Yunes Linares sería su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces el abogado de esa familia podría permanecer sin ningún problema en ese cargo.

El problema es que ahora siendo afín a ese grupo, sencillamente no coincide con la política del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que derrotó en las urnas a Yunes Márquez, entonces el problema es mayor por la descomposición social que se vive en Veracruz, por los asesinatos que se cometen diariamente.

Si existiera una coordinación entre el gobernador y el Fiscal, el compromiso con el pueblo sería mayor y la impartición de justicia se podría observar de manera más eficiente, pero lamentablemente no es así.

Me queda claro que no debieran existir problemas en ninguna actividad humana, pero si se presentan, hay que resolverlos.

Esa masacre de Minatitlán y otros casos, no debieran existir, pero si se cometen esos asesinatos hay que dar con los responsables y esa función está en el ámbito del Fiscal General del Estado, pero el proceso es lento ¿cómo para qué?, como para que el responsable ante la opinión pública siga siendo el gobernador, para que los señalamientos sean contra Cuitláhuac.

Hace falta mejorar las estrategias de la policía estatal y eso nadie lo duda, que se debe redoblar la vigilancia en la zona Sur, todos los entendemos; pero si las detenciones de los delincuentes fueran efectivas, con penas severas y las carpetas estuvieran bien integradas, también lo pensarían los malhechores; pero fíjese usted, transcurrieron tres dís del asesinato de 13 personas en Minatitlán y no se sabe nada de alguna detención.

Jorge Winkler nació en Oaxaca; Cuitláhuac García nació en Veracruz. Eso qué tiene de extraño, usted se preguntará y, bueno, son datos que marcan también el comportamiento más elemental.

Los mal querientes del Fiscal aseguran que este funcionario sigue sosteniendo comunicación con el ex gobernador panista y que además recibe instrucciones, lo cual nadie puede asegurarlo al carecer de pruebas, pero no parece difícil. Y es que Yunes Linares seguramente pretende volver a izar su bandera y mostrar el rosario de quejas de la actual administración en las próximas elecciones, así es que así podrían estarse gestando las cosas.

Mientras tanto, los veracruzanos seguimos a expensas de que se pongan de acuerdo, de que renuncie Winkler Ortiz o que cumpla con sus obligaciones. Lo último que escuché esta mañana es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Winkler no está bien recomendado.

Usted tiene la palabra.

Se perdieron los valores y se acabaron los sentimientos humanos positivos


por Felipe Mendiola

por Felipe Mendiola Parra, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Segaron la vida de 13 personas, incluido un bebé de apenas un año.
Nunca se va a justificar un asesinato, pero en esta masacre no existía odio, no existía rencor, no existían razones de peso para matar a sangre fría a tantos inocentes, que su único pecado fue reunirse en familia para celebrar el cumpleaños de una amiga.
Queda demostrado que en algunas personas se perdieron los valores, se acabaron los sentimientos, eliminaron el amor por un bebé, que es un ser que siempre ha despertado ternura y un sentido natural de protección.
Según las diversas versiones que hoy se escriben, dicen que a pesar de que el padre de esa criatura trató de protegerlo, también le dispararon al rostro mientras que la mamá quedó herida de gravedad.
Fue el Viernes Santo, cuando a las 8 de la noche la noticia corrió como reguero de pólvora, “la onda expansiva” de dolor nos impactó a muchos que conocimos de ese acontecimiento.
Impotencia, dolor, coraje y hasta un sentimiento de culpa sentimos, porque esas personas que dispararon, un día fueron bebés, niños y jóvenes que nadie se preocupó por darles amor, inculcarles principios de respeto y orientarlos por el camino del bien.
Fue una actitud inhumana y alevosa por el hecho de portar un arma, disparar sin ningún recato a otras personas, tal vez hasta conocidas, como si existiera una consigna de hacer daño y provocar que ese impacto de dolor llegue a todos los niveles del gobierno, con la confianza de que no les va a pasar nada.
Usted y yo qué estamos haciendo por nuestra familia, por nuestros hijos y nietos, por mantener el respeto a los mayores, el respeto a toda la gente; por conocer cuáles son las amistades de estos jóvenes y jovencitas, por saber de dónde sacan dinero para comprar un celular de última generación, de donde obtienen dinero para comprar una motocicleta o un automóvil.
Ser omisos y hacernos que no vemos nada es una irresponsabilidad, porque a lo mejor somos cómplices de esa descomposición del tejido social que estamos viviendo, que de no detenerlo, va a acabar con la propia humanidad.
Somos los enemigos de nosotros mismos, hasta ahí estamos llegando.
Los asesinos no tienen respeto ni por su propia vida, van por el mundo buscando la aventura llena de adrenalina. Matar o morir es la definición.
Sé que el día 23 de este mes se llevará a cabo una marcha en la ciudad de Minatitlán, donde participarán miles de ciudadanos, encabezada por los empresarios y qué bueno que exista ese coraje, pero será insuficiente si los responsables de la seguridad y de impartir justicia, no hacen lo propio, para resolver este flagelo que nos asfixia.
Es urgente que las autoridades se pongan de acuerdo y olviden sus diferencias políticas, Veracruz tiene 8 millones de habitantes que esperan una respuesta inmediata y ver la voluntad de quienes están en el gobierno.
Usted y yo, estamos en condiciones de dedicar más tiempo a nuestros hijos y nietos. Olvide otros compromisos sociales, olvide el celular por unos minutos, platiquen juntos, escúchelos y diviértanse interactuando que algo vamos a lograr.

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